«¿Qué está sucediendo en el Port Esportiu de Tarragona?», es la pregunta que lanzan algunos de los propietarios y arrendatarios de los locales de esta zona deportiva y de ocio de la ciudad, después que algunos establecimientos han recibido en las últimas semanas una carta en la que se les informa que en los próximos días deberán abandonar el local.
La comunicación llegaba desde el Nàutic Tarragona SA, que el pasado 24 de marzo renovó para otros doce años la concesión para la explotación de unas instalaciones a las que se busca dar un nuevo rumbo para dejar atrás años de decadencia y ensimismamiento.
Las nuevas condiciones han puesto en pie de guerra a una decena de afectados entre los que se encuentra la responsable del Mojo Club, una sala de conciertos que el pasado 22 de febrero fue informada de que este negocio no cabía en el nuevo Port Esportiu. «Dicen que no quieren ocio nocturno y que la música en vivo molesta, cuando llevamos seis años haciendo cultura, con conciertos de pequeño formato», indica esta restauradora, que ahora mismo está «en fase de desalojo».
Una situación similar vive Sajjad Alí, que en el año 2008 pagó unos 300.000 euros por un local en el que instaló un kebab. Ya en 2015 estuvieron a punto de desahuciarlo porque la persona a quien tenía alquilado el espacio «no pagaba». Asegura que en aquellos momentos ya lo «chantajearon» para firmar un nuevo contrato y ahora tiene una orden para echar el cierre, que afirma que llega porque «no quieren este tipo de establecimientos, ya que da una mala imagen».
Los afectados aseguran que en total son unos cinco los propietarios que habrían recibido esta comunicación. Algunos de estos empresarios como el del Brisa –que tiene el espacio alquilado desde que se jubiló– afirman que la intención es la de «continuar ahí e intentar subsistir como sea». No obstante, esta ha sido la gota que ha colmado el vaso de unos empresarios que aseguran que desde la dirección del Nàutic Tarragona SA se está actuando con «arbitrariedad», «opacidad» y sin «voluntad de negociación».
Los dueños denuncian que en algunos casos les han subido los precios en más de un 1.000%
El malestar es evidente y en parte llega también por el incremento de los precios del alquiler, que aseguran que ha sido de entre un 500 y un 1.000%. Así lo explica el dueño de uno de los establecimientos, que afirma que «he pasado de pagar 556 euros trimestrales por la terraza a que pretendan que pague 7.034, y si no acepto que coja y me largue».
Esta nueva política de precios también llega acompañada de unas condiciones contractuales «difíciles de asumir», que están llevando a que algunos locales emblemáticos hayan decidido bajar la persiana.
Mientras los restauradores hacen esta reivindicación, en la parte de abajo ya está en marcha la segunda fase de obras, que debe permitir ampliar la zona de aparcamiento, para los usuarios del Port Esportiu. Las máquinas están trabajando para este cambio de imagen en el que en total se invertirá la cifra de 4,2 millones, que es la que se ha fijado para la renovación de la concesión.
Esta inyección económica debe abrir una nueva etapa para unas instalaciones que están lejos del esplendor de los noventa e inicios del nuevo milenio. De la sesentena de propietarios tan solo una docena forman parte de la generación que arrancó esta aventura hace más de treinta años, el resto ha comprado más tarde o son arrendatarios.
De los más de 7.000 metros cuadrados de zona comercial, una parte significativa está cerrada, mientras se están intentando potenciar nuevos negocios vinculados a la economía azul y la náutica. Pese a ello, los localistas no son los únicos que se han puesto en contra del Nàtic Tarragona.
Rechazada la propuesta
Los amarristas –que representan el 5,57% del accionariado de la sociedad Nàutic Tarragona SA– celebraron ayer por la tarde una asamblea en la que tumbaron la última propuesta para intentar alcanzar un acuerdo. Esta llega después que está en trámite una querella interpuesta por la asociación que representa a este colectivo, en la que se acusa al conjunto de la junta del Reial Club Nàutic de tres delitos. Estos son insolvencia punible, administración desleal y delito societario, después que el club –que posee el 55,665% del accionariado– ejerce de «administrador único» del Nàutic Tarragona SA.
Los amarristas no aceptan la nueva política de precios para la compra de pañoles y amarres, que incluye un 15% de descuento sobre la oferta que se presentó en su día. Y es que las condiciones que se han fijado, y que no han conseguido que queden por escrito, establecen que el colectivo deberá retirar la querella y ceder su parte de las acciones a la empresa Nàutic Tarragona SA.
La nueva política de precios de la sociedad concesionaria está llevando a un «éxodo de embarcaciones» que se están decantando para puertos vecinos, como el de Torredembarra, apuntan los amarristas. Pese a ello, el abogado que representa a esta empresa, Luis Salas, asegura que «Nàutic Tarragona SA no puede comercializar locales y amarres a bajo coste». Este afirma que las diferencias son a causa de motivos «estrictamente económicos», en los que no se tiene en cuenta que «tienen que generarse 4,5 millones de euros» para abordar las obras.
Salas reconoce que «quizás no hemos sabido explicarnos suficientemente bien». No obstante, se escuda en que es un proyecto que ha sido validado por la Autoritat Portuària de Tarragona, por lo que «si hubiera arbitrariedad o algún tipo de criterio que no tuviera un sentido, desde el puerto no nos habrían dado otros doce años de concesión». En cuanto al orden de cierre de los negocios afirma que todos ellos «han incumplido» en algún momento el reglamento de régimen interno. Finalmente, Salas manifiesta que «por responsabilidad, el Port Esportiu tiene que ser solvente y poder dar respuesta a sus obligaciones».