El alcalde Rubén Viñuales (PSC) respira un poco más tranquilo desde ayer a las doce del mediodía. Fue en ese momento cuando, tras semanas de intensas negociaciones, el gobierno socialista confirmó al fin en el Saló de Plens lo que era un secreto a voces desde hacía días: Junts per Catalunya y En Comú Podem se aliaban con el ejecutivo de la Plaça de la Font para tirar hacia adelante la reforma fiscal destinada a incrementar los ingresos en 6,5 millones de euros en 2024. Paralelamente, Esquerra –que negoció hasta ayer mismo con el PSC–, optó por sumarse al ‘no’ en la mayoría de aumentos junto a PP y Vox.
El plan de acción impositivo, liderado por la concejal de Hisenda i Serveis Interns – Isabel Mascaró (PSC)–, comportará, sin embargo, que con los nuevos ingresos solo se pueda cubrir la mitad de los 13,9 millones de euros que, en estos momentos, tiene de agujero económico el Ayuntamiento de Tarragona para poder cuadrar las finanzas municipales del próximo año, según revela un informe del interventor.
Así, más de la mitad del aumento de los ingresos adicionales vendrá vía IBI, que ayer se aprobó que suba un 7,4% para generar 3,6 millones de euros más en 2024. Asimismo, la basura se encarecerá un 12% para recaudar 1,7 más, mientras que con el 33% de incremento del ICIO se prevé lograr 1,1 extras. Asimismo, la subida del 20% de las terrazas repercutirá en unos 100.000 euros según las estimaciones del gobierno municipal, que ayer también logró sacar adelante el recargo del 150% del IBI en los pisos vacíos (ahora es del 50%), así como la derogación de la bonificación del 50% del IBI por la instalación de placas solares, que este 2023 supone un gasto de 54.000 euros.
Isabel Mascaró destacó que se trata de un plan tributario «pragmático», a la vez que señaló que en las próximas semanas deberá definirse la segunda fase del proyecto: el ahorro y la racionalización interna. Para ello, recalcó la voluntad del gabinete municipal por «llegar a acuerdos y compromisos» con el resto de formaciones «por el bien de la ciudad».
Rifirrafes ERC-Junts y ERC-ECP
Ayer, sin embargo, era el momento de definir la primera fase del proyecto 2024: los ingresos vía tasas e impuestos, que ya han provocado la oposición pública de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT), así como de la Federació de Veïns de Llevant, que ayer comunicaron que ya han recogido más de 1.300 firmas contra las medidas económicas del consistorio.
El de este jueves era, pues, seguramente el examen más complicado para concretar los números para el próximo año. El aumento impositivo no era un sapo fácil de tragar para ningún partido de la oposición, especialmente para Junts, que en campaña proclamaba que su prioridad era congelar «y bajar en la medida que se pueda» los tributos para generar más actividad económica. Sobre el posicionamiento de su formación, Jordi Sendra (Junts) lo justificó en el «voto de confianza» que da al gobierno local, enfatizando que «hemos optado por la política en mayúsculas: negociar para corregir el caos de la propuesta inicial», que preveía aumentar un 20% el IBI. Asimismo, el edil lanzó un dardo a Esquerra Republicana, asegurando que, a diferencia de ERC, «no nos hemos instalado en la radicalidad del no por el no y el derecho al pataleo para poner en riesgo la legislatura y servicios como la atención social, la seguridad o el transporte».
Estas palabras no gustaron, para nada, al republicano Xavier Puig, quien recordó a Sendra que, inicialmente, «aceptaban una subida del 15% del IBI», y criticaba que «el partido del President Puigdemont apuntale a un gobierno del 155 con la cúpula de Ciutadans». El edil no repartió solo en dirección Junts, sino que se mostró especialmente crítico con Jordi Collado (ECP), demostrando que la herida entre Esquerra y En Comú Podem tras el divorcio de junio de 2021 aún no ha cicatrizado. «Les han tomado el pelo y les han vendido humo con su cheque en blanco. Las tarifas sociales de la basura son de difícil aplicación. Además, solo han conseguido un estudio para los pisos turísticos y dos comisiones», criticó.
Collado (ECP) no se quedó corto en su respuesta. «Pues no está mal lo que hemos logrado como cheque en blanco, ¿no? Y si ustedes nos hablan de levantar la camisa, les recuerdo que estuvimos dos años en el gobierno esperando que cumplieran su promesa con la moratoria de los pisos turísticos o con la comisión para actualizar la ordenanza de la basura, que está obsoleta. Ahora hemos hecho firmar documentos al PSC, y seguramente les haremos ir hacia dónde no quieren», rebló.
En el bando contrario, Maria Mercè Martorell (PP) mantuvo intacto su discurso de las últimas semanas. «Desde el primer momento que hemos dicho que ‘no’ a las subidas, ya que paralizan la economía de la ciudad», indicó. Asimismo, Javier Gómez (Vox) criticó la «alarma social» generada. Sin embargo, y dejando en un segundo plano al IBI, la basura y las terrazas, la subida (de tono) del día llegó precisamente de la formación de Abascal. «La elevada deuda del Ayuntamiento es responsabilidad de los políticos de la democracia. Antes no había», afirmó ante la estupefacción general de políticos, asesores y periodistas.
