La incertidumbre que rodea al macroproyecto de Hard Rock no es fruto del azar ni de la incapacidad administrativa. Tampoco es una calamidad natural. Es una incertidumbre calculada, provocada por la necesidad del Govern de equilibrar la delicada relación con sus socios parlamentarios, Esquerra Republicana y Comuns —ambos opuestos a Hard Rock—, y a la vez evitar comprometerse con la paralización definitiva del proyecto, al que el PSC es favorable.
El gobierno de Salvador Illa ha adoptado una postura ambigua, con medidas que desaniman a los inversores —como devolver el impuesto al juego en los casinos del 10% al 55% o no aprobar el Plan Director Urbanístico— sin asumir directa y abiertamente la responsabilidad de rechazar el proyecto. Esta situación perjudica tanto a los inversores como a los municipios de la zona —todos apoyan el complejo—, además de comprometer la credibilidad de la Generalitat. El propio Illa ha explicado a los inversores que no se pueden hacer excepciones fiscales, mientras que su consejera de Economía, Alícia Romero, asegura que la decisión final sobre la viabilidad del proyecto recae en los mismos inversores.
Es necesaria una decisión clara y definitiva. Escurrir el bulto tiene costes, a veces más onerosos para los ciudadanos y el territorio
Es una estrategia para que estos abandonen por sí mismos y evitar que el Govern tenga que revocar el proyecto y asuma las consiguientes responsabilidades legales y financieras. En este contexto, es difícil no ver una maniobra política compensatoria en la filtración, precisamente ahora, de un informe encargado por el anterior Govern al Gabinete Jurídico de la Generalitat. El informe estima que las indemnizaciones por paralizar el proyecto podrían alcanzar hasta 50 millones de euros en reclamaciones por daño emergente y lucro cesante. El mensaje que envía el Govern a los opositores a Hard Rock es si están dispuestos a pagar ese precio, toda vez que los partidos que rechazan el proyecto fueron castigados en las últimas elecciones por los electores de Tarragona con la pérdida de cuatro de sus siete escaños.
Hacer política tiene costes, claro. Pero no hacer política y escurrir el bulto, también, y a veces más onerosos para los ciudadanos y el territorio. El Govern debe adoptar una postura clara y definitiva. La ambigüedad actual solo perpetúa un ciclo de indecisión y tensión, y perjudica ante los inversores el futuro de los proyectos que eventualmente sustituyan al de Hard Rock.