La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha emitido un informe en el que responsabiliza a las obras que la Diputació de Tarragona está llevando a cabo en la carretera TP-2039, a su llegada a la Urbanització Parc de Llevant de El Catllar desde la A-7, de la inundación de las cuatro viviendas ubicadas al lado del Barranc de la Móra durante las lluvias del día de Santa Tecla. Las familias afectadas llevan defendiendo desde el primer día que la carretera provisional de dichos trabajos se levantó unos metros más de lo que estaba previsto en el proyecto, lo que provocó que la gran cantidad de agua que bajaba por el barranco no se evacuara debidamente y empezara a subir el nivel hasta inundar algunos de sus garajes y las primeras plantas de sus viviendas. Tras dos meses sin poder volver a sus casas y esperando alguna respuesta por parte de la Diputació, los vecinos ya disponen de un informe del arquitecto Xavier Climent, contratado por ellos mismos, que confirma que la elevación del paso alternativo unos metros más de lo que marcaba el proyecto fue la causante del desastre. Asimismo, han recibido también el informe del ACA que señala lo mismo. A todo esto, la Diputació de Tarragona, que asegura que asumirá la responsabilidad que le pertoque, defiende que debe acabar de estudiar y analizar su grado de culpabilidad en lo ocurrido.
Para recordar lo que sucedió ese día debemos remontarnos al pasado 23 de septiembre, día de Santa Tecla, cuando unas fuertes lluvias descargaron litros y litros de agua sobre el Camp de Tarragona, con especial incidencia en la capital y su entorno. Como consecuencia, el agua bajaba con mucha intensidad por el Barranc de la Móra, que discurre justamente a pocos metros de las viviendas afectadas ubicadas en la calle Rovira i Virgili de El Catllar, en frente de The British School of Costa Daurada.
Estos chalets, construidos a diferentes alturas, se fueron llenando de agua, desde algunos garajes hasta las primeras plantas, convirtiéndolos en inhabitables y con daños económicos y psicológicos muy elevados para las cuatro familias con hijos que pocos años antes habían sido los propios promotores de los inmuebles. Los primeros días posteriores tuvieron que alojarse en casas de familiares y, más tarde, encontraron viviendas de alquiler donde todavía están hospedados.
El caso es que las cuatro familias fueron conscientes de que las obras que la Diputació está ejecutando en la carretera que llega hasta la urbanización fueron las culpables de la inundación. Los trabajos consisten en la ampliación del puente que pasa por encima del barranco, y para ello se tuvo que construir una carretera provisional que pasa por al lado. Actualmente –como se ve en la foto– el paso provisional está a la altura que marca el proyecto, a 1,36 metros, y de esta forma el agua del barranco hubiera transcurrido su curso ese día de Santa Tecla, por las tuberías y por encima de la carretera, según el informe pericial. El caso es que ésta se levantó varios metros más de lo que marcaba el proyecto, hasta los 3,69, lo que convirtió el paso alternativo en una presa, las tuberías colapsaron y el nivel del pantano que se había formado empezó a subir hasta inundar las casas que se encuentran unos metros más allá al otro lado del puente.
Así lo explica Climent, el arquitecto que las familias afectadas contrataron para que estudiara lo ocurrido, que asegura que «se trata de un barranco muy plano, pero funciona, ha funcionado siempre. El problema es que una alteración superior a la prevista provocó los daños brutales que sufrieron las cuatro casas». El perito reconoce que su primera sospecha fue que se trataba de una zona inundable, «pero no, pues cuando se realizó el POUM de El Catllar pidieron los informes correspondientes a la ACA y el barranco es seguro en un periodo de retorno de 500 años».
Con los informes a su favor, los vecinos son más optimistas, aunque siguen sufriendo mucho
Climent destaca también que no se siguieran las directrices del proyecto: «La lástima es que una decisión errónea provocó la inundación», y piensa que «quizás decidieron hacer la carretera alternativa más alta para suavizar las pendientes para las bicis, supongo, porque para los coches no tiene sentido». Con todo, Climent asegura que, según los diferentes análisis que llevó a cabo, si se hubiera mantenido la altura de la vía provisional que tocaba el agua hubiera llegado a unos 60 centímetros por debajo de la puerta de la primera de las viviendas, y no habría entrado en ninguna de ellas.
A todo esto, el ACA mandó también un informe a los vecinos, en el que señala que, tras la visita del día 28 de septiembre, «se pudo deducir que la inundación de las cuatro viviendas no se había producido por el desbordamiento del cauce del Barranc de la Móra debido a su falta de capacidad, sino por la sobreelevación de la cota de la lámina de agua que posiblemente se habría producido por la existencia de un obstáculo en medio del cauce que hubiera hecho que inicialmente el caudal que discurría por ésta fuera perfectamente desaguado, pero en un momento dado el obstáculo mencionado provocara un embalse que provocó la subida de la cota de la lámina de agua hacia aguas arriba hasta provocar afectaciones a las viviendas situadas en la calle Rovira i Virgili del término municipal de El Catllar. Esta hipótesis se ha confirmado con la fotografía que ha presentado el peticionario, que demuestra que la cota del vial provisional es sensiblemente superior a la que debía haber sido y que, por tanto, es la causa principal de los daños que se han podido ocasionar».
Por su parte, la Diputació de Tarragona defiende que «es evidente que hacíamos unas obras, así como que las obras y la tipología de vado está autorizada por la ACA; que hubo lluvias muy excepcionales; y que la zona cuenta con unas características y urbanización sobre las que también estamos esperando información de otras administraciones». Por todo ello, el ente supramunicipal espera ver qué grado de responsabilidad tuvo en los hechos, y asegura que «como administración pública asumiremos la responsabilidad que nos corresponda». También destacan que «es un procedimiento complejo, con muchas partes implicadas, al que desde el primer momento le hemos dado prioridad, actuando con máxima celeridad».
Una prioridad que no han notado los vecinos afectados. Por un lado, lamentan que la Diputació no responde a la solicitud de provisión de fondos como medida cautelar para poder cubrir los gastos del alquiler. Y por otra parte, denuncian la «inhumanidad» de la administración al no haber hecho «ni un simple gesto» con las familias. Ahora están pendientes de poder reunirse con la presidenta, Noemí Llauradó, a la vez que, con los informes a favor, lo ven todo con más «positivismo», aunque saben que queda mucho camino por recorrer.
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