La integrante del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, Ana Peláez Narváez, dijo este sábado que, "desgraciadamente, se ha puesto de moda ofertar servicios sexuales a través de trata de mujeres con problemas de salud mental, amputadas o con determinados tipos de discapacidades".
La también Comisionada para los Asuntos de Género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) añadió que, "en tiempos de pandemia y confinamiento, esta organización fue alertada ante situaciones de perdida de trabajo de la familia, que se explotaba sexualmente a discapacitadas en el vecindario o en el entorno de la unidad familiar".
Ana Peláez apuntó que esto sucedía, principalmente, con "mujeres con discapacidades especialmente intelectuales" y ha pedido que la Ley de Violencia Sexual considere este tipo de especificidades, "porque hay que abrirse a otras realidades", mientras ha informado de que hay una de cada cinco mujeres y niñas con discapacidad en el mundo, 2,5 millones en España, y "sus derechos se vulneran constantemente".
Quien representa al Foro Europeo de la Discapacidad en la plataforma del Lobby Europeo de Mujeres, pidió a las autoridades españolas que "pidan perdón e indemnicen" a las mujeres y niñas con discapacidad que han sido esterilizadas, en torno a 600.000, según ha dicho, antes de que se produjera un avance legislativo en este aspecto.
En su intervención, esta activista por los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, invidente de nacimiento, insistió en reclamar de las autoridades españolas "que haya una reparación de las víctimas, porque muchas mujeres con discapacidad, cuando han dado a luz, lo han hecho a través de cesárea y se les ha dejado preparadas para la esterilización".
"España tiene que pedir perdón a las víctimas de esterilizaciones forzadas, la respuesta pasa por asegurar que en la práctica esto ya no se pueda cometer, que se persiga, se condene y se denuncie, porque se sigue haciendo", expuso. Manifestó que quien han sido sometida a esa práctica nociva está expuesta a ser violada y abusada por las personas que la rodean y se les debe dar asistencia de salud mental e indemnizarlas, como se ha hecho en Suecia.
Entre otros problemas que padecen las niñas con discapacidad, a juicio de Ana Peláez, es que "están siendo sometidas a tratamientos para controlar la menstruación, no existe apoyo a la higiene menstrual en los centros de secundaria, cuando tienen dificultades para mantener una higiene menstrual son invitadas a dejar el centro o tratadas para evitar que tengan la menstruación que lo único que produce es poner en riesgo a sufrir violencia sexual".
En cuanto a las mujeres y niñas discapacitadas que llegan de Ucrania, Peláez advirtió que muchas de ellas, "cada vez que llegan a la frontera, caen en redes de trata y explotación", Además, denunció que en los centros de refugiados "no se toman en consideración algunas necesidades, como baños accesibles, aparte de que no existen apoyos para acceder a interpretes en lengua de signos y hay personas que tienen dificultades de tipo intelectual que puede suponer una barrera que es compleja.