A poco de cumplirse un año del inicio de la pandemia, las cifras confirman categóricamente que no estamos doblegando la famosa curva de contagios, ni sus derivadas: ingresos hospitalarios, saturación de UCI y fallecimientos. El Ministerio de Sanidad notificó que siete comunidades autónomas tienen una incidencia acumulada de casos por encima de 500 por cada 100.000 habitantes. Eso es el doble del límite señalado por Sanidad como «riesgo extremo», o sea 250.
Recordemos que antes de las fiestas, los epidemiólogos y los médicos, alertaron que no se tomaban las medidas necesarias para detener la pandemia. El rastreo de los infectados y sus contactos se hizo con medios precarios y luego se abandonó. Se confinaron zonas de miles de personas, que cruzando una calle, ya ingresaban en otra que no tenía esas restricciones. Se permitieron excesos y desbordes inexplicables en ámbitos públicos, poniendo en riesgo a quienes sí cumplían las normas. Pero esto no ocurrió excepcionalmente un fin de semana. Viene ocurriendo desde hace meses de forma sistemática.
La clase política, salvo honrosas excepciones, no está a la altura de las circunstancias. No han entendido la dimensión del problema sanitario que afrontamos. Si lo hubieran comprendido, les daría vergüenza estar cruzándose críticas públicamente. Se reunirían el tiempo necesario para acordar las medidas que aconsejan los colegios médicos y los epidemiólogos. No comprenden el efecto de desaliento y rechazo que provocan entre quienes esperamos unidad, sensatez y eficacia. Hasta los animales cuando se ven amenazados, instintivamente saben unirse para afrontar un riesgo de muerte como el que padece nuestra sociedad.
Si se toman medidas a nivel nacional, surgen críticas desde algunas comunidades. Si no se adoptan, se reclama que tiene que haber una centralización para ser eficaces. Madrid se queja de que no le llegan suficientes vacunas, pero a la semana, esa comunidad aparecía con la cifra más baja de vacunación con apenas un 25% del total que disponible. Podríamos agotar el espacio con anécdotas similares. Entre las excepciones, José María Vergeles, consejero de Sanidad en Extremadura. Su comunidad tuvo uno de los peores indicadores en la evolución de la pandemia. Ahora reconoce que la «movilidad» durante el mes de diciembre ha sido el detonante.También lanzó una petición de unidad a la sociedad y a la clase política para afrontar la situación. Pero lamentablemente, es una excepción.
No faltan los privatizadores que buscan soluciones externas, porque como ya ocurrió en Madrid y en Catalunya, han tenido altos cargos que provenían de la empresa privada, dirigiendo a la pública con el argumento de que «eran buenos gestores». Y lo siguieron siendo, pero favoreciendo a la privadaEn noviembre, Miguel Hernán, profesor del departamento de Epidemiología de la Universidad de Harvard alertaba –por ejemplo– de que Madrid tenía un nivel alto de ocupación de UCI con casos de coronavirus. «Mantenerlo, es jugar con fuego», afirmó. Alertó que si los casos seguían aumentando, no habría capacidad de respuesta. Sugería que se hicieran tests rápidos masivos y un aislamiento efectivo de la población. Y un trazado de contactos para limitar los contagios. No se hizo nada de eso. Tampoco se hacen contrataciones de personal sanitario. Algún funcionario se excusó diciendo que «no hay disponibilidad, prefieren marcharse al extranjero». Claro, si aquí les han llegado a ofrecer contratos por dia y mal pagados. En los próximos días, se agravará la falta de personal, de camas de UCI en distintos hospitales que ya están al límite. ¿También argumentarán sorpresa?
No faltan los privatizadores que buscan soluciones externas, porque como ya ocurrió en Madrid y en Catalunya, han tenido altos cargos que provenían de la empresa privada, dirigiendo a la pública con el argumento de que «eran buenos gestores». Y lo siguieron siendo, pero favoreciendo a la privada. Esta intención constituye una burla al esfuerzo que vienen haciendo desde hace meses los médicos, enfermeras y celadores de la sanidad pública que doblan turnos, algunos que incluso no ven a sus familias para evitar el riesgo de contagio, y se prodigan humanamente para estar cubriendo las necesidades de los enfermos.
Volvamos a los que saben: la Organización Médica Colegial alertó por la sobreocupación en las UCI, Reanimación, Atención Primaria, Urgencias y plantas de hospitalización y solicita a las autoridades endurecer las restricciones. Apunta que el crecimiento de los contagios de coronavirus es exponencial. Los médicos piden a las autoridades sanitarias «intensificar las medidas de restricción de la movilidad y aforos contra la Covid-19». Añaden que a la población le piden responsabilidad e incluso el autoconfinamiento en los lkugares donde los indicadores de contagio son más alarmantes.
Lo de «podemos ir peor» no es una frase retórica. Los datos que estos días contiene el Diari sobre Tarragona, Catalunya y el resto del estado, confirman la tendencia. La viróloga Margarita del Val puso en marcha el mismo día que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de coronavirus, una estructura que agrupa a más de 300 grupos de investigación de toda la geografía española. Anticipó en diciembre lo que está ocurriendo en enero. Y ahora afirma que estamos en el peor momento en cuanto al número de contagios y que «el ritmo de vacunación en España es muy lento».
Sobre el inicio de la pandemia, dice que ha surgido en el mundo de la superpoblación, la emergencia climática y la globalización. La científica recurre a la etimología de la palabra epidemia para reforzar su idea: enfermedad de la sociedad. «Si a mí me duele la garganta yo no me olvido y paso de ella, la tengo que curar. Si a la sociedad le duelen las personas con menos recursos, tiene que cuidar de ellas». Esa es sin duda la responsabilidad de los que fueron elegidos por los ciudadanos para gobernar.
