Conozco a un par de familias de las urbanizaciones de Llevant que, estas pasadas fiestas, decidieron no salir ningún día de viaje por miedo a que les robasen en casa. En las urbanizaciones de El Catllar, en plena Nochevieja, grupos organizados asaltaron hasta cinco viviendas, en algún caso con violencia y con las familias dentro. Un individuo amenazó con un cuchillo a un padre de familia que se atrevió a salir al jardín al oir ruidos extraños y, en otra casa, los ladrones se llevaron hasta los juguetes empaquetados de los reyes de los niños.
Las autoridades insisten que la existencia de este tipo de sucesos en nuestra zona entra dentro de los parámetros de la normalidad y que, estadísticamente, estamos en la media de Catalunya. Pero el tema de la seguridad no es un tema menor ni debe abordarse desde los números, sino desde la percepción de la ciudadanía. Y desde hace años la sensación de inseguridad y miedo es creiente entre muchas familias que residen en urbanizaciones de municipos como Tarragona, El Catllar o Els Pallaresos, por poner algunos ejemplos. El argumento de las estadísticas suena a excusa barata para esconder la escasez de cuerpos de seguridad que sufren muchos municipios de nuestras comarcas.
Cuando uno decide establecer su residencia en una urbanización sabe que va a gozar de ciertas ventajas (espacio, intimidad, ausencia de aglomeraciones, aire libre, aparcamiento fácil, etc.), pero también debe sopesar los inconvenientes: gastos corrientes elevados (agua, luz, gas...), desplazamientos continuos en vehiculo particular, ausencia de servicios públicos... Muchas urbanizaciones, además, arrastran problemas endémicos que los ayuntamientos suelen obviar a pesar de que hablamos de contribuyentes que pagan impuestos como los demás, o incluso más. Así, los vecinos de urbanizaciones conviven con deficiencias que son inconcebibles en los núcleos urbanos: ausencia de alcantarillado público, falta de iluminación en las calles, asfaltado deficiente o inexistente, etc...
En un capítulo aparte está el tema de la seguridad. Cuando uno decide vivir en una urbanización puede aceptar no tener buena conexión a Internet o transporte público, pero lo inconcebible es tener que vivir con miedo en tu propia casa, siempre temiendo que un encapuchado se plante en tu comedor mientras toda la familia duerme. Y eso, aunque no guste que se hable de ello, está pasando en bastantes urbanizaciones de nuestros pueblos y ciudades sin que ninguna de las autoridades actue ni preste la atención necesaria a esta realidad. Entretanto, la delincuencia organizada cada vez actúa más a sus anchas, ante la desesperación de muchísimas familias afectadas, ya sea directamente por los robos o por la angustia de pensar que algún día te puede llegar el turno.
Y esto viene de lejos y, por oleadas, puede afectar a cualquier zona residencial. En el verano de 2020, en plena pandemia por la covid, en una única semana forzaron varios chalets en Cala Romana. El miedo arreció entre sus vecinos. Hasta el punto que desde entonces unos 30 propietarios y propietarias pagan religiosamente cada mes un servicio de seguridad privada para su tranquilidad y ante la falta de efectivos suficientes de la Guardia Urbana de Tarragona para cubrir la zona. Hoy aún mantienen el servicio privado a pesar de que hace un par de meses, después de una larga reivindicación, el Ayuntamiento colocó cámaras disuasorias con lectores de matrículas en todos los accesos de las urbanizaciones de Llevant. Estas cámaras, en principio, deben actuar como medida disuasoria para los delincuentes. Habrá que verlo.
Pura indignación
En El Catllar la preocupación de los vecinos ha evolucionado hasta transformarse en pura indignación. Están a la greña con el Ayuntamiento, liderado por el alcalde Joan Morlà (ERC). Hace años que le advierten del alto grado de ocupaciones ilegales y robos que se producen asiduamente en casi todas las urbanizaciones ante la falta de seguridad, a lo que hay que añadir los episodios de asaltos con violencia de estas navidades. Acusan al consistorio de ser incapaz de aportar soluciones a un municipio que tiene un total de 28 urbanizaciones diseminadas en un territorio extensísimo y en las que actualmente residen más de 4.000 personas (mientras que en el núcleo urbano de El Catllar no se llega a los 2.000 habitantes).
Ante tal inacción, los presidentes de las urbanizaciones han decidido constituir una agrupación electoral que presentará candidatura como Som Catllar a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. El objetivo, desbancar al actual equipo de gobierno y al resto de partidos tradicionales y, una vez en el Ayuntamiento, dar prioridad a medidas para que la gente de La Cativera, Cocons, Bonaire y Mas Blanc, entre muchas otras urbanizaciones, pueda vivir sin miedo en sus propias casas. «Si los políticos no saben cuáles son las prioridades de sus vecinos, seremos los propios vecinos los que hagamos nuestra política». Aviso para navegantes.
