El año 2025 se ha iniciado en la ciudad de Tarragona con revuelta vecinal por la movilidad. Diversos son los barrios que, a lo largo de las últimas semanas, han mostrado sus críticas por las nuevas plazas de aparcamiento regulado o la restricción del acceso de los vehículos.
La pugna más mediática ha sido por la prueba piloto para peatonalizar el primer tramo de la Rambla Nova, el más cercano al Balcó del Mediterrani. Desde el pasado 29 de noviembre, hace ya 83 días, el Ayuntamiento ha vetado el acceso de coches y motos en una superficie de 7.500 metros cuadrados, que enlaza los 215 metros que separan el mirador con las calles Adrià y Sant Agustí. Este tramo se suma a la zona peatonal del centro y el Passeig de les Palmeres, convirtiendo el entorno en la primer superilla de Tarragona.
Pese a la prueba piloto, que en principio solo debía durar hasta Reyes pero que finalmente se ha mantenido, las críticas no tardaron en llegar. A mediados de enero, un grupo de vecinos y usuarios de la Rambla presentaron 230 firmas en la Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC). En el documento que registraron lamentan «falta de información» y temen que la zona pueda «perder personalidad» con la aglomeración «de terrazas».
Los impulsores del texto lamentaron haber tenido conocimiento del plan «por la prensa», ya que «ni se nos ha informado ni se nos ha dicho cuál es el beneficio para los ciudadanos». Asimismo, afirman que «la Rambla tiene personalidad propia, es un símbolo de identidad para Tarragona, con una estética muy concreta y evocadora que no queremos que se pierda con una posible intervención nivelando el terreno y homogeneizando todo el espacio», indica el manifiesto. El texto considera «no procedente» sustituir las actuales cocas centrales, bancos, árboles y aceras laterales «por una gran plaza, de pavimento duro sin jardines ni arbolado», ya que «se perdería la esencia» con un «cambio radical».
Pese a las críticas, el 20 de enero el pleno municipal aprobó una moción de ERC –apoyada por PSC y Junts– en la que se acordaba impulsar la peatonalización y una reforma «integral» de la Rambla Nova.
El documento avalado por el 66% del pleno de la Plaça de la Font contempla «dar más protagonismo» a los peatones mediante la construcción de una «emblemática plaza» a la altura de Roger de Llúria. Asimismo, se prevé que toda la fase de remodelación se lleve a cabo mediante un concurso de ideas, así como con una consulta popular posterior para escoger el tipo de pavimento.
Hosteleros y comerciantes avalan la peatonalización, pero otro grupo de vecinos entregó en febrero otras 150 firmas al consistorio. En el documento pedían una reunión con el alcalde Rubén Viñuales (PSC). El encuentro se produjo el 12 de febrero. En esa reunión, el gobierno municipal confirmó su apuesta por la peatonalización, pero se comprometió a no incrementar el espacio de las terrazas, sino a reubicarlas. «Queremos peatonalizar, pero los vecinos deben estar tranquilos con las terrazas», indicaba al Diari la primera teniente de alcalde, Montse Adan (PSC), quien tiene claro que, a medio plazo, el Passeig de les Palmeres «debe ser el eje que una el patrimonio con el tejido comercial».
Caos en el Parc Francolí
Quienes tampoco están contentos son los vecinos del Parc Francolí. El motivo también tiene que ver con la movilidad. Desde que las obras del nuevo Hospital Joan XXIII obligaron a cerrar el parking de trabajadores, hace ahora poco más de un mes, aparcar en el entorno parece misión imposible.
Hay coches por todos lados. Los trabajadores del hospital aparcan en cualquier rincón. En las entradas de los parkings privados, en los carriles de circulación hasta en solares medio abandonados. Los vecinos denuncian que la situación es caótica y aseguran que las decisiones del Ayuntamiento tampoco ayudan a resolver la problemática.
Y es que, coincidiendo con el cierre del parking de trabajadores, el gobierno municipal ha convertido cien plazas naranjas en verdes. Lo que significa que de pagar un euro al día, se pasa a 4 euros cada hora. El Consistorio asegura que esta medida surge a petición de los vecinos, mientras que desde la asociación aseguran que no es así.
El parking disuasorio de la calle Guillem Oliver y el resto de plazas en zona naranja están llenas, mientras que las de color verde están vacías. «Es totalmente comprensible que los trabajadores no quieran pagar 4 euros la hora. Hay demasiadas plazas verdes vacías y demasiados coches aparcando donde no se puede», dice Barrio, quien añade que «antes de tomar una decisión, el Ayuntamiento debería consultar a los que vivimos aquí».
Sin escaleras mecánicas
A finales del año pasado, otro barrio se ponía en pie de guerra contra el Consistorio. Era el Barri del Port, quienes mandaron una carta de desesperación al alcalde Rubén Viñuales. Denunciaban inacción en sus calles contra la inseguridad que estaban viviendo. La misiva también hablaba de falta de limpieza y de miedo por las consecuencias de las lluvias torrenciales. Aseguraban estar cansados de buenas palabras y pedían ser una prioridad para el Ayuntamiento.
Unos meses después, la presidenta de la entidad vecinal, Carmen Puig, explica que la comunicación con el Consistorio ha mejorado notablemente, pese a haber cosas que todavía no funcionan bien.
Es el caso de las escaleras mecánicas. «No funcionan nunca. Para los vecinos de la Part Baixa son fundamentales para poder acceder al centro de la ciudad», asegura Puig, quien añade que «hay muchas personas mayores o con movilidad reducida que están totalmente aisladas por culpa de estas escaleras».
La Part Alta
En la Part Alta los vecinos también se han movilizado, esta vez por las plazas de aparcamiento para residentes. El cambio que les obliga a ir «hasta el Martí i Franquès y no en el flotador de la Muralla» ha comportado la creación de la plataforma Som Part Alta, con más de 300 adheridos, que el pasado sábado escenificó en el Pla de la Seu «el entierro del Casc Antic», a la espera de que el Ayuntamiento «haga el milagro de la resurrección».
