El mapa político español experimentará una simplificación este año que, aunque no reedite el bipartidismo PP-PSOE, sí va a asentar la dinámica de dos bloques, de centro derecha y centro izquierda, que va a librar una furiosa batalla por el control del poder. En este contexto, Ciudadanos ha tomado parte por Inés Arrimadas en las primarias del partido.
Ciudadanos ha pasado de tener un protagonismo relevante a correr un altísimo riesgo de desaparición, salvo un milagro que se antoja totalmente improbable. No quiso o no pudo convertirse en la opción bisagra que pactaba a izquierda y derecha, y esa renuncia le va a llevar al territorio más residual.
Su apuesta por el nacionalismo español de nuevo cuño fue engullida por Vox; su discurso regeneracionista fue capitalizado en un comienzo por Podemos y su supuesta transversalidad fue reventada desde el momento en el que la deriva de las alianzas se orientó hacia el PP. La decadencia de un espacio liberal y centrista que representaba en un comienzo Albert Rivera abrió una dinámica de choque de trenes que no ha parado de crecer desde entonces.
El previsible naufragio de Ciudadanos se produce en un año preelectoral de alta intensidad. Las elecciones de mayo se libran en una partida en la que el devenir de la economía juega un papel decisivo. Si el precio de la energía baja y la cesta de la compra se modera, el Gobierno puede respirar algo más tranquilo.
Que en cinco meses España haya bajado de liderar la inflación a tener la más baja de la UE –el 5,6%– constituye una evidente baza para Pedro Sánchez. Los datos económicos son una buena señal para el Ejecutivo, que se equivocaría, en todo caso, si cayese en el triunfalismo cuando la realidad se percibe con preocupación en el supermercado. Esta semana se ha visto también alterada por la decisión del magistrado Pablo Llarena de retirar la acusación de sedición contra Carles Puigdemont, y la euroorden judicial correspondiente, y centrar su imputación en un delito de desobediencia, que solo lleva aparejada una pena de inhabilitación, y otro de malversación agravada, que puede terminar hasta con 12 años de cárcel.
La solicitud, remendada por la Fiscalía, es una espada de Damocles para el expresident de la Generalitat, que tendrá que tentarse la ropa antes de volver porque corre un serio riesgo de pisar la cárcel si lo hace y es detenido por decisión de un juez. La petición de Llarena allana teóricamente la vuelta de Puigdemont, pero lo hace para que se siente en un banquillo, lo que complica de paso las expectativas de Sánchez con el independentismo.
El embrollo que provoca la reforma del Código Penal tiene efectos paradójicos. Puede inducir a la confusión y dar alas a determinados discursos de la oposición más conservadora, pero, a la vez, promover un apaciguamiento del independentismo.
Puede también extremar la necesidad de Sánchez de sus aliados de izquierda e independentistas, lo que acentúa un flanco vulnerable. La dependencia del independentismo suscita el rechazo en un sector de los votantes socialistas; es más una división interna que un decantamiento mayoritario.
El PSOE sabe que estas ‘amistades peligrosas’ constituyen un campo minado, pero la inquietante sombra de Vox ante el PP encierra una potente bomba de relojería. Propuestas como la del vicepresidente de Castilla y León, de Vox, para disuadir a las mujeres que quieran interrumpir sus embarazos visualiza una brecha que tendrá recorrido en los próximos meses. Las contradicciones entre el PP y la extrema derecha demuestran el gigantesco peligro de ciertos compañeros de viaje.