Para «velar por la conservación y el uso social de las viviendas» y «recuperar los inmuebles municipales que hayan sido ocupados de manera irregular», el Ayuntamiento implementa un protocolo antiocupas. El procedimiento se aplicará en los cerca de 300 pisos que se encuentran directa o indirectamente bajo su gestión. Y está recogido en el Pla Local d’Habitatge (PLH) 2022-2027, aprobado hace pocos días.
La concejala de Habitatge, Teresa Pallarès, explica al Diari que una de las labores más relevantes que se han llevado a cabo en su concejalía –estrenada este mandato– ha sido la de «ir homogeneizando todas las viviendas que manejamos y todos protocolos» y que «uno de ellos es el de las ocupaciones». Cuando se producía una entrada ilegal en un domicilio, explica, responder a ella «era problemático porque teníamos que ir a mirar quién se encargaba de cada cosa en la particularidad de ese piso en concreto».
Ahora, este procedimiento favorece el «desalojo más rápido cuando se detecta una ocupación» puesto que «tenemos claros los pasos a seguir y qué personas deben activarlos», precisa Pallarès. La edil incide en que «la finalidad es disponer de los pisos para las familias que los necesiten» y detalla que la situación de los ocupas «se analiza siempre previamente para determinar si son o no vulnerables y que tengan sus derechos cubiertos».
Episodio en la Casa dels Mestres
El despliegue ha venido a raíz de un episodio que se dio en la Casa dels Mestres, cuyos inmuebles iniciaron hace meses un proceso de puesta al día para incorporarlos al sistema que aplica Redessa en promociones municipales como las de La Patacada o Mas Bertran.
«Acabábamos de rehabilitar un piso, estaba nuevo, dieron una patada y se metieron dentro», relata Pallarès, que comenta que el protocolo servirá «para que esté todo claro, para que queden definidos los pasos que hay que seguir cuando ocurre esto, tenemos el protocolo y todos los departamentos implicados saben cómo actuar». «Durante las primeras horas hay una acción más rápida y si se interviene en la primera semana suele resultar bastante ágil; pero, si va pasando el tiempo, cada vez es más complicado», valora, y recuerda que «Serveis Socials también tiene un papel».
La gestión municipal abarca ya unas 300 viviendas, entre las 160 titularidad de Redessa, un 50% de la Casa dels Mestres, más de 100 de las Borsa de Lloguer y otras. En ellas viven 587 personas. El protocolo también blindará los pisos de la Borsa de Lloguer, que «quedan cubiertos y el propietario sigue cobrando durante seis meses, así que tenemos medio año para hacer viable el desahucio si se produjera un caso».
En el conjunto de Reus, en pisos privados, con estadísticas de la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), el Pla d’Habitatge refleja 454 viviendas vacías u ocupadas sin título habilitante. De estas, 110 estarían ocupadas ilegalmente, 126 cerradas y habría otras 218 para los que no consta el estado.
La PAH pide más pisos de emergencia y que se abran los de las entidades bancarias
El mismo Pla habla de «presencia de mafias asociadas a las ocupaciones, por ejemplo en el barrio Fortuny», con información extraída del proceso participativo que se llevó a cabo para elaborar el documento y del que formaron parte 63 personas de dentro y fuera del Ayuntamiento. Igualmente menciona, en ese contexto, la «existencia de ocupaciones irregulares» y la percepción de que serían «más de las contabilizadas y en aumento».
Consultada sobre su punto de vista acerca del protocolo contra ocupaciones para los pisos municipales, la portavoz de la PAH en Reus, Sandra Casanova, hace una reflexión. «Las familias vulnerables que no tienen más remedio que ocupar, porque han pasado por todos los protocolos de la administración y no han encontrado una solución porque no hay pisos de emergencia ni se abren los de bancos, lógicamente tienen que tener un techo. La gente no se va a quedar en la calle. La gente seguirá ocupando mientras no haya una solución a todo esto, y eso lo vemos perfectamente normal. ¿Quién quiere estar en la calle?», expresa.
Para la PAH, las necesidades de Reus en vivienda «no han cambiado» en los últimos años. «Mientras el gobierno no se ponga las pilas con un parque de vivienda social, mientras no se aplique en multar a los bancos que cierran los pisos y esta no sea una ciudad libre de desahucios, las ideas quedan en nada», opina Casanova, que destaca que «la gente continúa siendo desahuciada» y «todo es solo papel mojado».
El Pla también recoge el desarrollo de un protocolo de actuación para evitar lanzamientos, especialmente de los más vulnerables
El Pla d’Habitatge también recoge entre las acciones para 2022-2027 el desarrollo de «un protocolo de actuación, de forma coordindada entre los servicios del consistorio implicados, para evitar lanzamientos, especialmente de las personas más vulnerables, que contemple acciones de información y asesoría personalizadas para las familias con problemas de pago de préstamos hipotecarios o del alquiler, así como la intermediación con las entidades financieras para evitar la pérdida de la vivienda».
Inmuebles más amplios y ayudas
Acceso, permanencia, rehabilitación y recursos son los cuatro ejes del Pla Local d’Habitatge 2022-2027, que quiere dar un giro a las políticas municipales de vivienda en Reus para los próximos cinco años y se articula en 29 acciones.
Cuatro de ellas se orientarán a añadir 300 pisos asequibles más a la oferta municipal, aunque «no es suficiente y es cierto que falta vivienda, y por eso el Pla está vivo», dice la concejala. Hasta 30 se obtendrán por compra, 60 vendrán con La Hispània, otros 130 surgirán de una promoción a levantar en Mas Iglesias y 80 resultarán de una ampliación de la cantidad de viviendas en la Borsa de Mediació per al Lloguer.
La concejala Pallarès destaca, además, que uno de los retos que deberá afrontar la ciudad en el horizonte cercano es el de generar pisos más grandes, ya que actualmente hay un importante volumen para familias de uno o dos miembros. «Hay que garantizar el acceso a la vivienda para todos y cada año estamos dando entre 2,5 y 3 millones de euros de ayudas para que la gente mantenga la casa donde vive», apunta, cosa que revertiría en «unas 1.500 o 2.000 familias».
La Oficina d’Habitatge potenciará sus funciones y la Borsa de Lloguer asequible trata de atraer a nuevos propietarios que alquilen sus viviendas. Por otro lado, «tenemos unas 40 viviendas de entidades bancarias en jaque, entre alegaciones», para abrirlas.
«Transformación de kilómetro cero» en Sant Josep Obrer
«En Sant Josep Obrer hay dos solares que son de equipamientos pero en los que se puede construir vivienda dotacional, por ejemplo, para estudiantes. De hecho, existe el proyecto. Podrían caber allí más de 50 pisos de este tipo», explica la concejala de Habitatge, Teresa Pallarès.
Y dice que «veo que ese es un barrio que necesita una transformación de kilómetro cero». «Delante mismo tenemos facultades y estará la de Medicina, es un espacio junto a un despliegue enorme hacia el sur. A continuación del Hospital, queda toda una zona que tendrá un desarrollo residencial y comercial brutal», señala Pallarès que insiste en que «pensando en el Reus del futuro, hay que transformar Mas Pellicer y Sant Josep Obrer».