Ramon Espadaler Parcerisas (Sant Quirze de Basora, 1963) es licenciado en Geografia i Història. Ha sido teniente de alcalde en los ayuntamientos de su ciudad natal y de Vic, así como conseller de Medi Ambient –con Jordi Pujol– y de Interior –con Artur Mas–, además de diputado al Parlament. Desde el pasado 11 de agosto es el responsable de la conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica. En estos meses ha encarado la recta final del futuro Fòrum de al Justícia de Tarragona. En la entrevista concedida al Diari reconoce que este equipamiento necesario. También se compromete a estudiar si la demarcación tiene que tener su propio centro de menores –hay en todas menos en la de Tarragona– y analiza los cambios hechos en materia de prisiones tras el asesinato de la cocinera Núria López en el Centre Penitenciari de Mas d’Enric, en El Catllar, a manos de un interno.
En 1973 abrió sus puertas el Palau de Justícia de Tarragona. La ciudad lleva más de 25 años esperando un nuevo edificio. Mientras, el resto de capitales de demarcación tienen su edificio nuevo. ¿Es un agravio para Tarragona?
Es un déficit histórico y objetivo indudable. Afortunadamente, ahora ya estamos en la recta final. Y quizás esto lo hayan oído muchas veces los ciudadanos de Tarragona. Pero ahora tenemos una fecha límite que es el segundo semestre de 2028, cuando tiene que estar operativa la sede del Fòrum de la Justícia. Para llegar aquí, lo que hemos hecho es cerrar un acuerdo importante con todas las partes que de alguna forma tienen que ver con el Palau de Justícia para decidir el tramo final del proyecto. El Fòrum de la Justícia nace con el acuerdo de todas las partes y expresa el compromiso del Govern con Tarragona.
¿Qué se licitará el próximo año?
Nos proponemos licitar todo el proceso, lo que comportará unos 8-9 meses para decidir los proyectos que se vayan presentando para tener el definitivo, para licitar las obras a final de 2025, iniciar los trabajos en 2026 y disponer de 30 meses para tener la sede en el segundo semestre de 2028.
En su día se puso la primera piedra del nuevo Palau de Justícia donde ahora está El Corte Inglés y allí se quedó ¿Se pondrá la primera piedra cuando se comience a construir el edificio?
No, queremos que se ponga la última piedra
Desde su visión de conseller, ¿qué cree que ha ocurrido para que el proyecto se haya ido eternizando, quizás falta de voluntad política por alguna o algunas de las partes implicadas?
Sería injusto decir que yo con cuatro meses he solucionado un problema que es histórico. Si hemos podido tomar esta recta final antes de iniciar el proceso definitivo es porque había un proyecto anterior, que supongo que tuvo distintas dilaciones por la crisis o por las razones de fueran. A mí lo que me interesa es mirar hacia adelante. Se ha resuelto gracias a que alguien en su día hizo un proyecto, después alguien lo ajustó y lo modificó con participación de los técnicos. Y a nosotros nos corresponde la parte amable, que es el tramo final.
¿Será un edificio con eficiencia energética?
Todas las construcciones que está haciendo el Govern de la Generalitat responden a los criterios ambientales y de sostenibilidad. En este caso responde a otros criterios, como una mirada de género. El circuito para proteger a las víctimas que tienen que ir ante el juez, en casos por ejemplo de violencia de género, están muy bien pensados.
Otra aspecto importante. A partir del 1 de enero del próximo año, va a entrar en vigor la nueva ley orgánica de eficiencia del servicio público de justicia, que tiene una mirada distinta de imponer otro modelo. Y este edificio ya está pensado para adecuarse a este nuevo modelo de los tribunales de instancia.
«Hemos buscado que el nuevo edificio sea práctico, que tenga un acceso útil, con circuitos interiores que sean razonables»
Hace unas semanas estuvo en el actual Palacio de Justicia, donde habló con el presidente de la Audiencia Provincial y la fiscal jefe, entre otros. ¿Qué preocupaciones le transmitieron?
