Los ya casi cinco meses que la Generalitat de Catalunya lleva intervenida por parte del Gobierno Central, junto con la aplicación del artículo 155 de la Constitución desde finales del pasado mes de octubre, ha provocado que el Govern funcione a medio gas desde hace más de cien días.
Así lo pone de manifiesto el informe Inventari de Danys, elaborado por parte de funcionarios de la administración autonómica, que en el caso de la demarcación de Tarragona pone de relieve el frenazo que han sufrido las inversiones previstas en parques eólicos de la Terra Alta, así como los 700.000 euros previstos para la ampliación de plazas para residencias sociales del Camp de Tarragona.
En el documento elaborado por parte de los trabajadores de la Generalitat se indica, en el apartado de subvenciones paralizadas, «la afectación a las ayudas para reducir la contaminación lumínica de los parques eólicos de la Terra Alta».
Fuentes de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat confirman que la situación que vive la Generalitat ha perjudicado estas inversiones, que ascienden a casi 53.000 euros.
En concreto, los planes del Govern eran los realizar una convocatoria a lo largo de 2017 para reducir la contaminación lumínica del parque situado en Corbera d’Ebre.
Este proyecto, que no se ha podido llevar a cabo por la falta financiación decretada por parte del Gobierno Central, consiste en la sustitución de la señalización en 18 aerogeneradores para reducir el impacto ambiental que tiene esta iluminación en el entorno, que ha sido motivo de quejas y denuncias a lo largo de los últimos años.
La iniciativa pretende cambiar la señalización con balizas que emiten luz blanca o roja intermitente por otra de roja fija, también aceptada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y que tiene un impacto menos agresivo.
Esta acción quería ampliarse a nivel de Catalunya en los parques de El Segrià, Les Garrigues y la Ribera d’Ebre, además de la Terra AltaLas mejoras contaban con una subvención pública del 40%, siendo la partida total de unos 200.000 euros. Fuentes del Govern indican que la corporación autonómica está trabajando para sacar una convocatoria similar «para este año», si bien ésta restará sujeta a la aprobación por parte del Estado.
700.000 euros en plazas públicas
También el apartado de subvenciones afectadas en el Camp de Tarragona del informe Inventari de Danys aparece la «no ejecución de la previsión de plazas para gente mayor, personas con discapacidad, con enfermedades mentales y atención precoz con financiación pública por valor de 700.000 euros».
En concreto, el pasado mes de octubre se presentó el incremento previsto para 2018 para dotar el Camp de Tarragona con 159 nuevas plazas de para gente mayor en residencias, centros de día y otros servicios sociales.
Fuentes de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies reconocen que, con el 155, la tramitación administrativa «es más lenta», pero remarcan que es una inversión que «no está paralizada» y que esperan que se pueda desencallar «en pocas semanas».
Pese a ello, su ejecución ya ha sufrido un retraso respecto al calendario previsto inicialmente
Está previsto que las plazas públicas para gente mayor pasen de 2.759 a 2.868, mientras que las de personas con discapacidad aumentan de 953 a 975 y las de personas con enfermedades mentales ascienden a 75, cuando ahora son 47.
El ICIQ, también
En el informe, los trabajadores de la Generalitat citan que hay organismos de Tarragona que se han visto «alterados». Uno de los que citan es la Fundació del Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), ya que su representante era el conseller de Recerca i Coneixement, Santi Vila, quien dimitió el 26 de octubre, un día antes de que el Estado cesara a todo el Govern.
Fuentes de la Conselleria reconocen que «es cierto que en los lugares donde teníamos representación no lo hemos sustituido», una circunstancia que «en algunos casos paraliza la actividad, como el ICIQ».
Otro caso que cita el informe es el Consorci Recreatiu i Turístic (CRT). Sin embargo, fuentes de Vicepresidència aseguran que el encarcelamiento de Oriol Junqueras (ERC) no afecta, ya que el líder republicano había delegado en el secretario de Hisenda, Albert Castellanos, quien aún sigue en el cargo.
