El próximo viernes 20 de septiembre finaliza el plazo para solicitar las ayudas a la rehabilitación de edificios convocadas por l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Son un total de 8,4 millones de euros.
Un año más, las comunidades de propietarios o los titulares de una vivienda unifamiliar pueden optar por mejorar sus edificios, cumpliendo previamente los requisitos exigidos por la convocatoria.
Tras el boom de la construcción, desde el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 se fomenta con dinero público de forma preferente la rehabilitación inmobiliaria sobre la construcción de vivienda nueva.
El número de nuevas edificaciones ha bajado considerablemente con la crisis. Tarragona es uno de los municipios catalanes con menos construcción residencial, en la línea de otras ciudades de nuestra provincia como Tortosa, Reus o Valls.
Tarragona, así como otras ciudades, debe decidir si ampliar o aprovechar la ciudad construida. Puede tomar en consideración los siguientes datos: un 55% de los edificios españoles fueron construidos antes de 1980, y un 21% tienen 50 años o más, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), con cifras de 2011.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya estima que, tras Barcelona, Tarragona es la segunda provincia con más vivienda vacía en Catalunya, contando con aproximadamente 5.654 fincas en este estado, a causa, entre otras, de la falta de habitabilidad.
La presencia de viviendas en mal estado comporta una serie de problemáticas para la ciudadanía y para nuestras ciudades.
Para la ciudadanía, por la imposibilidad de darles una función residencial, pues sin la cédula de habitabilidad no es posible venderlas o alquilarlas, al menos de forma legal (de manera que se suele fomentar el alquiler en negro o, incluso, da lugar a la okupación).
Asimismo, el mal estado edificatorio incrementa el gasto energético, lo que conlleva consecuentemente la pobreza energética que están sufriendo las familias al no poder pagar regularmente los suministros de agua y luz.
Para la ciudad porque hace nuestros cascos urbanos poco atractivos y degradados. Incluso provoca desprendimientos de fachada, caída de balcones o derrumbes, como ya ha sucedido en algunas calles de nuestras ciudades.
Al no ser atractivo para residir, el centro de la ciudad se vacía. Los edificios suelen acabar adquiridos a precio de saldo para ser explotados en alquiler o en alquiler turístico y se inician procesos de gentrificación (aumento del alquiler o del coste habitacional para los vecinos).
Toda esta problemática no se solventa construyendo más viviendas, sino adoptando mecanismos públicos y privados para afrontar el mal estado edificatorio.
Así, es importante utilizar las líneas de ayudas a la rehabilitación convocadas por la Administración Pública, aunque deben solicitarse preferentemente con cierta planificación y ayuda de los operadores inmobiliarios, como por ejemplo los administradores de fincas, que pueden contribuir a comprobar el cumplimiento de los requisitos por parte de la correspondiente comunidad de propietarios.
También es positivo fomentar figuras contractuales privadas, como la masoveria urbana o la rehabilitación por renta, que permiten que un inquilino sin recursos pueda pagar su alquiler rehabilitando la vivienda alquilada, con lo que contribuye a mejorar el parque de viviendas sin que el propietario dependa de financiación para ello.
De estas y otras acciones depende que Tarragona y el resto de ciudades cumplan con los objetivos marcados por la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas en materia de renovación y regeneración urbana.