El derecho a una vivienda digna y adecuada está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Española y en el Estatut d’Autonomia de Catalunya, y sin embargo está lejos de garantizarse. Durante décadas, proteger la vivienda y promover la construcción de pisos sociales fue un pacto no escrito entre todas las fuerzas políticas. Un punto en común de izquierda a derecha. Desde la progresista Estocolmo a la liberal y capitalista Nueva York. De la España de Franco a la Rusia comunista. Era un derecho fundamental, entendido como básico y clave para construir cualquier proyecto personal o familiar. Una cuestión de dignidad. Ahora, en cambio, es una carrera de obstáculos, que tiene ahogadas a las últimas tres generaciones de españoles. Especialmente a los jóvenes y los más pobres.
La construcción de vivienda pública fue un pacto no escrito, de izquierda a derecha... Ha llegado la hora de que vuelva a serlo.
Hoy en día se requieren 7,3 años de sueldo para comprar una vivienda, mientras que entre los años 1987 y 2000 este tiempo era la mitad, alrededor de tres años y medio. Actualmente, el 20% más pobre de la población española destina el 45% de sus ingresos a pagar el alquiler, y el 61% de los arrendatarios no tienen ahorros para acceder a la propiedad. Por contra, el mercado privado no consigue generar –por múltiples razones– suficiente oferta para la demanda de vivienda; la especulación inmobiliaria hace aumentar los precios hasta límites insospechados; el suelo escasea; y la administración pública apenas construye vivienda de protección oficial.
Desde el 2011, la construcción de vivienda pública en España se ha congelado. Nuestro país es uno de los estados miembros de la UE con menos oferta de este tipo: solo un 2,5% del parque de viviendas español es social; 6,8 puntos por debajo de la media europea. Por eso es una mala noticia que Tarragona pierda ahora los 333 potenciales pisos de la Avinguda d’Andorra –aunque esperamos que aparezcan por otro lado– y, sobre todo, es de celebrar que el president Salvador Illa haya prometido construir 50.000 pisos públicos para 2030 en Catalunya. Una cifra que superaría los 43.611 pisos sociales construidos en toda España entre 2013 y 2018. Y que triplicaría las 15.806 viviendas sociales construidas por la Generalitat entre 2015 y 2023. Pero, de momento, estos numeros no son más que promesas. Habrá que pasar de las palabras a los hechos. Nos jugamos mucho. O vivienda, o nada.
