Ahora que Tarragona ya tiene aprobadas las normas urbanísticas transitorias, el Servei Municipal de l’Habitatge (Smhausa) ha reactivado el proyecto para construir viviendas de alquiler social en la Vall de l’Arrabassada. Será la primera promoción de estas características en la zona de Llevant, una acción que responde a la voluntad de crear un parque público de vivienda, que permita incidir en el precio de los alquileres «repartiendo juego» entre los diferentes distritos de la ciudad, para evitar la creación de guetos.
La promoción se pondrá en marcha en una de las fincas que la administración local tiene en la calle Joan Fuster, delante del CAP Llevant. Desde el Ayuntamiento ya se había iniciado la redacción del proyecto, según el cual podrían edificarse unos cuarenta pisos. Pese a ello, los trabajos «quedaron frenados con la caída del POUM», indica la edil cupaire. Ahora que la Comissió de Territori de Catalunya ya ha aprobado definitivamente las normas subsidiarias, Miguel asegura que «lo hemos reactivado» y al respecto asegura que «hace unas semanas solicité a los técnicos de Smhausa que acabasen el proyecto de edificación en uno de los solares».
En concreto, el Ayuntamiento tiene en esta zona dos parcelas, la número 21 y la 27 que en total suman una superficie de 4.000 metros cuadrados. El proyecto afectaría a la más pequeña, que ocupa 2.147 metros cuadrados. Según los primeros cálculos, la construcción de cada uno de los pisos está valorada en unos 100.000 euros, lo que elevaría la inversión necesaria por parte de la administración a más de cuatro millones de euros. Por este motivo, una de las posibilidades que se planteó desde Smhausa es que el Ayuntamiento pudiera vender la otra parcela, que es más grande (2.669 metros cuadrados), para sufragar los costes de construcción.
Sin embargo, desde Smhausa se están planteando diferentes alternativas para encontrar recursos adicionales, sin que la administración local tenga que desprenderse del segundo terreno. «Estamos estudiando diferentes fórmulas sobre cómo lo haremos», avanza Eva Miguel. Cuando las viviendas salgan al mercado, los inquilinos pagarán un alquiler que contribuirá a financiar la operación. No obstante, inicialmente el Ayuntamiento tendrá que avanzar este dinero, por lo que se están explorando diferentes mecanismos para poder afrontarlo. «Nuestra idea es quedarnos con los dos solares, empezando por construir en uno a partir de financiación que no pasa por la venta del otro», indica Miguel.
Los pisos se construirán en suelo público y se destinarán al alquiler social, lo que supone que la administración local no perderá su titularidad. Asimismo, esto representa que cuando salgan al mercado, el precio que pagarán los inquilinos será «asequible» y, por tanto, estará «por debajo de la media del mercado», por este motivo tendrán que cumplir una serie de requisitos.
El proyecto está en fase de redacción y «la idea es que antes de acabar esta legislatura este esté rodando». Es una obra grande que no podrá finalizarse en estos menos de dos años antes de que finalice el mandato. «Evidentemente no habrá finalizado la edificación ni mucho menos, pero queremos dejarlo encarrilado», añade Miguel.
La última promoción de vivienda social que se impulsó desde el organismo municipal fue el edificio de López Peláez, en el solar que ocupaba la antigua comandancia de la Guardia Civil. En este caso, eran treinta pisos, con 31 plazas de aparcamiento y dos locales comerciales, que empezaron a construirse en el año 2016, aunque la entrega de llaves no se hizo hasta inicios de este mismo año. Sin embargo, en este caso no eran viviendas de alquiler, sino en venta. El actual ejecutivo ha asegurado que en adelante, las nuevas promociones serán todas de cara al mercado del alquiler.
Más allá de cubrir la demanda que pueda generarse desde los servicios sociales, la concejal de Habitatge defiende que «es muy importante poder disponer de un parque público de vivienda, con unos precios justos, que de alguna forma entrará en competencia con los precios desorbitados del sector privado». Los alquileres se han disparado en Tarragona, lo que ha llevado a que la Generalitat haya declarado la ciudad como mercado tenso.