El Ayuntamiento de Tarragona concedió la pasada semana la licencia de obras a la empresa DomusVi para construir la nueva residencia privada para gente mayor en el solar municipal de la Vall de l’Arrabassada. Así lo indican al Diari fuentes municipales, las cuales recalcan que se trata de un tema «de trámite» porque es una licencia «reglada».
De hecho, ya se pueden ver máquinas desde hace días en el solar situado entre las calles Mercè Rodoreda y Llorenç Vilallonga. En este sentido, la compañía DomusVi asegura a este periódico que ya ha dado los primeros pasos para iniciar los trabajos de movimiento de tierras, que son previos a la construcción del edificio. En global, la empresa invertirá un global de 10,5 millones de euros en el equipamiento, que se espera que pueda entrar en funcionamiento a finales de 2023.
Adjudicación por 50 años
La construcción de esta residencia no ha estado exenta de polémica desde 2018, que es cuando se inició el proceso, aún con el gobierno de Josep Fèlix Ballesteros (PSC) en la Plaça de la Font. El motivo es que la instalación se alzará en la finca en la que en principio estaba previsto ubicar la escuela pública del barrio de Llevant, que al final se edifica en otro terreno cercano.
Por ello, en el planeamiento vigente se concreta que el terreno –que cuenta con 10.473 m2 de superficie– estaba calificado como de uso educativo. De hecho, el Consistorio llevó a cabo la adjudicación del uso del terreno en 2019 –ya con Pau Ricomà (ERC) en la alcaldía– con la condición de que la empresa ganadora debía tramitar el Pla Especial para recalificarlo y permitir que se incluyera la actividad sanitaria. Este paso se dio en septiembre de 2020, cuando la administración municipal avaló el plan de DomusVi por silencio administrativo. Esta compañía, que a mediados de 2020 se vio salpicada por la polémica de la primera ola de la pandemia, gestionará el recinto durante cincuenta años, a cambio de un canon de 135.000 euros anuales.
La CUP se opone
La concesión del permiso no ha sentado bien a uno de los socios del gobierno municipal –la CUP– que desde hace años se opone a una operación «que ya dejó prácticamente blindada el PSC». «ERC ya se mostró favorable a esta iniciativa durante el mandato anterior, pero lo que nos sorprendió fue que, en 2019, ECP y ERC aprobaran la adjudicación a DomusVi en Junta de Gobierno», indica la portavoz cupaire, Eva Miguel, quien recuerda que en 2021 su formación solicitó un informe jurídico al secretario general «para saber el margen que había para poder paralizar este proyecto, más con las denuncias que tuvo esta multinacional por la Covid». El trabajo del alto funcionario, sin embargo, dictaminó que las vías para frenar el proceso «eran muy escasas», debido «a la aprobación de septiembre de 2019» del gobierno en minoría que en ese momento formaban Esquerra y En Comú Podem.
Precisamente, desde ECP su portavoz –Carla Aguilar– afirma que «nuestro espacio político está absolutamente en contra de una residencia privada. En Tarragona tenemos una enorme carencia de plazas públicas en residencias. Creemos que deben agotarse todas las vías posibles para paralizar estas obras, y el proyecto en sí». Por ello, la edil anuncia que –pese a avalar la operación cuando estaba en el ejecutivo de la Plaça de la Font– «será prioritario para nosotros que el gobierno haga un informe jurídico para asegurar que, en caso de que deban mantenerse las obras, se hayan agotado las vías jurídicas para detenerlo». A juicio de Aguilar, «debe apostarse por una residencia pública en la ciudad y ofrecer un solar municipal a la Generalitat para poder hacerlo», a la vez que «impulsar las cooperativas senior que pueden ampliar el abanico de opciones de vivienda par la tercera edad y los cuidados».
