Solo en lo que va de año, el Punt d’Informació i Orientació (PIO) de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi (CCAR) en Reus ha atendido ya a 119 personas que tuvieron que huir de su país de origen y aspiran a obtener asilo.
Es la cifra más alta desde que el servicio entró de pleno en funcionamiento, en 2021. De hecho, en el cómputo de todo este tiempo, el dato se queda en 253. La técnica que gestiona el PIO en la capital del Baix Camp, Núria Maled, explica que «cada vez hay más demanda» y que «este espacio se ha vuelto más conocido y se ha convertido en la referencia, sobre todo, para las personas que acaban de llegar».
En cuanto a los lugares de procedencia, Colombia lidera con diferencia, seguida de Venezuela y, en menor medida, Marruecos, Nicaragua, Perú y Honduras. Pero la diversidad es muy grande y también hay personas de Mali, Moldavia, India, Ucrania, Armenia, Burkina Faso o Senegal. Los motivos para partir «son tan diversos como casos hay». Hasta hace poco, la mayoría eran mujeres.
Desde el PIO, CCAR se ocupa de «facilitar información sobre el sistema de solicitud de asilo a todas las personas y acompañarlas en las diferentes fases», señala Maled. E indica que «desarrollamos también toda una labor de apoyo en las gestiones y en lo que se deriva del proceso migratorio: empadronamiento, escolarización, tarjeta sanitaria, red comunitaria, conocer lo que hay en el entorno...», a la vez que «conectamos a las personas que atendemos con los recursos que ya existen en la ciudad, desde cuestiones sociales hasta la colla castellera».
El servicio absorbe, a grandes rasgos, a aquellas personas que aún no han podido consumar los pasos para solicitar la protección internacional. «Pasan meses en los que estas personas no tienen ningún derecho reconocido, en el sentido de que se encuentran en un limbo», subraya Maled. Además, el PIO está igualmente presente para aquellos a quienes la petición les es denegada.
Los trámites para acceder a la condición de refugiado son farragosos y complejos. Comienzan por obtener una primera cita, algo que «se hacía por internet y era muy complicado. Ahora es por teléfono y es difícil, pero no imposible». Con ella, «uno acude a la Policía Nacional en Tarragona y le dan un documento llamado manifestación, que es el paso previo a ser solicitante de asilo. Así ya está en la rueda. Y hay un segundo día en que vuelve a comisaría: la entrevista, en que la persona explica su relato», detalla la técnica. De ahí «se sale con la hoja blanca en la que se le asigna un NIE, que facilita cuestiones como abrir una cuenta bancaria».
El periplo no acaba con eso. Seis meses después de recoger la hoja blanca llega el permiso de trabajo, con el que «a la persona ya es posible contratarla regularmente, aunque sigue siendo solicitante de asilo». Y al cabo de nueve meses, es hora de renovar el papel y «se cambia por la tarjeta roja, que viene a ser muy similar».
Maled indica que «mientras dura todo esto, suelen transcurrir meses en los que el Ministerio de Interior está realizando un estudio para decidir la resolución que emitirá. Esta puede llegar en cualquier momento de la tramitación y la mayoría se deniegan».
Buena parte de las problemáticas que CCAR detecta en sus atenciones guardan relación con la vivienda. «Es un pez que se muerde la cola: no hay permiso para trabajar y entonces no hay nóminas que avalen ingresos para ir a una inmobiliaria a por un alquiler», explica la técnica. De ahí que «la mayoría de las personas estén en habitaciones realquiladas de pisos compartidos, pero también las hay en infraviviendas –como garajes– o directamente en situaciones de calle».
Por otra parte, «está el acceso al patrón, que es complicadísimo. Este es un metaderecho que abre la puerta a otros como la tarjeta sanitaria o ayudas sociales». Maled constata que «es tal la desesperación que hay personas que llegan a comprarlo y sabemos de algún caso en que se ha vendido por 600 euros» e incide en que «para solicitar el asilo, en la comisaría te lo piden. La gran dificultad para hacerse con él genera situaciones de verdadera vulnerabilidad». En la otra cara de la moneda, «las ayudas a la alimentación sí son más sencillas».
En el PIO colabora un amplio abanico de perfiles. Desde la técnica que está al frente del servicio hasta un equipo jurídico propio o personas voluntarias que aprovechan sus conocimientos. También los hay que ejercen de intérpretes. E incluso se formó un grupo de mujeres atendiendo a que, al principio, entre los usuarios predominaban las mujeres, que «a menudo llevan la carga de los procesos migratorios, como en muchas vertientes de la vida. Y nos dábamos cuenta de que, en ocasiones, existía un gran aislamiento».
Maled explica que «para nosotros es muy importante contar con todo este tejido». «Uno llega a un municipio en el que no conoce a nadie y los problemas le sobrepasan», añade. Y comenta que, últimamente, «hemos llevado a cabo talleres con personas que sabían, por ejemplo, de costura, otros de arepas y charlas sobre el ciclo menstrual o los mitos del amor romántico».
El centro de acogida
Pese a que el PIO se estrenó en Reus en 2021, la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi se instaló, en 2018, coincidiendo con el caso del navío Aquarius. Y lo hizo, en aquel momento, de la mano de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), aunque con el tiempo ambas entidades se focalizaron en objetivos diversos y separaron sus caminos.
Actualmente, CEAR gestiona el programa estatal para personas que llegan a España y solicitan protección internacional.
En la el municipio, CEAR tiene un centro de acogida temporal con 47 plazas –dos de ellas adaptadas– que, a lo largo de estos meses de 2023 han albergado a 90 personas de 22 nacionalidades. Hay hombres y mujeres solos, pero también familias monoparentales y personas con diversidad funcional.
Ucrania, Afganistán y Colombia son los países de origen mayoritarios, y Marruecos y Venezuela ocupan la cuarta y quinta posición, tal como especifica Magda Domingo, técnica de acogida de CEAR.
El programa ofrece techo y apoyo, por un máximo de 18 meses, a aquellos que están en el proceso de obtención de la condición de refugiados pero no cuentan con medios económicos. En el centro operan desde dinamizadores sociales hasta integradores, pasando por animadores socioculturales, personal del ámbito jurídico, técnicos de idiomas, personal de limpieza y de cocina, y la dirección.
«Nunca sabemos el tiempo que estarán aquí, así que debemos hacer una contextualización y un acompañamiento. Tienen que participar, conocer el entorno y tejer relación con los vecinos, siempre que quieran», concreta Domingo, que dice que «es importante tener una relación ágil con las administraciones y los servicios públicos. Vienen con unas mochilas muy cargadas por lo que han vivido y debemos intentar, en la medida de lo posible, ofrecer un entorno de cotidianidad seguro y para cuidar a la persona de manera integral».
La técnica de CEAR pone el foco en «agradecer a municipios catalanes que se declaren ciudades de acogida –es el caso de Reus– porque es muy importante que podamos vivir la realidad de nuevos vecinos fuera de Barcelona y el área metropolitana. Estos municipios también pueden generar muchas oportunidades que favorezcan a la población migrada y a la autóctona».