El traslado temporal de los usuarios de la residencia ICASS de Reus mientras la Generalitat rehabilita el edificio, cuyo inicio había anunciado Drets Socials para «la segunda quincena de enero», todavía no cuenta con calendario ni operativa. Fuentes del mismo Departament consultadas sobre el movimiento indicaron hoy que «está previsto que empiece en las próximas semanas», sin afinar una fecha. Y precisan que «se alargará el tiempo necesario para realizarlo con la máxima garantía para los residentes».
Usuarios, familiares y trabajadores se oponen a dejar el equipamiento y piden que las obras se lleven a cabo con ellos dentro, «como se ha hecho en otros lugares sin problemas». Han recogido ya «entre 8.000 y 9.000 firmas».
Flori Arroyo, delegada de UGT y miembro del comité de empresa de la residencia, apunta que «dos familias han presentado sendas quejas a la Sindicatura de Greuges y otra ha interpuesto una denuncia contra el Departament en los juzgados». Y afirma que, ligado a la reclamación a la Sindicatura, pocos días atrás «vino la Fiscalía, estuvo por la casa y mirando las habitaciones». Cerca de 70 mayores viven en la residencia ICASS, cuya plantilla ronda los 90 empleados sin contabilizar los servicios de cocina y de limpieza.
Drets Socials precisa que «a día de hoy, estamos haciendo reuniones para tener en cuenta las preferencias de cada una de las personas y de sus familias». Y apunta que «tal como ya avanzamos, los traslados se llevarán a cabo en grupos pequeños y de forma gradual».
Arroyo incide en una cuestión relevante: «Para los residentes, desplazarse solamente un día al médico ya es un cambio muy brusco. Imaginémonos cambiarles su casa y a la gente que está con ellos», dice. Además, «sus familiares, que en muchos casos vienen a visitarlos todos los días, si el traslado es fuera de Reus quizá ya no podrán hacerlo. A veces se trata de las parejas de los residentes y son mayores igualmente». La ubicación provisional no se ha dado a conocer.
La residencia ICASS «necesitaba reformas desde hace muchísimo» y «ha vivido una situación de abandono prolongada en el tiempo». «Y es 100% pública», destaca. La integrante del comité recuerda que los usuarios «han esperado muchísimo para acceder a una plaza aquí y no pueden perder derechos», y que «hay también una cola muy larga y, desde que empezó todo esto, se han paralizado las nuevas entradas».
«Muchos residentes están afligidos y los hay que se han ido con una gran tristeza, y parece que los mayores no importen a nadie. El Departament está dejando mucho que desear», añade Arroyo. E insiste en que «es posible hacer las obras sin tener que trasladarnos a otro espacio». Los trabajadores están llamados mañana, 17 de enero, a una reunión con Drets Socials.
La Generalitat informó de que las actuaciones deben resolver problemas de legionela, riesgo de incendio y estructural, ajustarse a la normativa de accesibilidad y mejorar la distribución. Costarán entre nueve y doce millones de euros y se ejecutarán a lo largo de cuatro años.