Matar moscas a cañonazos

Llegó la revolución a la Setmana Santa de Tarragona. El decreto que firmó el arzobispo Joan Planellas a finales de junio, y que obligaba a las congregaciones a relevar las presidencias en un plazo de seis meses, ha encendido el fuego entre cofradías y Arzobispado. La guerra está servida y parece ser que nadie pretende dar su brazo a torcer. El ambiente está tan caldeado que incluso hay quien pide la dimisión del máximo representante de la iglesia en Tarragona. Empecemos por el principio.

El pasado 28 de junio, el arzobispo Joan Planellas, firmaba un decreto para regular los órganos de gobierno de las asociaciones canónicas, entre las cuales se encuentran la mayoría de congregaciones de la Setmana Santa de Tarragona. El decreto limita a ocho años la duración de un mandato y determina que, en los casos en que el presidente lleve más años al frente de la entidad, deberá convocar elecciones en un plazo de seis meses.

La resolución afecta, sobre todo, a cinco líderes de la Setmana Santa tarraconense, como son Pitu Mosquits, de la Presa de Jesús; Francesc Ferrer, de la Germandat Nostre Pare Jesús de la Passió; Jordi Folch, del Descendiment de la Creu; María Dolores Nolla, priora de la Soledat y, finalmente, Josep Queraltó, prefecto de la Sang.

Curioso es el caso de la priora de la Soledat que, según los estatutos de la misma congregación, el cargo es vitalicio. Ahora, con el decreto del arzobispo, los estatutos quedan en papel mojado y Nolla deberá poner su cargo a disposición.

También cabe destacar la figura de Raül Font, presidente del Gremi de Pagesos desde hace muchos años. Sin embargo, no se ve afectado por el decreto del arzobispo, ya que la congregación que preside se rige por el derecho civil y no por el canónico eclesiástico. Y es que el Gremi de Pagesos proviene de una estructura medieval que ha persistido hasta nuestros tiempos, como por ejemplo el gremio de pasteleros. Ocurre lo mismo con el Gremi de Marejants.

La resolución tampoco tendría efecto sobre la Associació La Salle, por depender de la prefactura de la Salle en Madrid, ni tampoco sobre la congregación de Sant Magí Màrtir, que pende de la iglesia de Santa Maria del Mar de Barcelona y, por lo tanto, del cardenal Omella y no de Planellas.

Conflicto en la Sang

A nadie de ellos –ni al resto tampoco– se les escapa que el decreto es la manera menos dolorosa que ha encontrado el arzobispo de Tarragona de solucionar el conflicto interno que hay en la congregación de la Sang. Parece ser que son muchas las voces que piden a gritos el relevo de mosén Queraltó al frente de la Sang, después de que éste hubiera cambiado la propiedad de la iglesia de Natzaret –sede de la entidad– para compartirla con la Soledat, a espaldas del resto de la junta. El problema ha llegado tan lejos que incluso un congregante ha llevado a los tribunales el caso. El próximo 10 de diciembre se celebrará el juicio. El ambiente en la congregación está más caldeado que nunca.

Con este panorama, y teniendo en cuenta que es el arzobispado el órgano encargado de nombrar y relevar el prefecto –presidente– de la Sang, Planellas ha decidido solucionar el conflicto aplicando este decreto, en lugar de cesar directamente a mosén Queraltó. El arzobispo ha optado por una resolución políticamente correcta, que se dice.

Mientras tanto, por el camino, se ha cobrado algunas víctimas. Daños colaterales, que dicen. Los presidentes que ven peligrar sus cargos están pendientes de celebrar una reunión con el arzobispo para pedir que les dejen acabar este mandato. Aseguran que el decreto hace «pagar justos por pecadores» y lo definen como una acción que pretende «matar moscas a cañonazos». Finalmente, desde las entidades aseguran que el relevo generacional no está garantizado en las congregaciones, cosa que pone en peligro su futuro.