Es el de las ocupaciones ilegales de viviendas uno de los mayores problemas que tiene la provincia de Tarragona. Se trata de un asunto que además tiende a agravarse en verano, cuando los intrusos aprovechan incluso las vacaciones de muchas familias para meterse en sus viviendas y hacerse fuertes allí, lo que por otra parte ha disparado la contratación de alarmas.
Y es que este fenómeno no distingue entre sus víctimas, e indistintamente usurpa propiedades individuales y familiares como de bancos e incluso públicas. El último episodio –por ahora– tiene como epicentro una de las viviendas que se hallan sobre el Teatro Metropol, en plena Rambla Nova de Tarragona, un edificio de propiedad municipal y que cuenta con la declaración de Bien Cultural de Interés Local. Se da la circunstancia además de que esos pisos se hallan en mal estado, por lo que habitar en ellos representa un riesgo físico para la integridad de sus moradores.
La ocupación ha provocado la reacción de los responsables del Consistorio, que han activado el protocolo para reubicar a los ocupas, tres personas.
Este país tiene un problema con el acceso a la vivienda, pero la solución no puede ser usurpar un piso a la fuerza
Pero incluso el Ayuntamiento se ha topado con las trabas legales y burocráticas que impiden desalojar de forma inmediata a los ocupas incluso en una situación como esta, en la que, como decimos, existe un riesgo cierto por el estado del inmueble, que lleva casi 20 años cerrado, vacío y apuntalado.
Es verdad que este país tiene una asignatura pendiente en garantizar el derecho al acceso a una vivienda digna, y que tiene que aplicarse para resolverlo, con una política de vivienda más humana y eficaz y unos servicios sociales mejor dotados para hacer frente a las emergencias habitacionales. Pero la solución no puede ser, en absoluto, invadir una propiedad por la fuerza, ni la legislación puede permitirlo, sino que debe buscar mecanismos para resolver un problema que se puede convertir en una bomba social.