Las universidades públicas catalanas multiplican por cuatro cada euro de financiación pública que reciben. Es una de las principales conclusiones que se extraen a partir del informe sobre ‘El valor social de las universidades públicas catalanas. Una aproximación cuantitativa y cualitativa’, un estudio elaborado por la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) que se presentó ayer en el Paranimf de la URV.
Es la primera ocasión en la que las ocho universidades públicas catalanas ponen cifras al impacto social de estos centros, más allá del impacto económico. Y los datos que se han obtenido son reveladores. Por cada cien euros que se destinan al sistema, el retorno social integral es de 499 euros. Una cifra que, según Sílvia Ayuso, directora académica e investigadora principal de la Càtedra Mango de Responsabilitat Social Corporativa d’ESCI-UPF, debe servir para «dejar de verlo como un gasto, sino como una inversión social».
El informe se ha hecho a partir de datos relativos al año 2017 y del curso 2017-2018. Este ha tenido en cuenta el valor social económico –el que genera la actividad universitaria en colectivos con los que mantiene una relación económico, como sus empleados, proveedores o administraciones públicas– y el valor social específico –la monetización del impacto en los estudiantes, empresas del territorio y sociedad–. La suma de ambos parámetros asciende a la cifra de 3.583 millones de euros, de los cuales 1.281 correspondieron a valor social económico y 2.301 a valor social específico.
Los datos también demuestran que los estudiantes, seguido de los empleados (PDI y PAS), las empresas y entidades, las administraciones públicas, la sociedad y los alumni constituyen, por este orden, los grupos de interés que perciben un mayor retorno de este valor.
La segunda parte del estudio hace referencia a aspectos de carácter cualitativo. En este sentido, se ha tenido en cuenta la evolución de la política institucional y la responsabilidad social de las universidades. Los resultados han puesto de manifiesto algunas asignaturas pendientes, como el escaso reconocimiento de algunas de estas actividades de responsabilidad social dentro de los centros, la insuficiencia económica o las dificultades para medir el impacto social.
Algunos de los retos en este ámbito pasan por fomentar que la cultura de la responsabilidad social impregne toda la comunidad universitaria. Un aspecto sobre el que insistió Cori Camps, vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV), quien defendió el papel de la universidad «como agente de progreso cuyas actividades y estructuras tienen un impacto en el entorno y lo transforman».
Durante su intervención, la rectora de la universidad tarraconense y presidenta de la ACUP, María José Figueras, quiso poner en valor que los datos obtenidos demuestran que «las universidades no son un gasto, sino una inversión que crea un valor añadido que contribuye en el desarrollo económico y social del territorio».
Por su parte, el secretario de Universitats i Recerca de la Generalitat, Francesc Xavier Grau, valoraba la información aportada ya que «aquello que no se mide, no puede mejorarse». No obstante, el exrector de la URV se preguntaba si estos 449 euros que se generan, por cada cien euros invertidos «¿es mucho o poco?». Y añadía: «Ahora conocemos la medida y está bien saberlo, pero para poder valorar los resultados tan solo puede hacerse haciendo extensiva la metodología a otros sistemas y compararlo», concluía Grau.