Más leña al fuego del contrato de la basura. Tras caducar el pasado 28 de abril la concesión con la empresa FCC –que seguirá gestionando el servicio bajo la modalidad de «continuación» hasta que haya un nuevo adjudicatario– ahora salta una nueva sorpresa: faltan 540 contenedores que el Ayuntamiento ha pagado a la compañía pero que los servicios municipales han detectado que no están instalados en las calles de la ciudad de Tarragona.
Así se pone de relieve en un informe técnico elaborado el pasado 15 de marzo, en el que el área de Serveis Públics detalla que, de los 3.299 contenedores que deberían estar en servicio, en realidad solo hay 2.759 en todo el término municipal, lo que se traduce en una disminución del 16,4% respecto a los contemplados en la concesión y las posteriores modificaciones. En una alegación, la concesionaria justifica el recorte en «quejas vecinales, ubicaciones donde no había espacio para colocar las cinco fracciones o espacios con peligro para los peatones o el tráfico».
Medio millón de euros
En el documento, al que ha tenido acceso el Diari, los especialistas de la Plaça de la Font alertan que los depósitos ahora desaparecidos han supuesto un gasto económico de 446.950 euros para las arcas municipales. Por ello, junto al informe, el consistorio ya ha enviado un requerimiento a la firma privada, exigiendo que «suministre al Ayuntamiento los contenedores que no han sido instalados y que era obligatorio hacerlo según el contrato», a la vez que advierte a la compañía de que puede incurrir «en la comisión de una infracción muy grave, que podría ser objeto de penalidad».
El concejal de Serveis Generals, Jordi Fortuny (ERC), asegura que si la firma no repone las instalaciones pagadas en el contrato que expiró hace 12 días, «se lo descontaremos de lo que paguemos en esta fase de continuidad». Por ello, el primer teniente de alcalde exige que las instalaciones «se hagan llegar a la Deixalleria Municipal».
El detallado trabajo cuenta con datos de los años 2019, 2020 y 2021, a raíz del acuerdo de hace cuatro años para sustituir 119 islas de contenedores soterrados por depósitos en superficie. Se da la circunstancia de que el 14 de diciembre de 2020 los representantes municipales firmaron el acta de recepción de los contenedores en una nave de la empresa situada en el polígono industrial Riuclar, por lo que se acreditó in situ que los depósitos se adquirieron para que posteriormente se ubicaran en la vía pública.
Sin embargo, ahora, con la reversión del contrato, se han actualizado los datos y se han comparado los contenedores existentes con los especificados en la modificación de 2019... y ha saltado la sorpresa: falta un 16% de lo pagado mensualmente en el contrato por parte del Ayuntamiento en base a los gastos de inversión (amortización y financiación) y de explotación (mantenimiento y reparaciones).
El informe detalla, según los datos estudiados de los archivos Excel, que mientras que hace cuatro años faltaban 285 unidades, la cifra se dobla en 2021, con el déficit de 540 instalaciones entre las ocho tipologías de contenedores que hay en la ciudad. El análisis detalla tipo por tipo el número de unidades estipuladas por contrato, así como los que había en el momento del estudio, siendo los de rechazo y los de envases los más desaparecidos.
FCC: «Se pusieron a disposición»
En su escrito de alegaciones del 11 de abril, la empresa FCC asegura que el requerimiento de suministro de contenedores realizado por el Ayuntamiento «no es procedente», ya que asegura que «se adquirieron todas las unidades establecidas en el contrato, que se pusieron a disposición» del consistorio. En este sentido, FCC afirma que la corporación local «no ha sufrido ningún déficit», lo que implica que «no ha pagado más costes de amortización y financiación», sino que ha abonado «lo previsto en el contrato».
En su justificación, la compañía divide las causas de la falta de instalaciones en tres motivos. El primero, por quejas vecinales. «Cuando asociaciones y comunidades de vecinos vieron un exceso de contenedores, lo manifestaron a los técnicos del Ayuntamiento y se retiraron para ajustarlo a la necesidad real del vecindario», indica la alegación.
Asimismo, el segundo motivo serían las ubicaciones donde no había espacio para cinco fracciones. «Se detectaron diferentes puntos donde no se podían ubicar 5 ó 6 unidades, por lo que se colocaron principalmente los de resto», especifica FCC, que detalla que «actualmente hay unas 60 baterías donde no están las seis fracciones completas». Finalmente, la compañía indica que otros contenedores desaparecieron «por orden del departamento de limpieza de la Guàrdia Urbana, al estar en puntos potencialmente peligrosos para peatones o vehículos». Pese a ello, fuentes municipales aseguran no tener constancia formal por escrito de la orden de retirada de las 540 instalaciones que faltan.
