La futura Regió Metropolitana «no suprimirá competencias municipales», según explica la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó (ERC). A medio-largo plazo, a esta «ciudad única», «se la deberá dotar de una personalidad jurídica» y basará sus iniciativas en «mutualizar –no mancomunar– recursos de los municipios que formen parte», que serán definidos por el grupo impulsor.
Un grupo formado por la propia Llauradó, los alcaldes de Tarragona, Reus, Vila-seca, Constantí, La Canonja, Salou, Valls y Cambrils, el delegado del Govern de la Generalitat en Tarragona y los presidentes de los Consells Comarcals del Tarragonès y del Baix Camp.
En el futuro, se prevé que puedan incorporarse más localidades, pero, de momento, serán estas las que comenzarán a definir los pasos de la futura Área Metropolitana. «Poco a poco, decidiremos la gobernanza y el ámbito territorial», expone la presidenta de la Diputació.
Lo abordarán a través de cuatro comisiones técnicas: territorio, desarrollo económico y social, movilidad y sostenibilidad. A través de estas reuniones, que comenzarán en breve –cuando los consistorios del grupo impulsor decidan qué técnicos participarán– y serán presididas de forma rotativa cada seis meses por los alcaldes y alcaldesas que integran del grupo, se analizarán los posibles proyectos en los que la Regió deberá participar.
Los pasos que se sigan no tendrán por qué ser los mismos que en el caso del área de Barcelona, por ejemplo –un ente local de carácter territorial–, sino que la forma jurídica que se adopte puede ser otra diferente, como una agencia o un consorcio.
Sea la forma que sea, se encargará de gestionar los recursos económicos facilitados por los diferentes Ayuntamientos: «Los municipios deberán realizar aportaciones que beneficiarán al conjunto del Área».
Por ello, Llauradó explicitó que la creación de la nueva forma jurídica no suprimirá empresas ni competencias municipales: «Las localidades mantendrían las que tienen atribuidas, pero si la nueva personalidad jurídica que se constituya tiene unos recursos propios, deberá concretarse cuál será la manera a través de la que llegarán».
En todo caso, la forma jurídica será la consecuencia del camino que ahora se inicia. Por el momento, el foco está en que las comisiones que vayan celebrándose puedan analizar iniciativas más a corto plazo.
La movilidad será uno de los ejes clave: «Tendremos que participar en la confección del Pla director urbanístic metropolità del Camp de Tarragona (PDUMCT)», remarca la presidenta. Este será un documento que, por primera vez, ordenará de forma conjunta el desarrollo de los municipios de Cambrils, La Canonja, Constantí, Reus, Salou, Tarragona y Vila-seca, y que puede ser una realidad entre 2025 y 2026. Ahora mismo, se encuentra en fase de redacción.
Dos años después, en 2028, se terminan las concesiones de transporte interurbano por carretera. Como publicó el Diari el pasado miércoles día 17 de enero, el primer esbozo sobre el futuro organismo indica que «ahora es el momento para trabajar en una transición hacia un modelo de gestión del transporte de carácter metropolitano».
Por ello, una de las prioridades del ente deberá ser reorganizar las líneas interurbanas de autobuses en el territorio.
La clave
«Sabemos que es el mandato del agua»
La cuestión del agua es otro de los puntos en los que trabaja la Diputació. Llauradó destaca el proyecto presentado para detectar fugas en 120 municipios de la demarcación de menos de 20.000 habitantes. El organismo espera recibir diez millones de euros del PERTE de digitalización del ciclo del agua.
Por otra parte, destacó además el funcionamiento del plan ImpulsDipta, que, tal y como explicó Llauradó, garantiza 147 millones a los municipios y ha reducido aproximadamente el 75% de los trámites.
