Los últimos ocho residentes que quedan en la residencia ICASS y que no quieren moverse trasladan que «quienes se trasladaron lo hicieron de forma coaccionada y con información engañosa». «Nos quedaremos aquí a la espera de qué paso puedan dar desde Drets Socials. Repetimos lo de siempre: queremos que se hagan las obras con nosotros dentro», sostiene uno de los familiares y portavoz de las familias afectadas, Tarso Ros, quien dice que no descartan acudir a algún pleno a protestar.
Preguntadas a estas familias anteayer por el anuncio de UGT sobre las protestas desconvocadas, contestaron que «se enteraron tarde, de esto». Y sobre el compromiso de Generalitat y Ayuntamiento de Reus conforme daban garantías a dicho sindicato, que a su vez dijo que lo fiscalizaría, de que la residencia reabriría tal y como lo hace, siendo 100% pública, tras la rehabilitación, expusieron que «no nos lo acabamos de creer. Son solo palabras».
«Los políticos deberían trabajar siendo respetuosos con las personas dependientes y no vulnerando sus derechos fundamentales. Es una vergüenza absoluta. Han hecho firmar documentos para los traslados de forma obligada, dando información engañosa e interesada. Pedimos que presenten un proyecto concreto. Ahora dicen que rehabilitarán con 14 M€ tras haber dado antes otras cantidades. Ya no nos lo creemos», completó Ros, quien recordó que enviaron otra carta a Drets Socials, a la atención de Carles Campuzano, en la que repasan «agravios significativos» sufridos por los residentes, así como mensajes de WhatsApp que «confirman que los traslados han sido caóticos y hechos con mala fe».
Sobre el recorrido de las 11.263 firmas presentas al Ayuntamiento de Reus contra el cierre de la residencia el pasado 27 de mayo, los familiares desconocen cuál es su progreso. Estas tenían que ayudar a realizar una audiencia pública en la que exponer el caso.