El juez que instruye el caso Inipro, de presunto desvío de fondos del Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSS) en el PSC, ha denegado la personación del Ayuntamiento de Tarragona como acusación particular.
El juez, según la documentación a la que ha tenido acceso Efe, deniega la personación del Ayuntamiento de Tarragona por extemporánea, en presentarla en un momento procesal posterior a la calificación del delito. Además, el magistrado considera que el perjudicado es el IMSS y no el ayuntamiento, tal y como habían alegado varias defensas de los nueve acusados. "Deberá rechazarse tal personación sin que en ningún caso deba entenderse que vulnera la tutela judicial efectiva", concluye el juez, en una resolución que no es firme.
Se da la circunstancia de que el ayuntamiento es la parte que más testigos proponía, con unos 60, entre ellos el ex subdelegado del Gobierno, Josep Maria Abelló, varios agentes de la Guardia Civil que practicaron los registros y un auditor de cuentas de el Estado.
La CUP es la denunciante del caso por el que están imputados el ex alcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros, varios concejales socialistas, cargos relacionados con este partido, directivos de la empresa Inipro y el PSC como partícipe a título lucrativo. La fiscalía considera que los políticos cometieron prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil.
Desde el 2013, se investiga el presunto desvío de 276.000 euros del IMSS al PSC a través de una empresa presuntamente afín a este partido, Iniciatives i Programes (Inipro).
Inipro fue contratada en un procedimiento negociado y sin publicidad para fomentar el asociacionismo entre la población inmigrante pero, en vez de volver a licitar el servicio una vez finalizado el período comprendido, el contrato se prorrogó sin certificar los trabajos realizados. La instrucción de la pieza principal está cerrada, aunque el juzgado de instrucción número 1 sigue investigando, en una pieza separada y secreta, presuntas ramificaciones del caso en otros municipios socialistas en el que también se contrató Inipro