Varias décadas después, el Ayuntamiento de Tarragona está a un solo paso de lograr un hito histórico: volver a situar su deuda económica dentro del límite legal. Así lo aseguran al Diari fuentes del gobierno municipal, que recalcan que la senda con la que trabaja el ejecutivo de la Plaça de la Font es la de rebajar el pasivo financiero por debajo de la ratio del 75% el 31 de diciembre del 2024 o, lo que es lo mismo, dentro de un solo doce meses.
¿Qué quiere decir situar la deuda por debajo del 75%? Pues primero que la deuda que tenga la administración local en 2025 esté un 25% por debajo de sus ingresos corrientes estructurales. Así, mientras que la previsión para 2024 es la de contar con 194 millones de euros de ingresos corrientes ordinarios, se trabaja para que la deuda sea de 145 en un año.
2013: deuda del 160%
Se trata de una situación que hace décadas que no se cumple, ya desde antes de la crisis económica del 2008. Así, según los datos aportados por el consistorio, en 2006 –en plena época de vacas gordas–, el pasivo de la Plaça de la Font ya era de un 115%. El panorama, sin embargo, empeoró con el estallido de la crisis inmobiliaria. Así, pese a que los ingresos aumentaron, la deuda se disparó, superando el 150% de ratio entre los años 2010 y 2013, acreditando un pasivo de más de 230 millones.
En ese época, el segundo gobierno de Josep Fèlix Ballesteros (PSC) lidió con una gran inestabilidad económica, hasta el punto de que tuvo que someterse a un plan de ajuste impulsado por el Gobierno Central de Mariano Rajoy (PP), a cambio de un crédito de 20 millones para pagar a 232 proveedores que en 2013 tenían deudas pendientes del consistorio.
Desde 2014, el Ayuntamiento ha ido recortando su pasivo, con ratios que poco a poco se fueron moderando, si bien siempre estuvieron por encima del 110% hasta 2017. Por ello, durante estos años el Ayuntamiento tuvo que pedir permiso a la Generalitat de Catalunya y el Estado para poder concertar nuevos créditos.
En 2019, Ballesteros dejó la alcaldía logrando situar la deuda en un porcentaje del 102%, una cifra muy inferior respecto al peor momento de la crisis. La disminución del pasivo fue, desde entonces, una de las grandes prioridades de la gestión del alcalde Pau Ricomà (ERC) entre 2019 y 2023. Por ello, durante el pasado mandato y bajo el mando del edil Jordi Fortuny (ERC), el pasivo se disminuyó en 24 millones –de 176 a 152 millones–, situándose en el 80%, a las puertas del límite legal.
El superávit, para la deuda
Ahora, en su primer año, el gabinete de Rubén Viñuales (PSC) trabaja para bajar del 75%, lo que permitirá acceder al mercado del crédito bancario sin pedir aval a Economia i Finances del Govern.
Según el presupuesto del 2024, la previsión de Tarragona es la de destinar 14 millones para pagar a los bancos, una cifra que cuenta con el OK del interventor porque como máximo se pedirán 14 millones a préstamo. Pese a ello, la cifra del pago de la deuda será mucho mayor: como mínimo, de más de veinte millones. ¿Por qué? Principalmente, porque 6,7 millones de euros de la liquidación de los tributos del Estado también se desviarán para la amortización bancaria, al ser un ingreso «extraordinario y no proyectable» que no se puede destinar a gasto estructural corriente», según indican los técnicos económicos del Ayuntamiento.
Además, a esta cantidad hay que sumar lo que se genere de superávit. Desde el estallido de la pandemia de la Covid, la Unión Europea había levantado las reglas fiscales, permitiendo que el remanente de tesorería de los consistorios pudiera gastarse en gasto del día a día. Actualmente, todavía no está claro si esta circunstancia se mantendrá en 2024, pero la concejal de Hisenda, Isabel Mascaró (PSC), ya anunció hace semanas que el superávit del 2023 se usará para pagar deuda. ¿De cuánto dinero estamos hablando? La cifra no se conocerá hasta marzo, pero fuentes municipales resaltan que esta podría oscilar «entre los 5 y los 10 millones», por lo que la cantidad que se amortice en 2024 podría superar los 25 millones de euros, bajando los 145 millones previstos.
¿Qué supondrá bajar del 75%? Principalmente, «liberar recursos para poder prestar servicios públicos». Cabe recordar que, en octubre, el alcalde Rubén Viñuales (PSC) denunció que al Ayuntamiento le faltaban 14 millones para cubrir sus gastos estructurales, por lo que subió un 7,4% el IBI, un 12% la basura, un 20% las terrazas y un 33% el ICIO.
Este agujero de 14 ‘kilos’ es la misma cantidad que se paga a los bancos por la deuda. De cara al futuro, al liberar recursos financieros con menos amortización e intereses, la gran esperanza es generar un horizonte saneado que ni el más viejo del lugar recuerda.