La Audiencia de Tarragona ha empezado a juzgar este martes 24 de septiembre a cuatro de los ocho acusados del caso del Parc Central, después de que el tribunal no haya aceptado el archivo solicitado por las defensas hace dos semanas.
Los primeros testigos explicaron que se constituyeron Mundo Brokers S.A, Capital i Patrimoni SA y Julomar SA y Samclada, relacionadas presuntamente con algunos de los investigados. «Las sociedades se hacían para venderlas», declaró uno de ellos, quien dijo que no recordaba su venta. «Joan Miquel Nadal, que yo sepa, no era socio de Capital i Patrimoni», apuntó. El fiscal rebatió con la prueba documental de que el exalcalde Nadal, conjuntamente con Sanromà, se vendieran las acciones. El juicio se ha iniciado 30 años después de los hechos.
En la primera sesión del juicio han declarado media docena de testigos, entre los que se encontraban los responsables de la constitución de algunas de las empresas investigadas en la causa, como Mundo Brokers SA. A preguntas del Ministerio Público, uno de los testigos ha detallado que creó la sociedad Capital i Patrimoni con compañeros de despacho. «Se creaban las sociedades para venderlas, cuando un cliente quería algo rápido ya tenía una sociedad constituida», ha declarado José Luis Fuentes, uno de los testigos. También ha afirmado que no sabía qué ganancias tenía y que se le cobraban unos honorarios a los clientes por estos servicios.
Este mismo testigo ha respondido que no conocía a Lluís Carbonell Figueras, Andreu Gaza y Joan Pere Pons y que tampoco recordaba a qué personas se habían vendido las acciones de la empresa Mundo Brokers S.A. «No eran clientes míos», aseveró. A su vez, ha explicado que las siglas de la compañía Samclada correspondían a los nombres de los hijos de uno de sus socios de despacho -París. En su declaración, el fiscal también le ha preguntado sobre el exalcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal (CIU) y su vínculo con Capital i Patrimoni. «Lo conozco de Tarragona de toda la vida, que yo sepa, no era socio», declaró. Sin embargo, el Ministerio Público ha mostrado las actas de venta de acciones de esta sociedad, en las que constaba el exalcalde.
Otro de los testigos también ha dicho que constituyó Mundo Brokers S.A. Según el fiscal, esta empresa recibió 120 millones de las antiguas pesetas de Cotinsa por la opción de compra de los conocidos como «terrenos del gas». «El precio estipulado por la compra de los terrenos rondaba los 850 millones de pesetas», recoge el escrito acusatorio de Fiscalía. Según el fiscal, Mundo Brokers se constituyó el 16 de octubre de 1987 y el accionista mayoritario era Capital i Patrimoni SA (48 acciones), que también era su administrador.
El juicio continuará este miércoles con las declaraciones de otros testigos. Entre los previstos, había uno de ellos que la Sala no ha conseguido localizarlo y otro que el fiscal ha renunciado a interrogarle por problemas de audición y memoria derivados de su adelantada edad.
Los investigados
En la causa están investigados ocho procesados, de los que tres han muerto ya. Se trata de dos empresarios e Isidoro Prenafeta. Los otros cuatro acusados son el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tarragona (CIU), Ángel Fernández y los empresarios Juan Carretero y José Miguel Yubero, quienes están investigados por ser autores o cooperadores de un delito continuado de tráfico de influencias. Mientras que el abogado Enric Llobet está acusado de un delito de blanqueo de capital.
En cuanto al exalcalde de Reus, Miquel Colàs, quedó excluido provisionalmente de ser juzgado por no encontrarse en las condiciones «adecuadas» por su avanzada edad, según se acordó en la vista de cuestiones previas, celebrada el 9 de septiembre.
La Fiscalía empezó a investigar el caso en 1994, aunque ese mismo año se archivó. En 1995, se reabrieron de nuevo las diligencias, pero hasta marzo de 1997 no arrancó la instrucción, que culminó en el 2016.
Peticiones de penas
El Ministerio Público solicita una pena de cuatro meses de arresto mayor, ocho años de inhabilitación especial por cargo público y una multa de 2.406.000 euros para el exconcejal de Urbanismo de Tarragona, Àngel Fernández. Para los empresarios Juan Carretero y José Miguel Yubero pide cuatro meses de arresto mayor, ocho años de inhabilitación especial por cargo público y multa de 1.800.000. Por último, por Enric Llobet, le hace la misma petición, pero con una multa de 360.000 euros. Fiscalía realiza estas peticiones de acuerdo con el Código Penal de 1973.