De comprar pisos a comprar edificios enteros. La presión del negocio de los pisos turísticos en la Part Alta no se ha reducido, pese a que hace más de un año que vige la moratoria en la concesión de nuevas licencias que impide otorgar nuevos permisos para este tipo de alojamientos.
Cuatro de cada diez pisos del centro histórico disponen de una licencia de uso turístico, según datos del Ajuntament de Tarragona.
Es una cifra muy por encima del tope que la Generalitat considera óptimo: el decreto para limitar esta actividad establecía un máximo de diez viviendas de uso turístico por cada cien habitantes, para impedir que el número de pisos turísticos reduzca el parque disponible para uso residencial y perjudique el acceso a la vivienda o la pérdida de espacio residencial.
«Que tengan la licencia no significa que operen. Son cosas muy distintas», aclara el concejal de Territori, Nacho García Latorre. La administración local desconoce cuántos pisos con licencia turística se dedican a esta actividad o al alquiler convencional, por lo que ahora busca poner negro sobre blanco alrededor de una situación que «expulsa a la gente del barrio», según los vecinos.
Este es uno de los temas que ha empezado a abordar la plataforma Som Part Alta, que comenzó a caminar hace unos meses para denunciar los principales problemas del barrio, entre ellos el acceso a la vivienda y los pisos turísticos. El colectivo, que ya ha empezado a organizarse, creará una comisión para este ámbito específico.
Enric Llevat y Pepa Sanjuan Pérez encabezan este grupo. «Estamos en un momento crucial porque con el inicio de la pandemia se sacaron muchos pisos del mercado, que pasaron a alquiler convencional, y ahora acaban los contratos de cinco años que se firmaron. Los dueños de los pisos pueden recuperarlos», argumenta Sanjuan Pérez.
Vecinos expulsados
Esta situación ya está provocando una primera oleada de burofax que reciben los vecinos de edificios enteros. En esas cartas se les informa que en las próximas semanas tendrán que abandonar sus casas. Se tiene constancia de al menos tres bloques con afectados. Dos de ellos en la calle Pare Iglesias y un tercero en la calle Merceria, esquina Plaça de les Cols.
«Han mandado las cartas, pero tampoco se sabe qué quieren hacer los propietarios», dice una vecina, quien apunta que este es un tema que genera recelo, ya que en algún caso incluso se ha intentado incentivar a los afectados ofreciéndoles dinero para que abandonen la vivienda.
«Desde que han empezado a comprar bloques enteros se complica que podamos seguir viviendo en el barrio. Hay mucha gente mayor entre los afectados. Al final solo quedan tiendas de souvenirs. Debemos intentar que la Part Alta no se convierta en un parque temático», indica Sanjuan Pérez.
En la última década se ha registrado un descenso de la población en el ámbito de la Part Alta
Los últimos datos de población municipales corresponden a 2022. El número de vecinos censados en el núcleo histórico es de 4.135 personas, un 2,9% de la población total de la ciudad de Tarragona. El barrio ha perdido peso demográfico en la ciudad en la última década. Tarragona ha pasado de 134.760 habitantes en 2012 a 141.056 en 2022, mientras que la Part Alta ha registrado un balance negativo en el mismo período y cuenta con 67 personas menos en su padrón municipal.
El registro del censo electoral confirma esta tendencia. En las elecciones locales de 2023 estaban llamados a las urnas 2.542 vecinos de esta parte de la ciudad. En 2003 eran 3.021 electores. En la década de los años 1980, cuando se inició el declive del barrio, los votantes censados ascendían a 5.277 personas. Es una pérdida del 48%.
Mientras la población de la Part Alta ha ido en retroceso, los precios del alquiler en el barrio se han situado ya en un promedio de unos 850 euros. Entre tanto, además, de las más de 2.000 licencias para pisos de uso turístico de la ciudad, cerca del 30% se ubican en la Part Alta.
Alquiler tensionado
En este contexto, el concejal de En Comú Podem, Jordi Collado, lamenta «la compra de edificios por fondos de inversión, que supone un nuevo salto y la demostración que la ciudad necesita normas claras y políticas efectivas para proteger dos de sus barrios más emblemáticos».
Las ciudades con alquiler tensionado deben aprobar un plan para limitar los pisos turísticos
Collado habla del barrio del Serrallo, la Part Baixa, otro barrio donde, con el núcleo histórico de la ciudad, es más que evidente la presión del negocio de los pisos turísticos. «Intervenir o no es cuestión de voluntad política y hay un acuerdo que, o se aplica o la situación se desbordará», indica el concejal.
En Comú Podem pactó con el gobierno municipall una regulación de esta actividad, que después se enmarcó dentro del proceso que abrió la Generalitat. Se fijó un periodo hasta 2028 en el que los ayuntamientos con un mercado del alquiler tensionado –como es el caso de Tarragona– deben redactar y aprobar un plan especial para limitar el número y la actividad de los pisos turísticos.
En estos momentos está en fase de redacción el pliego para el concurso que debe seleccionar la agencia que se encargará de redactar ese plan.
«Los objetivos todavía no los hemos definido, pero esta fase debe servir para determinar unos límites en las áreas que están tensionadas –que ya sabemos que son la Part Alta y la Part Baixa–, y ver en qué zonas de la ciudad puede permitirse el crecimiento de viviendas de uso turístico y dónde tenemos que ir hacia el decrecimiento», argumenta el cuarto teniente de alcalde.
El año que viene se conocerá el contenido del plan especial, que se incorporará al POUM
El Ajuntament de Tarragona asegura que, en el momento en el que se defina el peso de las viviendas de uso turístico, se hará de forma conjunta con el Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes (Smhausa), teniendo en cuenta «las necesidades de vivienda de los barrios». De momento, todo apunta que en zonas como La Móra –que aparece en las estadísticas como el tercer barrio con más licencias– esta regulación no se traducirá en una reducción del número de pisos turísticos, teniendo en cuenta que «la mayoría son segundas residencias y, por tanto, no vemos la necesidad» de hacerlo, indica el mismo García Latorre.
El Ajuntament calcula que el año 2026 ya tendrá a su disposición este plan especial, que se incorporará al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que también está en fase de redacción.
Para Jordi Collado, esta regulación llega tarde. «Todos los informes desarrollados por la URV, ya sea desde la Càtedra de l’Habitatge, la pel Foment de la Innovació o la Facultat de Turisme, dicen que tenemos diferentes problemas con el turismo: desde la masificación a la Part Alta o que limita la diversificación económica del territorio. Algunos miembros del gobierno municipal lo admiten en privado y lo niegan en público. Son como el doctor Jekyll y míster Hyde», lamenta.
