Las comunidades de propietarios de los edificios Castañé y Dàlia, en el barrio de La Floresta, ya han presentado la solicitud para acogerse a las ayudas destinadas a la mejora energética de edificios en Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP). Se trata de un programa impulsado desde los fondos europeos Next Generation, que dispone de una bolsa de 8.179.512 euros. Esta inyección económica busca reducir la factura energética de estos vecinos, a la vez que prevé mejorar el confort de estas familias, dignificando unas viviendas construidas hace más de cincuenta años.
«Hemos ido a por todas, ya que el sistema promueve que cuanto más sostenibles seamos mayor será la subvención», indica Toni Peco, secretario de la comunidad de propietarios. Ambos bloques suman 48 pisos, que se construyeron a inicios de los 70. Aunque algunos propietarios han hecho reformas interiores y se instalaron ascensores y placas térmicas, el exterior es de ladrillo y no tiene ningún aislante. Una situación que quiere revertirse con un proyecto con una inversión de más de 400.000 euros por bloque.
Este contempla aislar térmicamente las fachadas y cubiertas, así como la sustitución de las ventanas por otras de doble vidrio. También se incluye la sustitución de los bajantes, que todavía son de fibrocemento, y la instalación de placas fotovoltaicas en el tejado.
La comunidad de propietarios ha contado con la ayuda de la asesoría Social House, lo que les ha permitido ir abordando cada uno de los pasos, empezando por la tramitación de la Inspección Técnica de Edificios (ITE). «Cuesta entender que la parte comunitaria también forma parte del piso», indica Peco, quien explica que «la mayoría de los vecinos son gente mayor, con unos ingresos escasos».
Esperan que la propuesta les permitirá que la subvención cubra el 70% de los gastos, lo que comportará que en diez años abonarán una derrama de entre 30 y 40 euros sobre los gastos comunitarios, que ahora son de 50 euros. No obstante, calculan que el ahorro energético que podrán alcanzar permitirá cubrir este incremento, de forma que «la reforma será gratuita para los vecinos».
El hecho que la mayoría de los pisos sean de propiedad, y no de alquiler, ha facilitado que pudiera seguirse adelante. «Hay algunas viviendas que son de bancos o de la administración, esperamos que no comporte problemas», indica Peco.
Ponen en valor el barrio
Ahora estos vecinos esperan que pronto se confirme la subvención, para acabar de negociar con el banco un crédito que les permita tirar adelante una reforma cuya finalidad es que «podamos vivir mejor, poniendo en valor el barrio».
Estas dos comunidades de propiedades de La Floresta son las primeras que han dado el paso para acceder a esta ayuda, que se otorgó en septiembre de 2022 y que se dirige a seis zonas residenciales consideradas como prioritarias como son el Eixample, Barris Maritims, Torreforta/Campclar, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador y Bonavista.
Las ayudas persiguen la eficiencia energética, pero también permiten instalar ascensores
«Hicimos un preestudio con el Col·legi d’Aparelladors para delimitar las zonas y marcamos estas porque en la mayoría de los casos son edificaciones construidas antes de los años setenta», indica Raúl Hernández, arquitecto del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes SA (Smhausa).
Los pasos a seguir son «complicados», ya que los vecinos deben estar al corriente de los pagos y las edificaciones deben disponer de la ITE y de los correspondientes certificados energéticos. Asimismo, pueden incluirse otros aspectos, como la instalación de ascensores. El procedimiento obliga a las comunidades a hacer un preestudio para determinar las actuaciones para alcanzar los objetivos de eficiencia. En función de estos, los propietarios podrán conseguirse una subvención de hasta el 80% del importe total, según el coeficiente de reducción.
Un tercer actor
Para acompañar a las comunidades en todo este proceso, desde Smhausa se ha contratado a la empresa GNE Solutions, especializada en impulsar iniciativas de rehabilitación energética. «Las comunidades lo primero que quieren saber es qué les tocará pagar y hemos visto que esta es la forma de que puedan tener un precio orientativo, ya que después pueden pedir una subvención a la Generalitat para la redacción del proyecto», indica desde la empresa municipal de vivienda, Elga Molina.
Uno de los encargos que tiene GNE Solutions es hacer un estudio orientativo de un edificio en cada una de las zonas, para valorar los costes y que después este pueda replicarse en otras comunidades, teniendo en cuenta que las características de los inmuebles en un mismo barrio son muy similares. Asimismo, otro de los objetivos es que «nadie se quede atrás y que los sectores de población más vulnerables puedan sentirse apoyados», indica el gerente de esta compañía, Eduard Puig.
«Hemos ido a por todas, ya que cuanto más sostenibles seamos mayor será la subvención»
En estos casos el importe de la subvención obtenida puede cubrir hasta el 100% de los gastos. «Se ha planteado para aquellos casos en los que hay un porcentaje pequeño de familias, que no puedan asumirlo, por tal que no suponga un bloqueo para el conjunto de la comunidad», expone.
En esta fase preliminar lo que se está haciendo es hablar con las asociaciones de vecinos, entidades del barrio, APIs y demás técnicos para intentar llevar los beneficios del programa a cuanta más gente mejor. «El objetivo es que los vecinos vean la oportunidad, ya que podrán ahorrarse un dinero en la factura energética, además de mejorar su confort», indica Puig.
«El objetivo es que nadie se quede atrás y que los sectores más vulnerables puedan sentirse apoyados»
La función de esta compañía será acompañar a las comunidades en todos los pasos que deben darse para completar el proceso explorando los diferentes canales, ya sea a nivel técnico o económico. De esta forma va a definirse un escenario «óptimo», que permita que «con el mínimo desembolso pueda captarse el máximo importe de subvención posible». Además de definir las actuaciones, se estudiarán las diferentes vías para la financiación, que cuentan con subvenciones y bonificaciones fiscales.
Un caso
Puig expone a modo de ejemplo lo que puede suponer para un propietario. Para alcanzar un ahorro que permita obtener el 80% de la subvención estamos hablando de que la inversión realizada se sitúa entre 24.000 y 28.000 euros. Esto comporta aislar las fachadas, la cubierta y cambiar los cerramientos. También podría incluirse una instalación fotovoltaica. En base a esto, la cantidad que puede obtenerse oscila entre los 18.800 y los 21.400 euros. Esta diferencia es la que acabarán pagando los dueños en forma de derrama, lo que puede representar una suma de entre 50 y 80 euros mensuales, que explorando las diferentes vías de financiación podría pagarse a ocho o diez años, mientras el propietario ya se beneficiará de la reducción de la factura energética.
Puig explica que algunas entidades financieras incluso ofrecen una carencia de dos años, en los que no se amortiza el importe, sino que tan solo se pagan los intereses, de forma que cuando se haya recibido el 100% del importe de la subvención se paga la diferencia.
Los fondos podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de este de 2024 y dos años más tarde las obras deberán estar acabadas.