Tarragona no olvida el accidente más importante en la industria química, que hace dos años traía de nuevo la imagen de vecinos huyendo de sus casas, mientras el caos y la descoordinación reinaban en la toma de decisiones y la activación de los protocolos. Los relojes se pararon a las 18.37 horas de la tarde, cuando el reactor de la empresa IQOXE explotó –por causas que a día de hoy aún se desconocen– provocando dos víctimas en el interior de la fábrica y una tercera en el barrio de Torreforta, que estaba en su casa y que pereció por el impacto de una placa de varias toneladas que hizo un recorrido de prácticamente tres kilómetros.
Aquella trágica jornada hubo descoordinación, falta de información y mensajes contradictorios. ¿Qué ha cambiado dos años después? ¿Volvería a reaccionarse igual? La pandemia irrumpía dos meses después, cuando aún se estaban debatiendo las medidas que debían implementarse y todo esto ha ralentizado la celeridad de unas soluciones que, según los vecinos, no han llegado. «Seguimos igual», afirma el presidente de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona, Alfonso López. «El problema es que la administración va muy lenta y que confiábamos en que se iría más rápido», añade.
Los vecinos de Ponent vivieron atemorizados aquella jornada, que para muchos sigue en sus retinas. «La desconfianza existe, porque cuando ves que no estamos preparado por si vuelve a pasar es normal», asegura López. En los días posteriores se contabilizaron alrededor de 162 afectados, por la metralla que salió disparada a causa de la explosión. «Todo se ha arreglado excepto las grietas que hay en algunos bloques, a causa de la ola, por lo que pedí que viniera algún técnico del Ayuntamiento para que lo valorara, pero aquí no ha venido nadie», manifiesta la presidenta de la Associació de Veïns de Bonavista, Loli Gutiérrez.
Esta representante vecinal explica las secuelas que aún sufren muchos bonavisteños dos años más tarde. «Cualquier ruido que escuchamos o cualquier color de la chimenea nos asustamos. Hay pánico porque nadie nos ha explicado», dice.
Sensores y sirenas
Esta misma semana el Govern de la Generalitat informaba de que se instalarán tres nuevas sirenas, en Reus y Salou, que se han colocado 56 sensores, que forman parte de una prueba piloto que servirá para detectar fugas tóxicas de cloro y sulfuro de hidrógeno. Sin embargo, buena parte de las críticas se centran en la lentitud en la redacción del nuevo Plaseqta, después que el territorio recuperase la coordinación de este instrumento a raíz del accidente. El alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, señala este cambio como un hecho sustancial. «Que se haya llevado aquí el Paseqta y que tenga la dirección la delegada del Govern es un hecho diferencial respecto a hace dos años, ya que hubo mensajes contradictorios y caos que por el desconocimiento del propio territorio», indica.
El máximo responsable municipal considera que «se están dando los pasos en la buena dirección» y que «ahora estamos todos más preparados». Pese a ello, Ricomà certifica que «se rompió la confianza y esta cuesta mucho de recuperar. Esto exige pasos adelante. Algunos se han dado, quizás los más técnicos, pero faltan las que afectan a la ciudadanía y a cómo actuar». Por este motivo, asegura que «los simulacros y el plan de comunicación son imprescindibles», a la vez que exige «más celeridad» al Gobierno estatal para poner en marcha el sistema de alertas por SMS para informar a la población. «Insistimos en que sea Tarragona donde se ponga en práctica este sistema», afirma el alcalde de Tarragona. Sobre la activación de los SMS, el Ministerio del Interior informó que su implementación sería en «junio».
Simulacro e información
Por su parte, desde la Delegació del Govern se informa que este 2022 se hará una campaña de información y sensibilización dirigida a la población en general, más allá de las escuelas, «para dejar claro qué debe hacerse en caso de emergencia o de accidente químico». Uno de los aspectos que se ha detectado es que es necesario hacer «mucha pedagogía» para que la gente se confine, un aspecto que se abordará con una nueva campaña informativa desde Protecció Civil, que se ha licitado y tiene una consignación presupuestaria de 400.000 euros desde la Generalitat. «El accidente de IQOXE ha marcado un antes y un después y no es suficiente que la actividad sea segura, sino que también hace falta que los ciudadanos así lo perciban», apunta la delegada del Govern, Teresa Pallarès. En este sentido, Pallarès defiende que con el despliegue del Plaseqta «buscamos que en caso de emergencia todos los protocolos funcionen para dar una mejor respuesta, para ello trabajamos para ser el más ágiles, efectivos y eficientes en la gestión».
Pallarès también avanza que se está trabajando para que «en el segundo semestre» de este año pueda llevarse a cabo un gran simulacro en el que se evaluará la eficiencia y coordinación de todas las partes.
No fue un accidente laboral más. Una de las víctimas era un ciudadano que estaba en casa y el pánico de los vecinos rememoró el atentado de Enpetrol de 1987, lo que generó una desconfianza contra la que han tenido que lidiar el sector durante este tiempo. Y una de las inquietudes que se detectó es por qué la Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) no garantiza que todas las empresas asociadas cumplan unos mínimos en materia de seguridad. Este aspecto ha quedado recogido en el Pla Estratègic 2021-2023, el cual prevé implantar un nuevo sistema de gestión conjunta de la mejora de la seguridad tanto en los procesos, como en el ámbito laboral y security y emergencias. «Se han definido unos requisitos que van más allá de la legislación vigente, reconocidos internacionalmente dentro del programa Responsible Care y que son certificables y auditables», afirma el responsable de la Comissió de Seguretat de la patronal, Ignasi Cañagueral. El año pasado se definieron estos estándares y ahora se está buscando a la empresa que se encargará de la auditoria y control, para que en funcionamiento este mismo ejercicio.
En mayo de 2020, cuatro meses después de la explosión, IQOXE reanudaba la producción de óxido de etileno y paulatinamente, a medida que ha ido consiguiendo las autorizaciones pertinentes, recuperaba su actividad. Una situación que sobrellevaron los trabajadores que aquella tarde estaban en sus puestos, o que aunque no estaban trabajando, habían perdido a sus compañeros. «No es justo decir que no ha cambiado nada», asegura el presidente del comité de empresa de la compañía, Fran Pizarro.
Durante las semanas siguientes salieron muchas informaciones sobre la falta de personal, el control al que estaban sometidos los empleados y las sanciones por parte de Inspecció de Treball. La situación habría cambiado. «Se ha conseguido un aumento de la plantilla de 99 trabajadores que teníamos, y que era muy justo, a 130», indica. Los cambios en la dirección de la compañía habrían comportado la mejora de algunas situaciones. Pese a ello, el recuerdo sigue ahí. «Hay mucha gente nueva que este capítulo no lo ha vivido, pero los que llevamos allí de antes jamás se nos va a ir».
La compañía vuelve a producir al ritmo previo al del siniestro, mientras los sindicatos critican que no se ha avanzado en materia de seguridad y en la mejora de la coordinación de los planes de autoprotección de las empresas. Asimismo, estos reiteran que uno de los problemas que tiene la industria química es la «degradación» de las condiciones laborales, especialmente de las compañías subcontratadas.
