La Junta de Tratamiento del centro penitenciario Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), ha acordado este miércoles que la expresidenta del Parlament Carme Forcadell pueda salir tres días a la semana, entre semana, durante nueve horas.
Según han informado desde la Secretaría de Medidas Penales de la Conselleria de Justicia, la Junta le aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar el régimen penitenciario, si bien mantiene la clasificación de segundo grado, el ordinario.
Forcadell, condenada a 11 años y medio por el Tribunal Supremo (TS) por el proceso soberanista, podrá salir para hacer labores de voluntariado y para cuidar de un familiar de edad avanzada.
La decisión es de aplicación inmediata pero se tiene que comunicar al juzgado de vigilancia penitenciaria que, tras consultar el posicionamiento de la Fiscalía, puede ratificar o anular la aplicación del 100.2.
La resolución que el juzgado de vigilancia penitenciaria eventualmente dictara sobre Forcadell se podría recurrir en última instancia ante la Audiencia de Tarragona.
La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia ratificó a principios de enero el segundo grado penitenciario para Forcadell, así como para el resto de presos condenados por el TS por el 1-O.
Sànchez y Cuixart
La Junta de Tratamiento de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), también aprobó la semana pasada que el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, puedan salir por trabajo y voluntariado en aplicación del artículo 100.2.
En el caso de Sànchez, la Junta de Tratamiento le permitió 11 horas diarias en libertad tres días laborables a la semana para un programa de voluntariado, mientras que Cuixart podrá estar en libertad cinco días entre semana, durante nueve horas y media para ejercer un empleo y voluntariado.
Los dos ya han tenido permiso penitenciario ordinario de 48 horas al cumplir a mediados de enero una cuarta parte de la condena a nueve años de cárcel por sedición que les impuso el TS por el proceso soberanista.
Además, de ellos, el exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, condenado por el TS a 10 años y medio, solicitó a Lledoners la aplicación del 100.2, que le permitiría flexibilizar su régimen penitenciario, sin que ello suponga modificar su segundo grado.