Aunque teóricamente Alberto Núñez Feijóo es el aspirante oficial a presidir el Gobierno, tras el encargo recibido por Felipe VI el pasado 22 de agosto, lo cierto es que el debate político y mediático está ya centrado en la siguiente entrega de la saga, porque todos conocemos de antemano el final de la primera película.
El protagonista no logrará conquistar el fuerte. Por el contrario, no hay spoiler para la secuela ya anunciada, porque ni siquiera los guionistas acaban de ponerse de acuerdo sobre cómo cerrar la trama.
A día de hoy, parece que la piedra angular que mantendría en pie el arco del acuerdo entre partidos progresistas y soberanistas es una eventual amnistía para los condenados por los delitos cometidos durante el proceso frustrado de independencia catalana. Esta posibilidad ha generado un debate embarullado, donde se entremezclan (a veces, interesadamente) dos planos claramente diferenciables: el jurídico y el político.
Una amnistía supone afirmar que las condenas que se anulan fueron injustas, y en ese sentido, lleva asociado un reproche al propio sistema que las produjo
En cuanto a la primera perspectiva, como en botica, no es difícil encontrar un jurista de renombre (profesional o mediático) que defienda con vehemencia exactamente lo contrario que otro jurista de renombre (profesional o mediático). Algunos ponen el acento en que debe considerarse permitido todo aquello que no está expresamente prohibido, y la Constitución no proscribe las amnistías en ningún lugar. Otros objetan que quien impide lo más leve está impidiendo implícitamente lo más grave, y en este sentido, la prohibición constitucional de los indultos generales conllevaría el veto evidente a una medida aún más radical como la amnistía.
En efecto, un indulto consiste básicamente en una medida de gracia excepcional por la que se perdona o reduce la pena que debería cumplir una persona concreta, asumiendo que el condenado fue declarado culpable de forma justa por haber cometido un hecho delictivo.
Una amnistía es otra cosa totalmente diferente. Esta figura supone afirmar que las condenas que se anulan fueron injustas, y en ese sentido, lleva asociado un reproche al propio sistema normativo y jurisdiccional que las produjo, un factor nada desdeñable y que la vincula habitualmente con los cambios de régimen. No se trata de perdonar un delito, sino de afirmar solemnemente que nunca existió un comportamiento censurable, y que, por tanto, esas personas fueron ilegítimamente condenadas. Palabras mayores.
Como es lógico, la posibilidad de que el Estado se autoflagele y agache la cabeza ante Puigdemont con una iniciativa de este tipo levanta ampollas en amplias capas de la población, incluidas las filas socialistas. Y aquí ya no estamos hablando de derecho constitucional, sino de política pura y dura.
Las concesiones de la pasada legislatura a la extrema izquierda y al independentismo causaron fuertes convulsiones dentro del PSOE y sus medios afines, y la aprobación de una medida que legitimase los gravísimos acontecimientos de 2017 podría convertirse en la gota que colmara el vaso para muchos simpatizantes.
Para los socialistas no habrá amnistía, porque no podrían asumirlo, y para los independentistas sí, porque necesitarán ponerse una medalla
Y, dependiendo del cariz que tomasen los acontecimientos, esta rebelión interna podría ser avalada por muchos dirigentes territoriales, reacios a inmolarse electoralmente por Pedro Sánchez.
De momento, la dirección socialista acaba de expulsar del partido a Nicolás Redondo Terreros, exsecretario general del PSE, por sus reiteradas críticas a Ferraz desde hace años. ¿Ha sido casualidad que esta sanción coincida temporalmente con la aparición de las primeras voces críticas frente a las exigencias soberanistas dentro del partido? Lo dudo mucho. El que se mueva, no es ya que no salga en la foto, sino que será expulsado a las tinieblas exteriores. Aviso a navegantes.
Aun así, personalmente, me cuesta creer que el PSOE acepte una Ley de Amnistía en sentido estricto, sea o no constitucional. ¿Medidas de gracia? Sin duda, y generosas, pero con otro envoltorio menos espinoso y más elástico para el observador. Para los socialistas no habrá amnistía, porque no podrían asumirlo, y para los independentistas sí, porque necesitarán ponerse una medalla. La amnistía de Schrödinger. Eso o nada.