La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas ha instado a la Generalitat a que rectifique su política penitenciaria. Según ha avanzado Catalunya Ràdio, la síndica pide al Departament de Justícia que reconsidere las restricciones aplicadas a algunos internos para poder trabajar en las prisiones.
El origen de todo esto es el asesinato de una cocinera en la prisión de Tarragona, el centro penitenciario de Mas d’Enric (El Catllar) el pasado 13 de marzo por parte de un interno que cumplía una pena por asesinato.
A raíz de esos hechos, y tras el cambio de Govern en la Generalitat, el Departament de Justícia aprobó en agosto una circular que impide que los presos condenados por delitos que hayan resultado en muertes o lesiones graves puedan trabajar dentro de las prisiones.
Ahora, la síndica ha emitido una resolución en la que considera que esta premisa representa una exclusión generalizada y no sigue los principios de reinserción: «Estas personas tienen derecho a la reinserción. Legislar en caliente por un caso en concreto no es la mejor forma. Se debe analizar a fondo qué medidas reales se deben tener en cuenta para que esto no vuelva a ocurrir».
En su resolución, la síndica deja constancia de varios presos que perdieron su trabajo a raíz de la circular de la Generalitat. Esther Giménez-Salinas también recuerda que la política penitenciaria y el acceso a los puestos de trabajo no pueden estar determinados por el tipo de delito cometido, un aspecto ya previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria y en el reglamento penitenciario.
Perjuicio económico para las familias
El pronunciamiento de la síndica llega después de que una decena de entidades de derechos humanos haya reclamado al Departament de Justícia la retirada de la circular. La Asociación de Familiares de Presos lamenta las consecuencias que esto ha tenido para los internos.
Gracia Amo, portavoz de la asociación, explica: «Los presos pierden la posibilidad de ayudar económicamente a sus familias y también la posibilidad de pagar su responsabilidad civil, lo que retrasa que puedan beneficiarse de permisos e incluso de la libertad condicional».
David Aranda, miembro de Arrels Advocats, representa a las diferentes entidades de derechos humanos que exigen a la Generalitat que permita trabajar a todos los presos. De momento, solicitan que se compense a los internos afectados desde el pasado agosto: «Es necesario encontrar una solución para los internos despedidos y buscar la forma de resarcirlos».
Estas mismas entidades esperan que Justícia responda positivamente a la resolución de la síndica, aunque no son muy optimistas. Recuerdan, por ejemplo, que la Generalitat aún no ha seguido las recomendaciones que Esther Giménez-Salinas realizó hace más de un año sobre las contenciones mecánicas y las inmovilizaciones de internos en las prisiones.
En ese informe, la síndica criticaba que, a menudo, estas inmovilizaciones tienen una duración «muy superior a lo imprescindible y no siempre plenamente respetuosa con los más altos estándares de los derechos humanos». Indicaba, por ejemplo, que si la contención se aplica por la noche, se tiende a mantener a la persona inmovilizada hasta el día siguiente, incluso si se muestra tranquila y duerme prácticamente toda la noche.
Respecto a la petición para que se permita trabajar a todos los presos, fuentes oficiales del Departament de Justicia han explicado a Catalunya Ràdio que no tienen constancia de que la síndica de greuges haya emitido ninguna resolución en este sentido.