Fue una de las muchas reuniones que he tenido y que seguirán. El presidente de la Audiencia Provincial me manifestó su preocupación por la necesidad de disponer de un equipamiento en condiciones, que nos va a permitir ahorrar 1,3 millones de euros anuales en alquileres de distintas sedes. Me pidió celeridad en este sentido y poder participar en los detalles –que es lo que ha hecho–, de precisar pequeñas cosas y explicó cuál es el panorama de la Audiencia Provincial.
Ahora, en la fachada del edificio pone “Palau de Justícia”. ¿En la futura sede figurará “Fòrum de la Justícia”?
Sí. Tenemos diferentes denominaciones. Aquí será Fòrum porque enlaza con lo que es una ciudad romana por excelencia. A mí me parece magnífico que se denomine el Fòrum de Tarragona.
¿Cómo será ese nuevo edificio?
Lo que se ha buscado es que sea un edificio práctico, que tenga un acceso útil, con circuitos interiores que sean razonables. Y también que las salas de audiencia sean prácticas y respondan a la necesidad de lo que planteó el presidente de la Audiencia Provincial.
«El nuevo equipamiento dobla la superficie la suma de los edificios actuales. Se pasa de 19.000 metros cuadrados a 40.000»
El proyecto contempla 13.000 metros cuadrados más que todas las sedes judiciales actuales juntas. Pero aun así una de las preocupaciones es que el futuro edificio pueda quedar pequeño en pocos años, como ocurrió con el de Reus...
Aquí prácticamente se dobla la superficie actual. Se pasa de 19.000 metros cuadrados a 40.000. Con eso creo que hay espacio suficiente. Incluye también espacio para los forenses y el Registro Civil.
¿Falset también figura en los planes del departamento para realizar una nueva sede?
Falset requiere una reforma, es evidente. No he tenido ocasión de visitar el edificio, sí que lo ha hecho la directora de los Serveis Territorials. Es quizás uno de los edificios que requiere una modificación importante. Está en cantera poderlo solucionar.
¿Hay otros edificios judiciales en la demarcación que también necesitan mejoras o que se han quedado pequeños?
Siempre hay posibilidades de reforma. Los identificamos no solo desde los Serveis Territorials sino también desde la Audiencia Provincial, que va señalando no solo los déficits de infraestructuras sino también los de Juzgados.
¿Qué Juzgados se tendrían que crear de nuevos?
En El Vendrell tendría que haber dos Juzgados de lo Penal, para poder también descongestionar el futuro Fòrum de la Justícia. En Reus un Juzgado de lo Social, que se requiere por cargas de trabajo, y en Tarragona otro de lo Mercantil o de Primera Instancia.
Una de las primeras cuestiones que hicimos al llegar al Departament de Justícia fue rehabilitar un foro, que era el Observatori Català de la Justícia, que permite sentar en la misma mesa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Fiscalía, los operadores –procuradores, abogados, graduados sociales, etc– y añadimos los interlocutores más fundamentales, como son el Ministerio de Justicia –porque es quien dispone de las plazas de los jueces– y el Consejo General del Poder Judicial. Hasta ahora no habían sido invitados. Para mí, esto es un cambio importante de metodología de trabajo.
Hace una semana anunció la creación de más juzgados de lo Penal en Barcelona para luchar contra la multirreincidencia. Pero en Tarragona también existe el problema de los juicios rápidos que no lo son en absoluto. ¿También deberían crearse más juzgados?
Hay un reto importante en el tema del retraso, que es mucho más acuciante en la ciudad de Barcelona. Por ello, decidimos primero atacar el problema en la Ciudad Condal con un plan de choque y después tener una visión global de país. Porque no tendría sentido pensar solo en Barcelona. El país es mucho más complejo y dinámico, y se tienen que atacar todos los temas en cada circunscripción de acuerdo siempre con el criterio de los presidentes de las Audiencias Provinciales, que es quien tiene la medida junto con el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que cuenta con los datos precisos de las cargas de los Juzgados.
