Después del registro efectuado el pasado viernes 9 por parte de la Guardia Civil de seis sedes municipales en busca de la documentación original referente a los contratos firmados entre los años 2010 y 2012 entre el Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSS) y la empresa Inipro, todo parece indicar que algunas de las personas implicadas en la presunta trama se comerán los turrones como imputados, según ha sabido el Diari de fuentes de la investigación.
Actualmente, los agentes están analizando toda la documentación incautada para elaborar un informe, que será remitido al magistrado que lleva el caso, Joaquín Elías Gadea, que está al frente del Juzgado de Instrucción número 1, quien tiene decretado el secreto de sumario.
El caso –que fue denunciado por la CUP en 2013– ha estado tiempo parado. Sin embargo, el magistrado parece haber tomado ahora la directa con el ordenamiento de los registros de las sedes municipales en busca de toda la documentación sobre el contrato con Inipro. Una labor que no resultó fácil. El propio magistrado fue quien, acompañado por el secretario judicial y la Guardia Civil, acudió a primera hora de la mañana a la sede actual del IMSS –situada en la plaza Prim– para recabar el contrato original.
Según algunas fuentes, fue el propio juez quien, ante la pasividad de la actual gerente en entregarle lo que le pedía, la advirtió con imputarle un delito de infidelidad en la custodia de documentos oficiales. A partir de ese momento se habría agilizado el registro. Sin embargo, no fue hasta las seis de la tarde cuando fue encontrado el contrato original. Pero las pesquisas policiales en el resto de edificios municipales siguieron hasta la una de la madrugada del sábado ante los continuos problemas que tenían los agentes para conseguir los documentos que querían.
Posibles nuevas diligencias
Actualmente, toda la documentación requisada está siendo analizada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en lo que se denomina fase de «investigación policial», por lo que todavía no se va a levantar el secreto de sumario. Y es que, hoy por hoy, no se descartan nuevas diligencias. Concretamente se pediría «contrastar» la documentación obtenida con la que hay en algunas administraciones públicas. Por ello, la investigación todavía no se da por cerrada, aunque esta parte policial podría estar concluida antes de un mes.
Con la información recibida por parte de la Guardia Civil, el magistrado tendría la base para comenzar a enviar citaciones a los imputados. Aunque el número no ha trascendido, todo hace indicar que serán varios, que en su día ostentaban cargos tanto en los Serveis Socials como en el propio Ayuntamiento.
Las imputaciones de estas personas posiblemente se harán antes de un mes, para no coincidir con la campaña electoral. En el listado podría haber personas acusadas por acción o dolo o bien por omisión. Por la información que se tiene hasta ahora sería por lo primero. Además, se cree que lo que ocurría con el contrato de Inipro se sabía «de más arriba», no sólo en Serveis Socials.
Según las informaciones que se tienen hasta ahora de la investigación, todo parece apuntar a que sería muy difícil demostrar por parte de los responsables que realmente Inipro llegó a realizar algún trabajo para el Ayuntamiento.
