La madrugada del 19 de junio de 2023 hasta cuatro viviendas fueron objeto de intento de okupación en Bonavista. Los inquilinos ‘ilegales’ tuvieron que marcharse del lugar sin éxito gracias a la coordinación del vecindario y de los Mossos d’Esquadra, que estuvieron presentes poco después del aviso de emergencia ayudando a disipar cualquier entrada ilegal en estos pisos.
En estos casos, el intento de okupación fracasó. Sin embargo, en otras muchas ocasiones terminó con un desenlace favorecedor para los okupas. Bonavista es un municipio en el que hay casos de okupación, pero lo cierto es que el problema está generalizado por toda la demarcación. Campclar es otra zona conflictiva en este sentido. Las quejas de los vecinos son constantes. Prefieren no dar su nombre, pero sí que cuentan al Diari su situación: «Cada dos por tres tenemos algún intento de okupación de los pisos que están vacíos. Hace poco falleció un vecino y al día siguiente ya estaban intentando okupar la casa. Nos despertaron unos fuertes golpes de madrugada y mi marido salió a ver qué pasaba. Cuando los vio intentando forzar la puerta les gritó y salieron corriendo. Luego llamamos a los Mossos y nos dijeron que la única solución por el momento es esta, estar atentos».
Si se detiene la okupación todo queda en un susto. El problema viene si no se llega a tiempo. Ahí la cosa se complica. Mucho. Los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no son alentadores, ya que confirman que cada vez se tarda más en deshalojar a estos okupas. Actualmente, el plazo medio se ha ampliado hasta alcanzar 20,5 meses, entre los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia y los de las Audiencias Provinciales. Se trata de la cifra más alta de la serie histórica del CGPJ y eleva el plazo medio total en más de dos meses respecto a 2021, tras pasar de 18,1 meses a los 20,5 actuales.
En Catalunya, el plazo medio total es de 20,1 meses, siendo la quinta Comunidad Autónoma con más duración media de los procedimientos judiciales por okupación ilegal. ¿Por qué Catalunya y en consecuencia Tarragona es una de las primeras de esta particular clasificación? Manel Sosa, abogado y experto inmobiliario, responde a la pregunta: «En Catalunya hay muchas más okupación que por ejemplo en zonas del interior de España en las que apenas hay. Aquí se está siendo muy tolerante con los okupas y éstos además cuentan con grupos de apoyos muy fuertes».
Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma okupados por la okupación, reconoce que la situación es insostenible: «Conozco varios casos en Tarragona que controlamos desde la Plataforma y es una situación muy dura porque se encuentran desamparados por las administraciones».
Más allá de los datos
Sin embargo, Bravo más allá y deja claro que desde su Plataforma quiere que la okupación se repase solo desde los números: «¿Y si hubiera afectados detrás de estos datos? Lamentablemente todas las víctimas que sufrimos okupación llevamos mucho tiempo viviendo las consecuencias de este problema. Ahora se está corriendo un velo sobre las estadísticas y provocan que se le quite hierro a lo que sufrimos».
Los expertos critican que cada vez se tarde más en desalojar a un okupa. Hay diferentes razones que provocan esta situación y lo peor es que todo apunta a que el panorama no apunta a revertirse a corto plazo. Sosa revela cuál es uno de los factores clave para este retraso: «Lo primero que hay que denunciar es que los juzgados están colapsados después de varias huelgas de funcionarios y de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ)».
Sosa se refiere a dos parones en concreto. La primera la de los funcionarios de Justicia que han estado durante muchos semanas de huelga indefinida. En concreto desde el 22 de mayo hasta el pasado 4 de julio cuando han puesto fin a la huelga, aunque ya han dejado claro que retomarán el pulso cuando haya sido elegido el nuevo Gobierno. El conflicto entre los funcionarios judiciales y el Gobierno está abierto desde abril, cuando los trabajadores empezaron a movilizarse para exigir una subida salarial similar a la lograda por los letrados de la Administración de Justicia (entre 430 y 450 euros al mes). La otra es la de los ministerios de Justicia y Hacienda y Función Pública que tras dos meses de huelga firmaron el 28 de marzo el fin de la huelga y recuperar la actividad judicial normal.
Estas dos huelgas han provocado un colapso judicial que el propio Sosa vive en sus propias carnes: «Yo tengo un desahucio por falta de pago presentado en Reus desde hace un mes y aún ni se ha repartido al juzgado correspondiente».
La polémica nueva Ley de la Vivienda
Pero no solo hay este problema, otro palo en la rueda es la nueva Ley de la Vivienda que está en vigor desde el pasado 26 de mayo y que apunta a retrasar todavía más los trámites de desokupación: «Ahora se piden muchos más requisitos al demandante para poder denunciar al okupa. Tiene que justificar y pedir a la Administración un informe sobre su situación económica, y si es o no vulnerable el inquilino. Esto es un problema que hay que revertir, no puede ser que el okupante ilegal tenga tantos derechos y protección como el propietario, especialmente cuando es un particular».
Bravo está totalmente de acuerdo con este punto de la reflexión de Sosa y lanza una reflexión en la que ataca de manera frontal a los partidos políticos sin posicionarse a favor de ninguno: «Desde hace años el discurso de la okupación ha girado sobre las causas y posteriormente se ha llevado a politizar tanto que se ha llevado al extremo. Dentro de todo este discurso al final lo que vemos es que las víctimas nos hemos visto relegadas a un debate en el que no se nos considera. Las cifras publicadas generan un debate sobre si hay alarma o no, pero no se escuchan soluciones. Es una pena pero no hay partidos políticos ni medios de comunicación que hayan han tomado en cuenta a las víctimas a la hora de poder visualizar posibles nuevas soluciones».
