Las prestaciones de urgencia para poder pagar una vivienda se han disparado en los últimos años en Tarragona. Así lo reflejan las diferentes memorias de la Agència de l’Habitatge de Catalunya. Desde 2019, las ayudas para pagar el alquiler se han incrementado un 14% en la provincia, pero aún lo han hecho más las subvenciones de especial urgencia, aquellas que han venido a socorrer casuísticas especialmente acuciantes. Son menos numerosas pero tienen un mayor incremento: de 215 a 414, casi el doble, reflejo de cómo las dificultades económicas impiden a las familias tener un techo.
La doctora Núria Lambea, investigadora de la Cátedra Unesco de la Vivienda de la URV, cree que en los últimos tiempos se ha desvirtuado el concepto de vivienda asequible. El fomento de VPO ha quedado desplazado en buena medida por otras prioridades. «En los últimos años los programas se dirigen a colectivos más vulnerables. Hemos pasado de políticas más económicas a más sociales. Antes estaban dirigidos a unas franjas más grandes de población, con niveles bajos pero también medios. Ahora lo poco que se hace va a resolver emergencias, a colectivos mucho más frágiles», explica Lambea, lo que genera otro tipo de exclusión: «Hay población que queda fuera, porque los alquileres están como están, y por tanto se quedan ahí en un limbo, entre el mercado público y el libre, al que cuesta mucho acceder. Es una problemática no solo a nivel catalán y español, de población de ingresos medios que no puede acceder».
«Dar respuestas rápidas»
La Generalitat, de hecho, admite que su filosofía actual ha ido dirigida en una buena parte a paliar la emergencia. «La actuación en política de vivienda ha estado marcada por la necesidad de dar respuestas rápidas ante los retos de la pandemia», relataba el ‘Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya’ de 2021.
«Nos llegan familias que tienen muchos problemas para pagar por culpa de la subida del euríbor», admite Fina Sánchez, portavoz de la PAH Tarragona
La secretaria de Habitatge y presidenta de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, la reusense Marina Berasategui, admite en los últimos años una concatenación de «problemas de diversa naturaleza e intensidad», como la «grave falta de parque de vivienda de alquiler social o el importante número de casos de exclusión residencial de emergencia».
Berasategui reconoce en la última memoria que «se han reforzado las ayudas al pago de la vivienda, que han incorporado las específicamente dirigidas a jóvenes, o las prestaciones urgentes y los instrumentos de mediación, que han visto incrementado su peso».
La PAH Tarragona nota un aumento de hogares impactados por el alza de los tipos de interés
La memoria indica que en 2022 «se ha hecho un esfuerzo económico importante para hacer frente a las ayudas para pagar el alquiler a las personas con dificultades». El informe hace énfasis en ese tipo de prestaciones de urgencia, cuya finalidad es «dejar sin efecto la acción de desahucio judicial por impago del alquiler o de embargo de vivienda por impago de cuotas hipotecarias, y posibilitar la permanencia continuada de la persona solicitante y de su familia». Todas las ayudas al alquiler en Tarragona crecen de 16,7 millones a 20,4 en el último año. En el global de Catalunya también hubo un aumento, de 120 millones a 175.
En el global catalán, las prestaciones de urgencia han pasado de 1.737 en 2019 a 3.247 en 2022. De la misma forma, las ayudas totales para pagar la vivienda han crecido de 61.054 a 78.082.
«Hay un importante número de casos de exclusión residencial de emergencia», reconoce la reusense Marina Berasategui, presidenta de la Agència de l’Habitatge de Catalunya
La emergencia habitacional no ha cesado nunca. Lo reconoce, por ejemplo, la PAH. «Es una barbaridad lo que han subido los precios en Tarragona y en los municipios cercanos, la gente no puede hacerse un proyecto de vida porque no pueden costearse esos alquileres», indica Fina Sánchez, portavoz de la entidad en Tarragona.
Hogares en apuros
Los apuros no conciernen solo a los arrendamientos. La PAH interviene negociando alquileres sociales cuando se acumulan los meses de impagos de hipotecas. La entidad ya percibe el impacto de las subidas de tipos: «Nos están llegando ya muchas familias que tienen problemas para pagar por culpa del euríbor, con subidas de 200, 300 y hasta de 400 euros en las cuotas de cada mes».
Sánchez apunta que «ya se está viendo a gente muy asfixiada, nosotros no podemos intervenir hasta que no lleven un año sin pagar, pero nos preocupa porque cada vez vemos más casos, y esto va a ir a más, va a ser una tendencia al alza durante todo el año». A eso se añaden emergencias también palpables como la violencia de género o las necesidades de refugiados de la guerra de Ucrania.
A finales de 2022 había 3.240 familias tarraconenses en espera para acceder a una vivienda protegida, un 23% más que un año atrás, 2.638
La propia Marina Berasategui, desde la Agència de l’Habitatge, admite estas coyunturas en contra, tales como «las dificultades de emancipación, el comportamiento adverso del mercado de alquiler o más recientemente la crisis inflacionista y su impacto en las posibilidades de acceso efectivo a la vivienda de una parte importante de la población».
Más lista de espera
Todo ello sucede mientras sigue alargándose la lista de espera de una VPO. Un total de 3.240 familias en la provincia están esperando para acceder a una vivienda pública, según datos de la Agència de finales de 2022. Es un 23% más que un año antes. Las altas se han disparado un 31%. La evolución es desigual según el municipio. La cifra de solicitantes ha crecido casi un 23% en Tarragona capital, baja ligeramente en Reus, pero se dispara aún más en poblaciones como Cambrils (un 41,3%) o El Vendrell (casi un 35%).
En 2021 hubo en Tarragona 1.674 altas de hogares para inscribirse en la lista de VPO y en 2022 la cifra se disparó un 31%, hasta las 2.200
Lambea, desde la URV, diagnostica que «en lugar de fomentar la construcción hemos ido a programas de captación de vivienda vacía. El poco financiamiento ha ido para buscar esos inmuebles que ya existían, y así salía más a cuenta». Durante todo 2022 no se inició ni un solo piso de protección oficial en la provincia, aunque de enero a marzo se empezaron 138.