Entidades de diferentes naturalezas, agrupaciones activistas, educativas y sociales solicitaron este miércoles 17 de mayo por la mañana, a la dirección y gerencia del Hospital Universitari Sant Joan, la continuidad del Servei d’Addiccions i Salut Mental que vertebra el modelo del Pla d’accions sobre drogues de Reus, que describieron como «referente y pionero» en el territorio, en el campo asistencial y comunitario. La justificación del despido de la doctora Tre Borràs este pasado marzo –el desencadenante de la alarma social del colectivo que defiende el modelo–, fue otra de las preguntas formuladas, una vez más, al recinto hospitalario, desde el que han preferido no pronunciarse por el momento. La campaña de recogida de apoyos para que no haya cambios en el plan, puesta en marcha hace un poco más de un mes para evitar cambios en el servicio de adicciones, «ya lleva más de 2.000 firmas».
Una cifra que, según detalló el doctor en Historia y especializado en Antropología Médica de la Medical Anthropology Research Centre (MARC) de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Oriol Romaní, «al desglosarlo, nos topamos con una gran diversidad de entidades, especializadas o no en el campo de las adicciones; eso nos demuestra la interdisciplinariedad del servicio que se realiza en Reus».
Por su parte, la doctora y psicoterapeuta Tre Borràs, al frente hasta este pasado marzo del servicio de adicciones, repasó todo lo que hacen desde el mismo y los cambios, aparte de su destitución, que se han producido en el equipo humano: «Nosotros no pedimos mi restitución como directora del servicio, sino que si se hacen cambios y hay bajas en la plantilla, que se cubran, porque desde mi destitución se han perdido dos médicos y solo quedamos dos médicos de los cuatro iniciales, pedimos decisiones coherentes, porque la demanda sigue ahí». Borràs también destacó que menos efectivos en el servicio mermarán la calidad del servicio, «tendremos menos tiempo para prestarlo y habrá otro tipo de respuestas, que se derivarán en recetar fármacos». «La red que da respuesta a los problemas de salud mental es pobre y hay mucha gente en listas de espera», añadió la doctora.
La comparecencia acogió otras personalidades de otros grupos del campo médico y de la prevención en las adicciones, entre otras características. Aura Roig, del proyecto Metzineres, expuso que hacer peligrar un servicio como el que nos ocupa, «podría derivar a la cronificación de muchos problemas de adicción en la ciudad, hablamos de un servicio único, ejemplar y holístico que atiende a las personas teniendo en cuenta sus circunstancias». El presidente de Associació Reus Som Útils (ARSU), Joaquim Gómez, dijo a su vez que «a nosotros nos preocupa que el servicio esté cambiando, afecta al corazón de la asociación, todo va conjunto con La Illeta, afecta a la salud de las personas atendidas, así como a su integración, nos sentimos perdidos, que el servicio pierda gente trabajadora, dará lugar que haya gente más dopada y, económicamente, habrá más gasto para la administración, la población sin duda perderá un servicio de éxito».
Por otro lado, la doctora Anna Lafuerza, también presente en la rueda de prensa de ayer y jubilada desde tan solo tres meses, manifestó que «estuve en el comité de ética asistencial del hospital y hemos luchado desde siempre para que este sea un referente y sé que Borràs no es la única afectada, la dirección ha echado otros médicos y catedráticos, realmente estoy decepcionada por cómo se están llevando a cabo las cosas». Lafuerza recordó la labor de prevención del servicio de adicciones y que «deberíamos velar por el derecho a la salud, por la mayor eficacia y eficiencia». «La medicina tiene que llegar a todo el mundo, no nos hemos de quedar tan solo con la medicación y la intervención, hay que trabajar de forma transversal, en la prevención y el aspecto más social de la salud», declaró la doctora.
En representación de la organización ICEERS, Constanza Sánchez, aportó que el Pla d’accions sobre drogues de Reus ha significado para muchas entidades un ejemplo a seguir, lo fue para la organización a la que representa: «La doctora Borràs ha sido una mentora para construir nuestro discurso alrededor de desmontar el fenómeno de la adicción a las drogas, con nuestro proyecto ibogaína; observamos que, a pesar de lo conseguido, viramos hacia un contexto de profunda individualización con medida neoliberales».
También del MARC-URV, Elisa Alegre, añadió que la demanda del servicio existe y está demostrado «que es efectivo con los usuarios, se debería de apostar por la red desde la administración pública». Jose Afuera, de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas de España (ConFAC), habló del servicio de adicciones como uno «referente» y exigió que el hospital «rectifique en esta decisión desacertada, tenéis nuestro apoyo».
El pleno de este mes acogió una protesta de personal técnico y usuarios del Centre d’Activitats i d’Acollida La Illeta, que exigieron saber la causa de la destitución de la directora del Servei d’Addiccions i Salut Mental del Hospital, la doctora Borràs, y de si eso haría peligrar la calidad del servicio. Se mostraron preocupados por lo que eso podría suponer para el servicio y el futuro de La Illeta. Los gritos y las interrupciones de los manifestantes al concejal de Salut i Ciutadania, Òscar Subirats, que abordaba el tema a propósito de una pregunta de PSC y CUP, obligaron al alcalde Pellicer, a dar por concluida la sesión. Subirats garantizó que, «en ningún caso, se produciría la desaparición» del servicio.
