El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tarragona, Àngel Fernández, acusado en el caso del Parc Central, ha afirmado que “no tenía ningún interés” en la tramitación del centro comercial y ha destacado que las contraprestaciones acordadas en el convenio urbanístico con Erosmer Valencia permitieron la construcción de los dos puentes en la entrada a la ciudad y la reurbanización de esa zona. Este viernes también han declarado los otros dos investigados en la causa, José Miguel Yubero y Juan Carretero, quienes han negado tener conocimiento de los dos contratos entre diversas empresas de la trama por valor de más de 200 millones de pesetas por la intermediación en la compra de los terrenos del gas. Concretamente, Erosmer pagó a Pieles de España, y esta a Típel.
De los 8 investigados, solo se juzga a tres
El juicio por el caso del Parc Central comenzó a principios de septiembre en la Audiència de Tarragona con cuatro de los ocho investigados en el banquillo de los acusados. Entre ellos están Àngel Fernández, quien fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Tarragona (CIU), Juan Carretero, empleado de la empresa Típel -una de las filiales de las empresas de la familia Prenafeta- y José Miguel Yubero, trabajador del grupo Eroski -quien participó en la negociación para la compra de los terrenos donde se ubicó el Parc Central-, así como el abogado Enric Llovet y el exalcalde de Reus y empresario, Miquel Colàs, que fueron excluidos del procedimiento. Los otros acusados, Isidoro Prenafeta, José Maria Vidal, Luís Valero y Lluís Carbonell, han fallecido.
Petición del Ministerio Público
La Fiscalía acusa a Àngel Fernández de un delito continuado de tráfico de influencias y otro continuado de prevaricación, por los que solicita una pena de cuatro meses de arresto mayor, 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 2.406.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses en caso de impago, así como el pago de las costas procesales.
El Ministerio Público también acusa a Juan Carretero y José Miguel Yubero de tráfico de influencias -continuado- en calidad de inductores o cooperadores necesarios en el concurso medial de este delito. En su caso, se pide una pena de cuatro meses de arresto mayor, 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 1.800.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de cuatro meses en caso de impago y el pago de las costas procesales.
El exalcalde de Reus, Miquel Colàs, también estaba investigado inicialmente en la causa por un delito continuado de tráfico de influencias. Sin embargo, el tribunal lo excluyó provisionalmente del caso debido a su avanzada edad, que le impide afrontar el juicio en condiciones adecuadas.
Los magistrados también aceptaron la petición de la defensa de Enric Llobet en las cuestiones previas y le retiraron la acusación de blanqueo de capitales. El abogado se enfrentaba a una pena de cuatro meses de prisión y una multa de 360.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un mes en caso de impago y el pago de las costas procesales.
El próximo miércoles está prevista la última sesión del juicio, cuando el fiscal y las defensas presentarán sus informes y conclusiones finales, en los que posiblemente modifiquen sus peticiones iniciales.
