La cárcel de Tarragona cambia la normativa interna para evitar otro asesinato

Mas d’Enric evalúa a los presos que quieran trabajar en cuatro niveles. El que se considere de riesgo muy alto quedará excluido de las cocinas

28 mayo 2024 18:27 | Actualizado a 28 mayo 2024 18:53

El Consell de Direcció del centro penitenciario de Mas d’Enric, la cárcel de Tarragona ubicada en El Catllar, aprobó este lunes 27 de mayo un nuevo procedimiento de gestión de la relación laboral especial penitenciaria y hoy martes ha entrado en vigor.

El documento aprobado es una normativa exlusiva de la cárcel de Tarragona con el objetivo de “mejorar” todo el procedimiento de solicitud laboral del interno, han explicado fuentes del Departament de Justícia. La nueva normativa pretende minimizar al máximo cualquier riesgo en materia de seguridad entre trabajadores del CIRE (Centro de Iniciativas para la Reiserción) e internos y evitar otra tragedia como la que ocurrió el pasado 13 de marzo con el asesinato de Núria López en las cocinas de Mas d’Enric.

$!La cárcel de Tarragona cambia la normativa interna para evitar otro asesinato

El Departament de Justícia admite que este cambio de normativa en Mas d’Enric entra en el contexto del asesinato ocurrido en las cocinas de la cárcel, pero remarca que no es una decisión motivada porque la anterior normativa de Mas d’Enric fuera equivocada.

Novedades

La primera diferencia de esta nueva normativa respecto a la anterior es la clasificación de los niveles de seguridad para acceder a un puesto de trabajo en la prisión. Hay cuatro niveles: riesgo muy alto, riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo.

En este sentido, un preso clasificado en el primer nivel (muy alto) no podría acceder a un puesto de trabajo en zonas del perímetro de la cárcel como son las cocinas, espacios de carga y descarga, la panadería, la cafetería externa, espacios de comunicación o tareas de mantenimiento.

Los puestos de alto riesgo, el segundo nivel de peligrosidad, incluyen otros puestos de cocina, lavandería, ingresos, polideportivo y tienda.

Los internos clasificados como riesgo medio podrían acceder a la mayoría de talleres que ofrece Mas d’Enric.

La nueva normativa aplicada está a disposición de sindicatos y asociaciones que trabajan en Mas d’Enric.

Una de ellas, Marea Blava, alerta que los talleres (nivel de riesgo bajo) están abiertos a presos que trabajarían con herramientas potencialmente peligrosas. Y éstas, en manos de internos con conductas agresivas, podrían causar riesgo.

El centro penitenciario ubicado en El Catllar tiene actualmente 860 internos

El Departament de Justicia ha explicado que esta nueva normativa aclara el itinerario que debe seguir cualquier interno del centro penitenciario de Mas d’Enric que quiera trabajar para el CIRE.

Así, primero la Unidad de Seguridad Interior elaborará el informe de seguridad, que evaluará el perfil del interno para determinar en qué puesto de trabajo puede trabajar según el riesgo.

El equipo multidisciplinario recibirá este informe preliminar y lo elevará a la Junta de Tratamiento, que hará una propuesta que el CIRE decidirá si acepta o no.

La asociación Marea Blava ha hecho una valoración positiva en general de esta nueva normativa, ya que considera que la anterior era mucho más laxa que las de otras prisiones. No obstante, solicita que se unifiquen todas las normativas sobre esta materia de todos los centros penitenciarios catalanes.

Desde el Departament de Justícia se asegura que se está trabajando en un documento para las otras cárceles de Catalunya (hay 9 incluyendo la de Tarragona) y que posiblemente este documento de Mas d’Enric sea base de las normativas que se actualizarán en el resto de centros penitenciarios.

Responsabilidad Civil

Marea Blava añade que la normativa debería incluir un apartado relacionado a la responsabilidad civil de las condenas de los internos. Estos, al trabajar en la cárcel, reciben un salario pero que no está obligatoriamente vinculado a la compensación económica de la sentencia a las víctimas.

Para Marea Blava, esta vinculación entre ingresos laborales y responsabilidad civil deberían reflejarse en la normativa para poder compensar el dolor de las víctimas y familiares.

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