La industria de Tarragona necesita un marco legal

El Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, está en plena tramitación de la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica. Esto es una muy buena noticia. Las palabras usadas para titular esta ley no están elegidas al azar y en poco dicen mucho. «Autonomía Estratégica» es el concepto a retener, porque lo cambia todo. Los factores que modifican en 180º el panorama los explicamos en nuestra sección de economía, pero hay que tener en cuenta que la industria petroquímica es el núcleo duro de lo que podemos considerar «autonomía estratégica». La guerra en Ucrania y la más que probable elección de Donald Trump en las elecciones de noviembre urgen al gobierno español en el marco de la UE a tomar medidas decisivas. No hay que olvidar que el gobierno Biden ya ha adoptado medidas extremadamente proteccionistas con su paquete de medidas de transición energética IRA, al que la Comisión Europea respondió con el llamado Plan Industrial del Pacto Verde que pretende impulsar una rápida transición hacia la neutralidad climática. Pero para que todo ello sea posible hay que dejarse de confundir a la industria y ofrecerles un marco de seguridad jurídica estable. La industria petroquímica de Tarragona conforma uno de los polos estratégicos del estado español y debe poder realizar sus inversiones y sus innovaciones en un marco que asegure su viabilidad a medio y largo plazo. La industria -a diferencia de lo que algunos quieren creer- no va a desaparecer, sino todo lo contrario. Vamos a una reindustrialización estratégica que Tarragona ha de poder liderar. Para ello, entre otras medidas, necesitaríamos que el gobierno levante el impuesto que en su día se les impuso junto a la banca y las energéticas. No es el caso ahora de determinar si el impuesto es el adecuado para los dos sectores citados, en todo caso es contraproducente para el sector petroquímico, que está dispuesto a invertir para innovar y permitir a Tarragona continuar su liderazgo.