Las ocho familias de los usuarios que permanecen en la residencia de gente mayor, conocida popularmente como ICASS, en la avenida del Segle XX de Reus, iniciaron la semana pasada un proceso de mediación para llegar a un acuerdo con el Departament de Drets Socials, ya que –según insisten estas familias– «queremos quedarnos aquí durante las obras, y que sepamos, no hay fecha de cierre. Al menos, a nosotros, no se nos ha dicho nada».
La mediación se está llevando a cabo a través de un grupo designado para ello de la Generalitat. «El primer encuentro fue el viernes pasado, me habían contactado a mí primero ante, y querían programar un encuentro en cuanto antes. No sabemos cuánto se alargará el proceso, pero los mediadores se presentaron como parte neutral en el caso. Vinieron a escucharnos a todos», relata el familiar Tarso Ros, en representación de las familias que aún quedan en la residencia.
La sesión mencionada, dice, «se alargó alrededor de tres horas y todos explicamos nuestra versión de la historia, del calvario que hemos pasado con el asunto del cierre». Hecho esto, ahora «ese grupo de mediación del Departament de Justícia, se pondrá en contacto con Drets Socials para, suponemos, recabar información e ir avanzando para llegar a un acuerdo».
Según cuenta Ros, se han designado tres familias para hacer «más ágil» el entendimiento entre las partes y confirma que «estamos abiertos a hablar. Creemos que hay opciones que poner sobre la mesa. Ahora todo es muy inicial, estamos a la expectativa de cómo avanzan las cosas».
Cartas sin respuesta
Las familias –recuerda Ros– no se han dejado de mover. Desde que el futuro del centro de mayores entró de lleno en la incertidumbre al no conocerse cuáles serían los cambios por los que iban a pasar el edificio, así como dónde irían a parar las familias, «hemos presentado quejas a diferentes organismos, secundado protestas y hecho comunicados. Hemos enviado numerosas cartas a cargos públicos, también, tanto de Drets Socials como del Ayuntamiento de Reus», a pesar de pertenecer a la Generalitat, dicho equipamiento. De hecho, las últimas cartas enviadas por las familias –declara el representante de las mismas– han sido enviadas a la concejala de Serveis a les Persones i Drets Socials, Anabel Martínez, a la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, y a la primera teniente de alcaldesa, Noemí Llauradó. «Todas ellas, sin respuesta», reitera el portavoz de residentes y familiares. En estas cartas se alude a que, al haber casos de residencias rehabilitadas con residentes dentro en lugares como Móra d’Ebre, Mataró y Tarragona, entre muchas otras, la de Reus «sería la única en toda Catalunya, en la que se obliga a los usuarios a trasladarse a otras residencias con prisas y coacciones». Se preguntan, por eso, cuál es el «compromiso real» del Ayuntamiento con las familias. Hay fragmentos en los que se destaca que la ciudadanía se ha pronunciado a favor de las familias y concluye, entre otras frases, con un: «Resulta perverso que con dinero público se financie equipamientos que acaben en manos privadas».
En el pleno del pasado viernes 21 de junio, Junts per Reus y la CUP de Reus llevaron un ruego a la sesión, en la que se personaron familiares de residentes y protestaron de forma silenciosa con carteles reivindicativos en el Saló de Plens. El contenido del ruego fue expuesto por las portavoces de CUP, Mònica Pàmies, y la de Junts, Teresa Pallarès.
Pàmies dijo que el comportamiento de la Generalitat al anunciar el cierre de la residencia, y durante todo el proceso, había sido «prepotente y opaco»: pasando de decir que «era un cierre para evitar un riesgo a los residentes a un traslado temporal». «Ni Generalitat ni Ayuntamiento se comprometen, además, a verificar por escrito que, acabadas las obras, las familias podrán volver al centro en las mismas condiciones», subrayó.
Por su parte, Pallarès describió como «decepcionante» la espera en «la recepción de información veraz» en este asunto y destacó, entre otros puntos, el rechazo, por parte del Ayuntamiento, de hacer una audiencia pública para debatir el cierre del centro de mayores, algo pedido a través de más de 11.000 firmas. «Pedimos que se revierta todo lo sufrido por las familias», solicitó Pallarès.
La edil competente, Anabel Martínez, contestó que «se ha garantizado a todo residente una plaza pública en Reus. Estaremos encima, exigiendo y vigilando que todo se cumpla, hasta la reapertura». Algo sobre lo que las familias opinan que «hay compromiso verbal, pero luego no hacen nada».