El pleno del Ayuntamiento aprobó ayer interponer una querella criminal ante los Juzgados de Tarragona para que estos investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista que afectaron a vecinos de la ciudad de Tarragona. Así se aprobó ayer en una moción presentada por parte de los grupos municipales de la CUP, ERC, e ICV, y que contó con el apoyo del PSC, C’s y CDC.
El texto, como era de esperar, chocó con la oposición del Partido Popular y, sorprendentemente, con la de Unió Democràtica. Especialmente significativa es la oposición de los democristianos, más cuando uno de sus destacados políticos –Manuel Carrasco i Formiguera– fue fusilado en Burgos por las autoridades franquistas el 9 de abril de 1938. Su portavoz municipal, Josep Maria Prats, manifestó en declaraciones a este periódico que «el redactado habla de las víctimas de la guerra y el franquismo, pero obvia las de la revolución». Asimismo, el edil de Unió considera que «para lograr la plena normalidad, las causas las debería juzgar la justicia española, y no la argentina».
Por su parte, fuentes del PP aseguraron al Diari que «no compartimos que deba ser el ayuntamiento quien se encargue de esto». Sin embargo, no se trata de la primera ocasión en la que la formación conservadora evita votar contra el franquismo en el Ayuntamiento de Tarragona. El 9 de julio de 2009, ya con Alejandro Fernández como portavoz, los populares se abstuvieron en el debate para que la corporación local tarraconense retirara la medalla de oro al Generalísimo. Ese día, la votación se llevó a cabo de forma secreta. Todos los ediles del PSC, de CiU y ERC votaron a favor, mientras que el propio Fernández, Judith Heras, Jordi Roca y José Luis Martín se abstuvieron. Hace siete años, Fernández argumentó que «la Ley de la Memoria Histórica no busca cerrar heridas, sino culpables y dividir». Antes, el 19 de febrero de 2001, la oposición de dos de los cinco representantes que tenía entonces el PP evitó que se pudiera tirar hacia atrás el reconocimiento municipal al dictador.
Informarán a Argentina
El escrito aprobado ayer, que es el primero de estas características que se aprueba en un ayuntamiento catalán, cuenta con el apoyo de diferentes entidades y asociaciones, como Tarragona Patrimoni de la Pau, el Fòrum de Tarragona per la Memòria Històrica, la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona, Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana, UGT, CCOO, USTEC, Endavant-OSAN, Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, Cau de Llunes o Entrepobles. La querella incluirá los nombres de las 62 personas ejecutadas y asesinadas con residencia en la ciudad –en la Presó de Pilats, en consejos de guerra sumarísimos o fusilados en L’Oliva–, así como los de once más que murieron en la prisión de enfermedad por las malas condiciones que había. El listado es provisional, ya que no se descarta que puedan aparecer más víctimas.
La querella del Ayuntamiento pedirá que «se determinen las circunstancias en que fueron perpetrados los crímenes, quiénes fueron sus responsables directos y mediáticos y, en su caso, se proceda a su imputación, procesamiento, juicio y condena». Asimismo, pide que «se acuerde iniciar, en colaboración con los grupos de memoria histórica y todos los grupos, entidades o ciudadanos en general que se quieran sumar, los trabajos para su preparación consistentes, básicamente, en la consolidación del relato de los hechos a través de conseguir testimonios y cualquier otro tipo de documentación, así como en el profundizamiento en la argumentación jurídica».
El texto indica que «se trasladará este acuerdo al Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires (Argentina), a cargo de la juez María Servini de Cubría para que tenga los efectos que proceden en la querella 4.591/2010 nombrada NN por genocidio y/o crímenes de la humanidad cometidos en España por la dictadura franquista.
‘OK’ de toda la oposición
El concejal de la CUP Jordi Martí destacó que «esta moción es consecuencia del trabajo de muchas entidades», a la vez que recordó que el franquismo «vulneró los derechos más elementales de los ciudadanos. Detuvo y maltrató personas y persiguió lenguas, provocando cerca de 200.000 muertos, 73 de ellos en la ciudad». En este sentido, remarcó que los sucesos que llevó a cabo la dictadura franquista «entran de lleno en la definición que se realizó durante los juicios de Nuremberg sobre los crímenes contra la humanidad».
Jordi Fortuny (ERC) calificó como de «histórico» el acuerdo de ayer, ya que «marcará un punto de inflexión». A juicio del edil independentista, «no se puede ser un país normal si se ignora nuestra historia y se permite la impunidad contra estos crímenes». En este sentido, Fortuny remarcó que «no se trata de un documento de venganza, sino para conocer la realidad y restituir la normalidad».
La edil de ICV, Arga Sentís, cree que la querella que se presentará ante la justicia ordinaria «no es una cosa del pasado, sino una forma de construir el futuro». La concejal de la formación ecosocialista comparó la situación que viven ahora los refugiados de la guerra de Siria con la que se vivió en el Estado español tras el franquismo.
Cristina Guzmán (CDC) criticó que «no entendemos por qué el Gobierno Central no lidera la iniciativa que sí que se ha tomado desde Argentina», a la vez que lamentó «el trato que el Consistorio tuvo durante el cuarenta aniversario de la muerte de Knafo con sus familiares».
El líder de la oposición, Rubén Viñuales, se limitó a explicar que su voto afirmativo a la moción presentada por la CUP, ERC e ICV fue porque «todo el mundo tiene derecho a saber cómo y cuándo murieron sus familiares».
Finalmente, Begoña Floria (PSC) recordó «el compromiso de los socialistas con la ley de la Memoria Histórica aprobada por Zapatero», a la vez que consideró que «no deberían ser los consistorios los que impulsaran esto, sino que debería ser a nivel estatal». Pese a este anunciado compromiso, Floria olvidó que el pasado 23 de octubre el grupo municipal del PSC se abstuvo en la votación para instar al ejecutivo central a declarar nulo el juicio sumarísimo al President fusilado Lluís Companys.
