La fiscalía ha retirado las peticiones de multas millonarias para los tres acusados del caso del Parc Central de Tarragona. En un principio, se pedían más de 2,4 millones de euros para el exconcejal Àngel Fernández por los delitos de tráfico de influencias y de prevaricación y 1,8 millones de euros para Juan Carretero y José Miguel Yubero en concepto de cooperadores necesarios del concurso medial de los mismos delitos. El ministerio público también retiró los cuatro meses de arresto mayor para Fernández y rebajó de ocho a dos años, tres meses y nueve días de inhabilitación para los tres. Durante la lectura de las conclusiones, que se ha realizado este miércoles en la Audiencia, las defensas han mantenido la petición de absolución. El juicio ha quedado visto por sentencia.
Durante la lectura de las conclusiones definitivas del caso del Parc Central, el fiscal anunció que retira las peticiones de multas millonarias para el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tarragona, Àngel Fernández, y para los otros dos acusados Juan Carretero -empleado de la empresa Típel, una de las filiales de las empresas de la familia Prenafeta- y José Miguel Yubero -trabajador del grupo Eroski y quien participó en la negociación de la compra de los terrenos-.
El ministerio público ha tomado la decisión en concepto de responsabilidad penal de dilación extraordinaria prevista en el artículo 21 del Código Penal actual y no el del 73, siendo éste más beneficioso para los acusados. Así, el fiscal ha retirado las multas de 2.406.000 euros para Fernández y de 1.800.000 euros para Carretero y Yubero y les ha rebajado la inhabilitación especial por trabajo o cargo público de los ocho años iniciales a dos años, tres meses y nueve días. Además, y en el caso del exconcejal, también se ha retirado la petición de cuatro meses de mayor arresto.
Por su parte, las defensas mantuvieron la inocencia de sus clientes y pidieron la absolución de las penas.
Tráfico de influencias y prevaricación
Fiscalía les acusa de un delito continuado de tráfico de influencias y de un delito continuado de prevaricación. Ahora bien, Fernández en concepto de autor y Carretero y Yubero como inductores o cooperadores necesarios del concurso medial de los delitos. Durante la lectura de las conclusiones definitivas, el fiscal defendió que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tarragona, o parte de éste, era «plenamente consciente» de la situación, la cual dejaba en superioridad mercantil al exalcalde de Reus, Miquel Colàs, y Lluís Carbonell frente a cualquier otro competidor en la compra de los terrenos.
Según ha subrayado en el escrito, ninguno de los dos «tenía la intención de realizar o explotar una gran superficie como negocio a gestionar después de su construcción». «Su finalidad era garantizar la titularidad de los llamados terrenos del gas con anterioridad a la recalificación de los terrenos para obtenerlos al mínimo coste posible» y, una vez hubiera aumentado su valor económico, «venderlos a otra sociedad interesada en la construcción y gestión de grandes superficies» con el fin de beneficiarse de la plusvalía obtenida en la modificación urbanística solicitada en el consistorio.
«El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tarragona, o parte de éste, era plenamente consciente de que las actuaciones realizadas por Carbonell y Colás comportaban la supresión del derecho a la libre competencia mediante la imposición de obligaciones no reguladas en la ley».
Nueve años de instrucción
El juicio por el caso del Parc Central arrancó a principios de septiembre en la Audiencia de Tarragona con cuatro de los ocho investigados sentados en el banquillo: Ángel Fernández, quien fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Tarragona (CIU); Juan Carretero, empleado de la empresa Típel -una de las filiales de las empresas de la familia Prenafeta-; José Miguel Yubero, trabajador del grupo Eroski –quien participó en la negociación de la compra de los terrenos, así como el abogado de Enric Llovet y del exalcalde de Reus y empresario, Miquel Colàs.
Llovet y Colàs quedaron excluidos del procedimiento. El primero porque el tribunal aceptó retirar su acusación de blanqueo de capital, y el segundo por cuestiones de salud por su avanzada edad. El resto de acusados -ocho en total- eran Isidoro Prenafeta, José María Vidal, Luis Valero y Luis Carbonell, quienes han muerto a lo largo de las últimas décadas.
Fiscalía empezó a investigar el caso de la venta de los terrenos y la construcción del Parc Central en 1994, sin embargo ese mismo año se archivó. Un año después, en 1995, se reabrieron la investigación, pero las diligencias no arrancaron de nuevo hasta marzo de 1997. La instrucción se cerró en el 2016 y la causa -con 30.000 folios- no se ha empezado a juzgar hasta el ninguno de 30 años.