Precisamente, sobre esta falta de Juzgados y, por lo tanto, de un buen servicio, recordaba durante la rueda de prensa la carta que le mandó al principio del mandato el president Salvador Illa –todos los consellers recibieron una personalizada– para revertir la situación...
En la carta ponía la misión que tenía que tenía cada conseller. En mi caso, en lo referido a Justícia, me dijo que sería importante que los ciudadanos percibieran que reciben un servicio público de justicia, acorde con el esfuerzo fiscal que hacen. Y creo que esto no es así en este momento. Por lo tanto, tenemos que mejorar infraestructuras, recursos humanos y tecnología. En materia penal, estamos todavía en el ámbito del papel. Ahí hay mucho recorrido y tenemos que iniciar el camino hacia el papel 0.
Si los Presupuestos Generales del Estado no se aprueban y se tiene que ir a una prórroga de las cuentas, ¿se pueden crear nuevos órganos judiciales?
Hemos creado órganos este año en Barcelona, con Juzgados de refuerzo. Creo que habrá presupuestos nuevos y, si no los hubiera, es posible en la prórroga presupuestaria hacer el decreto ley por el cual el Consejo de Ministros habilita y crea plazas. Creo que esto es posible.
Usted también comentaba en alguna entrevista que no es sólo problema de carencia de Juzgados sino de jueces que se queden a trabajar. ¿Cómo se puede solucionar?
De varias formas. Lo que vamos a hacer el próximo año es renovar el convenio con el Consejo General del Poder Judicial para que la Escuela Judicial siga teniendo una única sede en Barcelona. Esto ayuda también a la comprensión de la diversidad. Otra línea que vamos a incentivar es ofrecer becas a estudiantes de aquí que quieran emprender la carrera judicial o fiscal. Es difícil para una persona hacer una carrera y después estar opositando durante dos o cuatro años. Queremos que los recursos económicos no sean un impedimento a las carreras profesionales.
Otros métodos son que los jueces se sientan bien acogidos en Catalunya. Lo que no podremos evitar es que cada cual desarrolle se acerque a su territorio de origen.
Tarragona es la única demarcación catalana que carece de un centro de menores. ¿No es un agravio más?
Por ahora, Tarragona tiene un director general en el ámbito de menores –Jesús María del Cacho– que es un juez que conoce muy bien la problemática y, además es una persona que ha recibido felicitaciones de todo el arco parlamentario por su designación. Es un juez de menores que ha ejercido durante años en Tarragona, que ha sido profesor en la Universitat Rovira i Virgili. Por ponerlo en boca de un diputado de la oposición, ‘hay muchos jóvenes en Tarragona que le deben a este señor haberles dado una segunda oportunidad’.
Vamos a trabajar para que haya también equipamientos en este ámbito. Es una realidad objetiva que, además, impacta sobre los adolescentes y menores que tienen que desplazarse a centros de otras provincias. Lo tenemos en cartera par analizarlo y profundizarlo, y dar alguna respuesta.
En su día, la consellería ya tenía incluso la ubicación para levantar el centro, en la autovía de Bellissens. ¿Ve factible tener un centro de menores en Tarragona?
Es factible sí, y necesario también. Pero vamos por partes. Afrontaremos también el tema de menores en Tarragona.
«El no tener un centro de menores es una realidad objetiva, que impacta sobre los adolescentes que tienen que irse a otras provincias»
El pasado lunes –y el martes lo aprobaba el Consell Executiu– presentó el anteproyecto de ley de Memòria Democrática. Han pasado casi 50 años de la muerte de Franco. ¿Aún queda mucho por recorrer, que las familias tengan acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación?
El proyecto de ley es el mismo que realizó el anterior gobierno, que tramitó el Parlament, que superó el trámite de enmiendas a la totalidad, con un apoyo amplio, y estaba en la recta final. Si hubiera habido un mes más de legislatura, sería una ley vigente. Era uno de los compromiso contraídos en los acuerdos para la investidura del presidente Illa, tanto con ERC como con Comuns.
