GBI Paprec va a por todas. La ganadora del concurso público para gestionar el nuevo contrato de la basura de Tarragona, valorado en 233 millones de euros por diez años, pide de nuevo al juez –ahora, al Contencioso-Administrativo de Tarragona– que dicte medidas cautelares para anular el acuerdo del pleno del Ayuntamiento del pasado 21 de junio del 2024 que la excluyó del proceso y, paralelamente, aprobó iniciar los trámites para adjudicar el servicio a la segunda clasificada, Urbaser, que es la firma que llevó el caso ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Así se indica en la demanda que los representantes de la firma francesa registraron este pasado martes ante el Juzgado Contencioso–Administrativo de Tarragona contra la decisión municipal de aplicar «erróneamente» la polémica resolución del tribunal administrativo que ha dinamitado y bloqueado sine die la renovación del mayor contrato del consistorio, que no se actualiza desde 2002: hace ya 23 años. Este organismo, dependiente de la Generalitat de Catalunya, acordó el pasado mes de junio eliminar a GBI Paprec del concurso, al entender que la oferta de la empresa habría vulnerado el pliego de condiciones de la licitación pública. El tribunal entiende que, por una parte, la propuesta de la sociedad gala incumple las exigencias en lo referente a la brigada de control de vegetación espontánea, así como en el hecho de que no se preveía un taller específico para la maquinaria del contrato de Tarragona, sino que el mantenimiento y las reparaciones se llevarían a cabo en un taller de un concesionario oficial externo.
A raíz de esta decisión, los servicios jurídicos del consistorio entendieron que, con la eliminación de Paprec, debía adjudicarse el contrato a la segunda clasificada, Urbaser. Pese a ello, un recurso de Paprec presentado en julio ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el que solicitaba la medida cautelar de anular su eliminación paralizó la adjudicación.
Cautelares por doble vía
Finalmente, el pasado 7 de febrero el alto tribunal catalán desestimó aplicar la medida cautelar, si bien no se mojaba sobre el fondo del asunto. De hecho, inicialmente GBI Paprec demandó ante el TSJC tanto la resolución del tribunal administrativo como el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Tarragona que la expulsaba.
El alto tribunal, sin embargo, pidió a la empresa que separara ambos casos, de forma que la demanda contra el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic se registrara ante el propio TSJC, mientras que la que pretende anular el acuerdo del Saló de Plens –que ejecutaba la decisión del tribunal administrativo– se cursara ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de Tarragona.
Con la medida cautelar del TSJC rechazada, el 21 de febrero GBI Paprec registró su recurso de fondo en el Tribunal Superior de Justícia para anular la resolución del organismo de contratos del sector público, mientras que la referente al pleno del Ayuntamiento, presentada en el juzgado tarraconense, se selló este pasado martes, 11 de marzo.
Cabe destacar que, en este segundo caso, Paprec presenta de nuevo ante el juez de Tarragona la petición que hace semanas fue rechazada por el TSJC, como es la aplicación de la medida cautelar para anular de entrada su exclusión del 21 de junio del 2024 que provocó que se iniciaran los trámites para contratar a Urbaser.
GBI Paprec anuncia que impugnará la posible adjudicación a la segunda del concurso
Según Paprec, la urgencia de la decisión se debe al hecho de que en caso de que el acuerdo del Ayuntamiento se aplicara, «se estarían vulnerando los principios básicos de la contratación pública y, en concreto, los principios de libertad de acceso a las licitaciones públicas», a la vez de que si no se aplicaran las medidas cautelares «se provocarían unos daños de difícil o imposible reparación».
«Adjudicar sería ilegal»
Las fuentes consultadas por este periódico indican que, en el escrito presentado ante el Contencioso-Administrativo, la empresa francesa solicita al magistrado que se declare «la ilegalidad» del acuerdo del pleno por el que se interpretaba «de manera libre» que, para aplicar la resolución que expulsaba a la compañía ganadora, debía adjudicarse el contrato a la segunda clasificada: Urbaser.
En el documento que ya está en manos del juez de Tarragona, Paprec recuerda que en la resolución del tribunal administrativo de hace nueve meses el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic apuntaba que, aparte de GBI Paprec, las otras dos empresas licitadoras –Urbaser y FCC– también incumplían los pliegos, por lo que también debían ser expulsadas. De hecho, en el escrito, el tribunal criticó el «modo de operar» del Ayuntamiento, acusando a los técnicos municipales de «no ajustarse a derecho» en su gestión.
De hecho, la firma francesa acusa al Ayuntamiento de Tarragona de «situarse al margen de la legalidad» en su iniciativa por adjudicar el contrato a la segunda clasificada, ya que, en caso de hacerlo, «adjudicaría el servicio a una empresa que, de acuerdo con la propia resolución del tribunal administrativo, también ha incumplido los pliegos en los mismo términos que Paprec», pero que no fue expulsada del proceso «por una simple cuestión procesal», ya que fue esta la firma que presentó el recurso, por lo que no podía verse perjudicada.
Ante la posibilidad de que el consistorio siga en el futuro adelante con su idea de contratar la basura y la limpieza a Urbaser, Paprec alerta de que «al ser una decisión ilegal», la posible contratación de la segunda clasificada «será impugnada» por la ganadora expulsada del concurso, en lo que supondría una nueva vuelta al laberinto de la historia interminable que está viviendo la renovación del contrato de la basura de Tarragona.
La situación que vive el contrato de la basura, con el contrato expirado desde abril del 2023 tras haberse firmado en 2002 y ampliado en 2010, comporta que no pueda ejecutarse la renovación de la maquinaria prevista en las condiciones del concurso público, por valor de 20 millones de euros.
De hecho, en un peritaje realizado a finales del 2021 que forma parte del anexo de los concursos públicos realizados entre 2022 y 2024, los técnicos municipales detallaron la existencia de 81 vehículos de la flota que ya tenían «la vida útil agotada».
Según las fuentes consultadas, la vida media de un camión o furgoneta del servicio de la basura o de la limpieza es de unos diez años, o de ocho si es eléctrico.
