«Que te empadronen o no depende la ley, sino del funcionario que te toque», resume Marta Benjumea, presidenta de la Asociación Tarragona Intercultural que agrupa a más de un centenar de personas de distintas nacionalidades. «Continuamente tenemos llamadas de personas que tienen problemas para empadronarse», dice.
Desde la asociación tratan de asesorarles y, en los casos más complicados, de acompañarles a hacer la gestión en las oficinas de atención al ciudadano. «Les han llegado a pedir un contrato con los últimos meses pagados. No tiene sentido que lo compliquen tanto», insiste.
La de Benjumea no es una queja aislada. Naret Terán, técnica de la Comunalitat Urbana de Tarragona, Fòrum dels Barris (donde participan 14 organizaciones de la ciudad) señala que: «A muchas personas se les niega este derecho. El Ayuntamiento en vez de facilitar el proceso pone trabas». Desde el Fórum iniciarán una campaña al respecto.
Realquilar y otras cuestiones
Con frecuencia, explica Terán, el problema es que para empadronarse hay que acreditar con documentos que se vive en un domicilio determinado y para ello se exige, por norma general, un título de propiedad o un contrato de alquiler.
Esto deja fuera a un importante grupo de personas que, por su situación económica, solo pueden subarrendar una habitación con un contrato verbal. En estos casos suele pasar que quien les realquila no está dispuesto a hacer un permiso para que se empadronen. Dificultades similares encuentran quienes viven en la calle, en infraviviendas o en casas ocupadas.
En este sentido Toni López, de la coordinadora catalana Obrim Fronteres, que recientemente dio una charla en la ciudad organziada por la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya y la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) con la colaboración de la Comunalitat, dice que lo primero que hay que aclarar es que la ley está enfocada a saber cuántas personas viven en un municipio; no en qué condiciones lo hacen.
La resolución del Instituto Nacional de Estadística publicada en el BOE en 2020 dice que «toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente» y también que «el padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas etc. e incluso ausencia total de techo pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón».
Dificultades en la identificación
Otra de las casuísticas que complica el empadronamiento son los problemas con los documentos de identificación; por ejemplo en el caso de personas a quienes se la han robado o la han extraviado. El BOE en estos casos permite empadronar, entre otros, con «la fotocopia de cualquier documento de identificación sustraído o extraviado» siempre que vaya acompañado con una denuncia ante la policía.
Hay que aclarar, además, que el empadronamiento es independiente de la situación legal de las personas «Al Ayuntamiento no le corresponde realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos» dice la norma.
Señala López, no obstante, que las dificultades que se encuentran en Tarragona no son excepcional; al contrario, son la norma en la mayoría de municipios catalanes. Además, aunque las trabas afectan sobre todo a personas inmigrantes, también hay nacionales.
Insiste en que son los municipios los que deben «romperse la cabeza» para ver como empadronar a los vecinos y no al revés. Hay algunos, explica, que ya lo están haciendo, como Barcelona, donde a quienes no tienen un título de propiedad o alquiler se les hace una visita a domicilio para certificar su domicilio.
Hay que reconocer, eso sí que ha traído a la alcaldesa Ada Colau no pocas críticas, incluido un bulo hace un mes que aseguraba que en Barcelona se había empadronado a 1.600 personas de origen magrebí en un piso. Colau lo denunció a la Fiscalía.
Por lo pronto, explica López, el acompañamiento por parte de entidades que además les ayuden con las barreras idiomáticas, son la única forma en que algunas personas consiguen que les atiendan correctamente.
El ayuntamiento lo niega
Consultadas al respecto, fuentes municipales han sido categóricas al negar que se pongan trabas a los ciudadanos «no se deja a nadie sin empadronar». Señalan que en el caso de las personas que pueden acreditar su identidad y que son dueñas o están de alquiler en un domicilio la expedición del documento es inmediata.
Cuando no se puede acreditar, explican, existe un protocolo de verificación mediante el cual técnicos de Serveis Socials o de la Guàrdia Urbana comprueban que la persona reside donde dicen. Apuntan que no es un proceso inmediato «pero es ágil. Esto se hace y se hace relativamente rápido, es cuestión de días o una semana». Apuntan que se trata de un proceso que se tiene que hacer a conciencia porque empadronar a alguien en una vivienda que no corresponde puede acarrear problemas a quienes sí viven allí.
En este punto hay que recordar que la ley también recoge que «en el supuesto de la denegación de la inscripción será necesaria una resolución motivada por parte del Alcalde-Presidente (o persona a quien delegue). También dice que en caso de que pasados tres meses no se obtenga respuesta, se entiende que la petición de empadronamiento ha sido aceptada.
El comienzo de la exclusión
El problema, explica Toni López, es que el padrón es la puerta de entrada a una serie de derechos claves, desde la educación, la salud o los servicios sociales, hasta tener una cuenta en un banco.
Al mismo tiempo el padrón sirve a las administraciones locales para planificar políticas según las necesidades que dibuja el padrón: por ejemplo equipamientos sociales como guarderías y servicios educativos o centros de atención primaria.
De hecho el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya ha elaborado una serie de propuestas de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo; una de ellas es: «facilitar el empadronamiento».
Por su parte Alfonso López, presidente de la FAVT, explica que «queremos que la administración ponga facilidades para no tener a personas recurriendo a las mafias para poder empadronarse... Y nos toca hacer mucha pedagogía entre los vecinos para que entiendan la necesidad de que todos estemos empadronados, que es algo que a todos nos favorece».
