La reforma del Port Esportiu de Tarragona, en peligro

El Port Esportiu vuelve a estar en el foco y esta vez no es por la fiesta hasta altas horas de la madrugada, con los problemas de seguridad y convivencia de hace veinte años. La inversión que debía hacerse para recuperar y dinamizar las instalaciones está en el ojo del huracán y el conflicto que enfrenta las diferentes partes no allanar el camino de cara a una transformación que debía servir para dejar atrás los años de decadencia y abandono.

Ahora mismo, la segunda fase de obras que tiene que hacerse de acuerdo con la prórroga de la concesión hasta 2035 está parada, después que estas se habían puesto en marcha sin la licencia pertinente, por parte del Ayuntamiento de Tarragona. Este varapalo comporta una nueva demora en unos trabajos que deberían haber finalizado en junio del año pasado.

Todo apunta a que tendrá que autorizarse una nueva fecha, ya que las escasas semanas que quedan hasta el 30 de junio –cuando vence el nuevo plazo– serán insuficientes para la reforma de los viales, además del traslado del varadero y la gasolinera. Unas actuaciones por valor de 1,7 millones de euros, que es la cifra que deberá invertirse en esta segunda fase de acuerdo con el plan aprobado.

Las dificultades que están presentándose por el camino siembran las dudas respecto qué pasará con la tercera fase que, con un presupuesto de más de dos millones de euros, prácticamente representa la mitad de los 4,7 millones que se inyectarán en las instalaciones. «Si no se hace esta última parte del proyecto hay el riesgo de perder la prórroga de la concesión, ya que no se habría cumplido con el compromiso y ahora mismo no está claro que pueda ejecutarse», afirman desde la Associació d’Amarristes del Port Esportiu de Tarragona.

Al juzgado

Este colectivo, junto con una parte de los localistas descontentos, lleva meses con un intenso pulso con la cúpula directiva de la sociedad Nàutic Tarragona SA, que es la empresa gestor a de las instalaciones. De hecho, en las próximas semanas se espera que se pronuncie el juez sobre si abren diligencias previas, y por tanto se incoa o se archiva el caso, a raíz de la demanda presentada contra el Reial Club Nàutic a quien se le acusa de insolvencia punible, administración desleal y delito societario.

En paralelo, los amarristas avanzan que están presentando una segunda demanda civil por un lado contra del club, mientras que por el otra se pone en tela de juicio el papel de la sociedad gestora, es decir, el Nàutic Tarragona SA. Al primero se le acusa de un «incumplimiento» de un acuerdo entre ambas partes, después que es los amarristas «aportábamos un dinero para la compra de unas acciones y a cambio se nos ofrecía un precio proporcional al coste del proyecto», explica el presidente de la asociación, Augusto Vallvè.

Estos también se muestran en desacuerdo con que, con los cambios previstos, el club «se quedará con aproximadamente el 30% de la superficie» de las instalaciones, mientras pagará una «cuota irrisoria, de 4.000 euros al mes».

¿Quién paga la fiesta?

El plan de viabilidad que hizo la sociedad gestora pone negro sobre blanco sobre cómo quiere financiarse el proyecto y qué corresponde a cada una de las partes. Así, por ejemplo, si nos fijamos en el año 2025, que será el primero completo desde esta prórroga de la concesión, puede verse como los ingresos recaudados con la venta y alquiler de amarres deberían alcanzar los 1,2 millones, los locales otros 394.661, los pañoles 208.362, mientras que la parte correspondiente al Real Club Nàutic asciende a 48.000 anuales.

«Todo el espacio que ocupa la marina seca, el varadero y la gasolinera se lo quedan ellos, además de la parte final de los viales, donde habrá nuevas pistas de pádel, y el edificio actual, con la zona de vela, el gimnasio y el bar», expone Vallvè. En cambio, el plan no dice nada respecto a los ingresos que podría reportar la gestión del varadero.

Este documento también ha despertado las alertas ya que se hace una previsión en cuanto al alquiler de amarres y pañoles, muy por encima de los niveles que se habrían asumido, teniendo en cuento que algunos propietarios han decidido llevar el barco al puerto de Torredembarra o Roda de Berà. «A fecha de 19 de marzo habían vendido 100 y otros treinta estaban interesados en continuar, sin embargo, en ningún caso podrá llegarse a la aportación esperada, ya que la mayoría de la gente no quiere contratos de doce años, sino de cinco, entre otras cosas porque ya tienen una edad avanzada y es un aspecto que no se ha tenido en cuenta», indica el secretario de la Associació d’Amarristes, Joan Canals.

¿Y después qué?

A finales de 2025 debe estar acabada la totalidad de la reforma, con una tercera fase que todavía podría registrar cambios respecto a la previsión inicial. «Es un proyecto vivo», indica el abogado del Nàutic Tarragona SA. Uno de los elementos que se está «revisando» es si finalmente acabarán derribándose los locales del ala perpendicular a la playa del Miracle, donde se preveía ampliar una zona de aparcamiento.

En todo caso, la sociedad deberá mantener su compromiso de inversión y buscar alternativas, como podría ser una zona con instalaciones fotovoltaicas. No obstante, una de las principales preguntas que está encima de la mesa es si Nàutic Tarragona SA podrá mantener su compromiso de inversión, teniendo en cuenta que no se estarían cumpliendo las previsiones iniciales. Y aquí todos los ojos se centran en qué papel ejercerá la Autoritat Portuària de Tarragona (APT), que es el segundo socio mayoritario, con un 35% del accionariado.

Economía azul

Las miradas están puestas en el papel que puede o está ejerciendo el Port de Tarragona, teniendo en cuenta que este tiene que deshacerse de su participación en la sociedad, de acuerdo con lo que fija Puertos del Estado y ya se comunicó desde esta institución.

De momento, el organismo que preside Saül Garreta ha ido validando todos los pasos que se han dado y estaría incentivando un acuerdo, a través de Apport, para hacerse con algunos de los locales y destinarlos a actividades relacionadas con la economía azul. Mientras unos ven un ‘rescate encubierto’, el Nàutic ve la oportunidad de generar un nuevo dinamismo económico, acorde con la apuesta que se está haciendo desde el enclave tarraconense para generar nuevas oportunidades de negocio. Otra sombra de duda que de momento no tiene respuesta.

El peor escenario

El abogado de la empresa, se muestra convencido que la hoja de ruta que fija el plan de viabilidad no genera «ninguna duda». «Si hacemos un DAFO, uno de los puntos fuertes es a nivel de comercialización e ingresos, mientras que en el apartado de las debilidades estaría que no se están cumpliendo los plazos de las obras, pero esta demora, si los números van saliendo, no lo veo como un punto débil».

La sociedad gestora «no contempla» que pueda perderse la concesión. «Deben darse unas circunstancias remotas que no contemplo, aunque sí que consideramos que deberemos tener cintura para abordar los problemas que puedan presentarse», indica Luis Salas.

La pugna está servida. Algunos amarristas que se han ido habrían dejado de pagar los recibos, lo que podría condicionar la solvencia. Mientras tanto, plana sobre el Port Esportiu el precedente de los kuwaitíes, cuando perdieron la concesión de la Marina Tarraco. La polémica está servida.