La Fiscalía Provincial de Tarragona pide que los 15 acusados por el caso Inipro –entre los que se encuentran el alcalde en funciones, Josep Fèlix Ballesteros, y la portavoz del gobierno municipal en funciones, Begoña Floria– lleguen a juicio oral por la presunta financiación ilegal del PSC. Según ha podido saber el Diari, el Ministerio Público se opone a las peticiones realizadas por parte de los investigados en sus recursos de reforma, en los cuales pedían el archivo de las investigaciones y la nulidad de diferentes pruebas realizadas durante la fase de instrucción de la causa.
De hecho, en su petición ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, Ballesteros alegó que el auto en el que se le imputan ocho delitos supone un «acto de orfebrería», determinando que «las conclusiones que se arrojan son infundadas, especulativas y contradictorias».
En concreto, al político socialista se le imputan los delitos de alteración de precios en concursos y subastas públicas, falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública. Asimismo, el líder en funciones resalta en el recurso que los hechos que se le atribuyen «no son delictivos». Pese a ello, la CUP –que actúa como acusación popular– le pide 13 años de prisión, además de otros diez para Begoña Floria.
Comparación con el caso ‘Noos’
Ahora, el fiscal Ángel Villafranca compara el caso tarraconense con el polémico Noos y critica que las defensas de los acusados «pretenden una sentencia absolutoria anticipada sin la práctica de pruebas», en un principio que «esta parte no puede compartir».
El Ministerio Público lamenta que los recursos «plantean una visión fragmentada» de la situación. «Los delitos complejos como los que nos encontramos, que tienen un proceso temporal largo, requieren de una visión de conjunto de todas las acciones realizadas», afirma el fiscal, quien denuncia la «parcialidad» de una impugnación «limitada en exclusiva a la actuación atribuida al recurrente, buscando la descontextualización sobre el plan general trazado».
El letrado de Ballesteros critica que la imputación al alcalde es «infundada y especulativa»Por lo que se refiere a las peticiones de las defensas para anular pruebas, la Fiscalía concreta que éstas deben ser «desestimadas» por «extemporáneas», ya que esta fase «tiene un momento procesal concreto para su alegación», como es «el inicio del juicio oral», cuando el juez «abrirá un turno de intervenciones para que las partes puedan exponer lo que consideren oportuno sobre la nulidad de las actuaciones». Que se hiciera ahora sería, según el fiscal, evaluarlas antes de tiempo.
Finalmente, por lo que se refiere a la petición de cuatro de los acusados para desestimar el examen del disco duro que un funcionario municipal entregó a la Guardia Civil con correos electrónicos entre el Ayuntamiento y la empresa Inipro –que la defensa califica como de una prueba «ilícita»–, el Ministerio Público discrepa de ello, al entender que «existía una resolución judicial habilitante que nunca fue revocada». La Fiscalía recuerda, además, que la Policía Judicial, tras recibir el soporte informático, «lo puso inmediatamente en conocimiento del juez para que el magistrado concediera el permiso para el volcado de la información».