Tarragona cerró el año 2022 con 10.614 viviendas nuevas sin comprar. Son muchas. La mayoría de ellas fueron construidas durante los tiempos del furor inmobiliario de comienzos de siglo. Este dato representa el 1,97% del parque provincial, unos datos que se recogen del stock de vivienda nueva sin vender que publica cada año el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Esto números mejoran los del año 2021 (11.351 viviendas nuevas sin comprar), pero lo cierto es que la cifra sigue siendo elevada. Además, los números reflejan que Tarragona no es una demarcación aislada en esta problemática. Afecta a muchas provincias y al Estado en general.
Según releva el Informe del Ministerio, «combinando la información de los porcentajes del stock sobre el stock nacional y sobre el parque de viviendas, se observa que comunidades como la Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla La Mancha cuentan con un elevado porcentaje de stock de viviendas, tanto sobre el stock nacional como sobre sus parques de viviendas». A lo que añade ya de manera más particular en una clasificación en la que no está Tarragona: «Se sitúan entre las zonas con mayor stock sobre el parque de viviendas algunas provincias de interior como Toledo, La Rioja, Ciudad Real, Lleida y Teruel. Otras de la costa mediterránea como Castellón, Almería, Girona y Alicante, además de Santa Cruz de Tenerife».
¿Por qué se da esta situación en una demarcación que en muchos puntos no satisface la demanda con la oferta ofrecida?
Está claro que muchas de estas viviendas pertenecen a la burbuja inmobiliaria en la que se construyó sin freno. Muchas de estos inmuebles hoy en día no satisfacen al comprador sobre todo porque su ubicación no genera interés ni para vivir ni para comprar con intención de alquilar y sacar beneficios.
Para Sergio Nasarre, Catedrático de Derecho Civil y Fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda, hay diversos puntos clave para que nos encontremos con una cifra tan elevada de pisos nuevos sin vender. Lo primero que cree que ha pasado factura es el espacio en el que han sido construidas estas viviendas y así lo explica: «Se construyó en sitios donde la gente no tiene nada que hacer. Allí no hay trabajo. Hay una falta de política territorial equilibrada. Las pocas oportunidades laborales se han creado en las grandes ciudades y eso ha provocado la desertificación del mundo rural».
La nueva ley de la vivienda no ayuda
Estos lugares pertenecen sobre todo a puntos del Delta, de la costa y del interior de la provincia de Tarragona. Lugares en los que nunca hubo una demanda excesiva y en los que los promotores intentaron encontrar un terreno para el beneficio sin conseguirlo en muchas ocasiones. Algo que ni mucho menos sucede en municipios como Tarragona ciudad, Reus u otros muchos puntos de la demarcación en la que el problema no es todo lo contrario, se ansía vivienda nueva.
Pero hay otro aspecto que está haciendo mella en los propietarios y sus intenciones de venta o alquiler y no es otro que el marco jurídico inmobiliario. Los cambios son constantes y la nueva Ley de la Vivienda parece haber generado todavía mayor incertidumbre entre ellos: «El entorno legal es muy complicado y los riesgos e impuestos que asumen provocan que muchos propietarios o promotoras prefieran perder dinero».
Se construyó en sitios donde la gente no tiene nada que hacer. Allí no hay trabajo. Hay una falta de política territorial equilibrada
No obstante, Nasarre critica a los promotores que en estos momentos tienen las viviendas vacías sin vender ni alquilar, o lo que es lo mismo, en un terreno intrascendente que desde el punto de vista económico no parece la mejor solución para ellos: «Es una decisión irracional. Si la vivienda está en condiciones de ser alquilada o vendida no tiene mucho sentido tenerla vacía. ¿Quién deja perder esas cantidades de dinero?».
No obstante, el catedrático también cree que el marco jurídico no facilita las cosas sobre todo a nivel del posible alquiler de estas viviendas vacías: «Hay una inseguridad jurídica muy creciente. Las reglas de la compra-venta son las mismas desde hace muchos años y los alquileres han cambiado en cinco o seis veces y eso crea una situación totalmente insegura». La nueva ley de vivienda permite a los ayuntamientos aumentar el IBI a aquellos que tengan sus inmuebles sin habitar. El recargo del impuesto será del 50% según varias condiciones, aunque podría llegar hasta el 100%.
Según la ley, «tendrá la consideración de inmueble desocupado con carácter permanente aquel que permanezca desocupado, de forma continuada y sin causa justificada, por un plazo superior a dos años, conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimiento que establezca la ordenanza fiscal, y pertenezcan a titulares de cuatro o más inmuebles de uso residencial».
Precisamente la nueva Ley de la Vivienda tiene decidido castigar a los propietarios e inmobiliarias que tengan sus pisos vacíos ya sean nuevos o de segunda mano.