Los terrenos encajados entre la avenida de Marià Fortuny, la carretera de Montblanc, el Camí de Valls y la riera de la Abeurada cambiarán sus usos para albergar viviendas, comercio y zonas verdes. Los accesos a la ciudad se mejorarán con la urbanización y ampliación de la carretera de Montblanc y el Camí de Valls, y la riera se canalizará mediante una pasarela para peatones que enlace con el área industrial.
Así lo especifica la modificación puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) del sector E.2 Camí de Valls que el pleno aprobó ayer con el «no» de la CUP y la abstención del PSC, Cs y el concejal no adscrito Raúl Meléndez. Se trata del inicio de la tramitación.
El sector ocupa 49.203 metros cuadrados. Permitirá la construcción de 432 pisos y la mitad serán protegidos. El techo no residencial crece en 2.450 metros para destinarlo al aparcamiento de coches de un establecimiento comercial que se situaría encima de este. El resto de la isla es para comercio en planta baja y vivienda, con una altura máxima de planta baja más seis.
La concejala de Urbanisme, Marina Berasategui, explicó que «la gasolinera al norte de donde se desplegará la zona verde se suprimirá». Y se limitará esta actividad en el ámbito hasta el 31 de diciembre de 2040. El aparcamiento disuasorio va fuera pero el gobierno indica que «se buscará una alternativa».
La modificación estuvo expuesta en Reus Participa y recibió dos peticiones de la ciudadanía: construir un auditorio vinculado a un parque y generar un paseo con arbolado.
La CUP, a través de la concejala Mònica Pàmies, criticó duramente el planteamiento, contra el que alegará. «No nos gusta nada», afirmó Pàmies, porque «tenemos allí una escuela y un instituto y debería haber una amplia zona verde que, en este proyecto, se convierte en bloques».
«El parking disuasorio que ahora había desaparece y no estamos de acuerdo», añadió, y lamentó que «el hecho de que se prevea un centro comercial generará mucho más tráfico al lado de una escuela y repite el modelo que perjudica al pequeño comercio». «Son bloques de pisos de seis y siete plantas y hay un informe de servitudes aeronáuticas que limita la altura; y están cerca de un polígono sin limitación de usos, serán monstruos al lado de las casas de Xalets Quintana y perdemos la ocasión de crear un pulmón», denunció.
Un nuevo Pla d‘Habitatge
También prosperó, en el mismo pleno, el Pla Local d’Habitatge 2022-2027, cuyo contenido expuso superficialmente el gobierno el martes. La concejala de Habitatge, Teresa Pallarès, recordó que los objetivos son «garantizar el acceso a la vivienda, prevenir su pérdida, la rehabilitación y mejora del parque, y la reestructuración de los recursos humanos y económicos para estas políticas».
El Pla prevé 300 nuevas viviendas asequibles antes de 2027 y arranca con una dotación de 2,1 millones de euros para el primer año.
Desde el PSC, la concejala Carmina Pozuelo señaló que «las políticas de vivienda en los últimos años han brillado por su ausencia». Pidió «aportar tranquilidad a los propietarios que ponen sus pisos en la Borsa de Lloguer y que el Ayuntamiento tenga un seguro para cubrir impagos y se haga cargo en caso de denuncia».
Y apuntó que «la solución para las familias nunca puede ser una pensión, hay que desarrollar alternativas dignas». Llamó a «acabar con las infraviviendas y los pisos patera» y «cuidar la accesibilidad». El cupaire Edgar Fernández reclamó un pleno monográfico de políticas sociales, señaló que «17.000 hogares en la ciudad tienen deficiencias energéticas» y cuestionó las cifras de pisos de grandes tenedores. Meléndez pidió mejoras en las ayudas de reforma.
Aprobado el presupuesto de 2023
La aprobación definitiva del presupuesto general de 2023 –con 195.366.630 euros y que entrará en vigor el 1 de enero–, se consumó pese a una alegación de Cs, que apuntaba falta de detalle en el anexo de beneficios fiscales y ausencia del de inversiones. La concejala de Hisenda, Mariluz Caballero, defendió la corrección de todo y acabó expresando, antes las reclamaciones de Débora García (Cs), que «me he llegado a preguntar si no me explico o usted no me escucha y, ya en el último presupuesto del mandato, me decanto por lo segundo».
La Junta de Portaveus aprobó una declaración institucional de apoyo al Hard Rock como «proyecto estratégico para el territorio», pese al posicionamiento en contra de la CUP.