El texto se estructura en tres partes, que son las que dan sentido: la verdad, con investigación, aclaración y tener conocimiento; la justicia, para con las víctimas; y la reparación en la medida de lo posible. Y todo ello orientado a la no repetición.
Creo que la Memoria Histórica tiene sentido para que las generaciones jóvenes sean conscientes del valor de la democracia, de la convivencia, de la libertad. Esta semana, Angela Merkel presentaba en Barcelona sus memorias, que se titulan precisamente Libertad. Hacía una reflexión dirigida a la gente más joven, donde decía que la libertad no nos viene dada, hay que cultivarla, trabajarla y defenderla.
El monumento a la batalla del Ebro algunos eran partidarios de dejarlo como está, al igual que se hizo con el Poble Vell de Corbera...
La ley no hace una referencia explícita al monumento, sino una de genérica a la retirada de los símbolos franquistas. En el caso concreto de Tortosa, es un monumento que está en un contencioso, por lo tanto pendiente de la resolución del juez. Algunas voces han afirmado que algunos grupos parlamentarios quieren enmendar la ley para incorporar la retirada de este monumento. Lo que le puedo decir es que el Govern va a cumplir con la ley que emane del Parlament de Catalunya.
¿Cree que dos años será suficiente para retirar toda la simbología franquista?
Creo sinceramente que sí.
Las prisiones catalanas, y especialmente la de Mas d’Enric, sufrieron un inicio de año muy conflictivo. ¿Era evitable la muerte Núria, la cocinera del centro penitenciario?
Sería injusto por mi parte decir si lo era o no, porque no soy quien para decirlo. Conocí las circunstancias a posteriori. Lo que sí puedo decir es lo que hemos hecho. En primer lugar contactamos con la familia de Núria y le rendimos un homenaje el día de las instituciones penitenciarias, por las fiestas de la Mercè. Era un acto que se hizo en el momento posible, no tenía mucho sentido hacerlo antes.
A partir de ahí, lo que estamos haciendo es muy importante: cumplir los acuerdos sindicales a los que se llegaron en los momentos posteriores al asesinado de Núria. Es también una forma de honrar su memoria. El eje central de nuestra actuación va a ser la formación inicial, mucho más completa, y continuada de todo el personal de prisiones. Y también dar seguridad a los servidores público.
¿Se deberían haber asumido responsabilidades políticas?
No lo sé. Para mí esto es una historia que la viví desde el ámbito parlamentario. Ha habido elecciones, ha habido un nuevo gobierno, hay que mirar hacia adelante, corregir las cosas que no se hicieron bien. Una crisis de este calibre, que jamás en Catalunya ni en España había habido un asesinato en prisiones, lo que sí nos interpela a nosotros es revisar aspectos, en algunas circulares y formatos, para mejorar. No soy quien para juzgar lo que se hizo. De cara el futuro habrá una apuesta tecnológica en pro de la seguridad.
Su departamento cambió el protocolo, para que los condenados por delitos violentos o con resultado de muerte no puedan estar en la cocina, talleres, la panadería, las tiendas o lavandería. ¿Es una manera de decir que el protocolo vigente cuando murió Núria estaba mal hecho?
Nosotros hemos creído que era más eficiente, más justo y aconsejable, que los presos con delitos con armas blancas y de sangre, no puedan trabajar en las cocinas, donde hay utensilios que pueden ser peligrosos en este sentido. Y es un ajuste fino y que no todo el mundo ha compartido. Se va aplicando centro por centro para dar más seguridad, que es de lo que se trata.
Si sigue el ritmo de ingresos en las cárceles, ¿es posible que pronto la de Mas d’Enric quede saturada?
En global no está creciendo exageradamente el número de internos, al contrario. Si miramos una perspectiva larga en el tiempo hay bastantes menos internos de los que había hace una década. Tenemos la obligación de calibrar diferentes opciones de futuro para evitar escenarios como que no tuviéramos capacidad. No estamos en este punto. Por lo tanto, es un buen momento para analizar nuestras capacidades de futuro.