«Hoy, quizás estés aquí arriba, pero nunca sabes cuando vas a caer allá abajo». Es la reflexión que hacía ayer José María Salcedo, mientras empaquetaba sus pertenencias en bolsas. El próximo lunes a las 11.00h deberá abandonar el piso que compró en 2004 con la que entonces era su mujer.
Ésta es la segunda orden de ejecución hipotecaria. El juzgado de primera instancia número 5 de Reus ordenó que se paralizara la primera, fijada para el pasado 19 de marzo. La prevista para este lunes es «improrrogable» según el juez.
José María no va a quedarse en la calle. Su madre tiene un piso en el que también vive su hermano. «No tengo otra opción, pero allí perderé mi intimidad. Lo que pido es una salida, porqué quiero solucionar mis problemas. Sólo pido un alquiler social para empezar una nueva vida».
Admite que a lo largo de su vida se ha equivocado muchas veces. «Estoy arreglando mi situación, poco a poco. Lo único que pido es una oportunidad de poner en orden las cosas y poder empezar de nuevo».
Un matrimonio fallido
Aunque tiene un trabajo y cuenta con un buen sueldo, una tercera parte de sus ganancias están embargadas. «Tengo deudas acumuladas de muchos años. Y cuando estoy a punto de normalizar mi situación me quitan el piso».
José María Salcedo y su exmujer compraron un piso en la calle Santa Clara de Reus, en el número 14, en la primera planta. Adquirieron la vivienda después de nacer su segundo hijo, buscando más espacio para la familia.
José María Salcedo está intentando ponerse al corriente de pago de la multitud de deudas acarreadas en los últimos años. A día de hoy, y después de abonar hasta 40.000 euros, aún debe 6.200 euros de intereses acumulados por el impago de la hipoteca durante nueve años del piso que compartía con su esposa.De eso hace ya 14 años. En 2007, la pareja se separó, y su exmujer se quedó a vivir en el piso con los dos hijos que tenían. Fue entonces cuando empezaron los problemas para José María.
Según cuenta, su exmujer dejó de pagar los impuestos de la vivienda. Ni la recogida de basuras, ni el IBI, ni tampoco la comunidad. Él dice que no se percató.
Por aquél entonces, José María contaba con un muy buen sueldo. Lo que propició que, durante la separación, se determinara que debería pagar 400 euros de manutención para cada uno de sus hijos. Nada a lo que no pudiera hacer frente a finales de la primera década de los años 2000.
«Lo único que pido es una vivienda de alquiler social para volver a empezar desde cero»Pero las cosas empeoraron cuando en 2009 su exmujer dejó de pagar la hipoteca de la vivienda. Cuenta José María que siempre quiso quedarse él con la propiedad, pues podía hacer frente al pago de los recibos y mantener la manutención de sus hijos. Pero su expareja no lo quiso, y se quedó viviendo en el piso pero sin hacer frente a sus obligaciones.
Admite José María que entonces cometió los primeros grandes errores que le han llevado a su actual situación. Empezó a pagar la manutención de sus hijos en efectivo, sin ningún tipo de documento, y al cabo de un año la madre lo denunció por impago. Dice que tuvo que pagar el doble de los establecido aquel año. Además, viendo que su expareja no pagaba la hipoteca, decidió tampoco pagar él su parte. Tampoco lo hizo de un crédito que tenían contratado. Todo aquello acarreó intereses y más deudas.
Situación límite
José María se quedó sin trabajo y empezaron los problemas de impago. Desde 2015 que tiene un expediente abierto en servicios sociales, pidiendo una vivienda de alquiler social para poder empezar de nuevo. Y es que el impago de la hipoteca le había situado en la lista de morosos, lo que le impedía acceder a un alquiler a través de una agencia inmobiliaria.
Mientras tanto, los impagos de la hipoteca multiplicaban los intereses, hasta el punto que lo que debía la pareja alcanzó el precio inicial de la vivienda.
Su exmujer vivió en el piso de la calle Santa Clara hasta mediados del 2017. Entonces fue cuando él regresó y quiso regularizar la situación. «En los últimos cinco meses me he puesto al corriente de los impuestos y de la comunidad». En estos momentos debe, aún, 6.200 euros.
«Estás muerto, y te quieren seguir matando», dice José María, que busca a la desesperada una alternativa. «Aunque no quiero ir con mi madre no me quedará ninguna alternativa. El problema es que las deudas me han crucificado». Dice que seguirá luchando para intentar conseguir un piso de alquiler social y poder salir del agujero. De momento hace ocho meses que tiene trabajo.
La PAH anuncia movilizaciones
Paralelamente a su situación personal, el banco con el que concertaron la hipoteca, el Popular primero y el Santander después, vendió la vivienda a un fondo de inversión. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca asegura que aquí se cometieron irregularidades. Dice Jordi Gateu, portavoz de la PAH en Reus que «no se avisó el propietario del cambio de propiedad de la deuda, y eso no es legal». Según Gateu, «desde la PAH nos hemos intentado poner en contacto con algún portavoz del banco, y lo seguiremos intentando».
El próximo lunes, la PAH ha convocado una movilización ciudadana a las puertas del piso para evitar el desahucio. «Es injusto lo que le está pasando a José María», dice Gateu.